*Exigen revisión de la Suprema Corte.
/ Darío Pale /
01.12.2025 Xalapa, Ver.- Integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) y el equipo jurídico que lleva la defensa de Eugenio Bustos Navarro ofrecieron una conferencia de prensa para informar que este lunes fue presentado un amparo directo ante el Poder Judicial de la Federación, con el objetivo de revertir la sentencia de 20 años de prisión dictada en su contra.
Los abogados del caso, Sandino Rivero y Leonel Rivero, explicaron que Bustos Navarro, reconocido defensor de derechos humanos incluso por instancias de Naciones Unidas, permanece preso desde hace cuatro años y siete meses en el reclusorio de Coatzacoalcos, pese a que —aseguran— no existe prueba suficiente para acreditar el delito de homicidio por el cual fue condenado.
Detención basada en hechos de 2008
El abogado Sandino Rivero recordó que Eugenio Bustos fue detenido en mayo de 2021 por hechos ocurridos en 2008, durante el sexenio de Felipe Calderón, y señaló que la investigación fue fabricada por la entonces Procuraduría General de la República (PGR).
Detalló que la víctima era un militar en activo, infiltrado en la organización social a la que pertenece Bustos Navarro, situación que fue reconocida por la propia Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en oficios remitidos a la averiguación previa.
Rivero añadió que el presidente de la Fiscalía General de la República también confirmó que el militar fallecido operaba como agente encubierto dentro del FNLS.
Piden interpretación de la figura del agente encubierto
Uno de los puntos centrales del amparo es solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que atraiga el caso y realice por primera vez una interpretación constitucional de la figura del agente encubierto, especialmente cuando se trata de infiltraciones a organizaciones sociales defensoras de derechos humanos.
El abogado resaltó que la ley de Seguridad Nacional no establece facultades explícitas para que el Ejército infiltre movimientos sociales, y que la ausencia de una regulación clara viola derechos fundamentales.
Militares infiltrados y precedentes delicados
Por su parte, el abogado Leonel Rivero explicó que, de acuerdo con los manuales de inteligencia del Ejército, las operaciones de infiltración se dirigen al “enemigo”, lo cual implica que las organizaciones sociales están siendo tratadas como tales.
Recordó que este caso no es aislado y citó el precedente de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, entre los cuales también se confirmó la presencia de un militar infiltrado.
Rivero insistió en que la Corte debe pronunciarse sobre si las Fuerzas Armadas pueden infiltrar organizaciones sin control judicial y analizar la legalidad de estas prácticas.
El proceso jurídico
El amparo directo recién presentado deberá ser enviado en un plazo de cinco días a uno de los dos tribunales colegiados de circuito con sede en Boca del Río. Dichos tribunales podrán, de oficio, solicitar que la Suprema Corte atraiga el caso, o la propia Corte podrá hacerlo.
Los abogados afirmaron que continuarán impulsando la atracción para que el tema sea revisado a fondo y se establezcan criterios que protejan a las organizaciones sociales ante este tipo de prácticas militares, además de buscar la libertad de Eugenio Bustos Navarro.
Algunos de sus compañeros se trasladaron a la avenida Lázaro Cárdenas para bloquear un carril frente Tribunal Superior de Jusficia del Estado de Veracruz (TSJEV), como medida de presión.
En la conferencia también estuvo presente el abogado Damián Martínez, integrante del equipo legal que da seguimiento al caso.
