- Un equipo interdisciplinario analizó la Lista Apresa, que contiene 183 nombres de personas detenidas-desaparecidas entre 1972 y 1974, y posibles víctimas de los vuelos de la muerte. Los resultados de su investigación fueron publicados en un periódico mural que se presentó en Atoyac y Chilpancingo, donde los asistentes reclamaron justicia y la reparación del daño, y aportaron nueva información.
Por Marcos Nucamendi para A dónde van los desaparecidos
“Sabemos que por parte del Estado nunca se va a descubrir la verdad, lo que realmente sucedió, porque ellos mismos se están protegiendo”, advirtió Enrique Acosta Gómez, quien tenía 12 años cuando, el 14 de agosto de 1974, su padre, el campesino Macario Acosta Serafín, fue desaparecido por elementos del Ejército al regresar de la milpa. Lo último que supo su familia, por un soldado de bajo rango, fue que a Macario lo torturaron y asesinaron, y su cuerpo fue arrojado al mar en uno de los vuelos de la muerte a los ocho días de su detención.
El sábado 19 de julio, poco antes del mediodía, en medio de un calor agobiante, Acosta Gómez, junto con un centenar de personas, se dieron cita en el Salón México de Atoyac de Álvarez, Guerrero, un espacio comúnmente reservado para fiestas o reuniones. La mayoría eran adultos mayores —ya en sus sesenta o setenta— que habían vivido de cerca la represión que el Estado mexicano ejerció sobre esta región del país —y sus familias— durante la llamada “guerra sucia”.
A cada asistente se le entregó un ejemplar de La Lista Apresa y los vuelos de la muerte, un periódico mural, desplegable, que contiene los resultados de una investigación independiente —realizada por la periodista Marcela Turati y los historiadores Lucero San Vicente, Javier Yankelevich y Camilo Vicente Ovalle— sobre una lista con los nombres de 183 personas detenidas-desaparecidas entre 1972 y 1974, cuyo paradero aún se desconoce. Casi un 90 por ciento de las personas que figuran en el documento son originarias de Guerrero, y más de la mitad del municipio de Atoyac.
La lista permaneció 20 años en el archivo del Comité ¡Eureka! antes de que la dieran a conocer A dónde van los desaparecidos y Quinto Elemento Lab en agosto de 2024; iba acompañada de una carta firmada por alguien que se presentaba como Benjamín Apresa, desertor del Ejército. Aseguraba haber trabajado en la Base Aérea Militar No. 7 de Pie de la Cuesta, en Acapulco, y que las Fuerzas Armadas habían lanzado al mar en 25 viajes, desde un avión Arava, a las personas registradas en el documento.
De las 183 víctimas —174 hombres, entre ellos Macario, y nueve mujeres— incluidas en la lista, 164 fueron desaparecidas en 1974, año en que se recrudeció la represión contra el Partido de los Pobres (PdlP) del profesor Lucio Cabañas, después de que sus integrantes secuestraran al senador y candidato a la gubernatura Rubén Figueroa Figueroa.
“Nosotros ya lo sabemos, todos los que estamos aquí, sobre todo los familiares que tienen desaparecidos en los vuelos de la muerte”, dijo Manuel Abelardo Rivera Domínguez, exmilitante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) de Carmelo Cortés Castro, una de las organizaciones político-militares que tuvieron presencia en la entidad junto al PdlP y la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR) del maestro Genaro Vázquez Rojas. Su hermano, Leandro Gutiérrez Rivera, fue desaparecido en 1976 durante una acción guerrillera.
Entre quienes asistieron al Salón México se escuchó muchas veces la petición de justicia y de reparación del daño. Algunos de los presentes consultaban el ejemplar que acababan de recibir para estudiarlo; varios decían que esa información se conocía en Atoyac desde los tiempos de la llamada “guerra sucia”.
Hasta donde el equipo pudo indagar, se dijo, la lista es auténtica. Se trata de una fotocopia de un documento oficial que incluye fechas y lugares de detención, nombres, seudónimos, y unidades militares o policiales responsables de la captura. Fue escrito con una máquina Olivetti Diaspron 82 —probablemente en 1975—, modelo que era utilizado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en aquella época. La tipografía y la manera en que se registraron los datos coincide con su manual de estilo y con otros documentos producidos por la dependencia esos años, y la información que contiene es consistente con otras fuentes, como denuncias, documentos de inteligencia y testimonios de sobrevivientes.
En su investigación pudieron confirmar que los nombres de la lista son de militantes de organizaciones político-militares y de simpatizantes, pero también de campesinos y pobladores sin afiliación política, que pudieron haber sido arrojados al mar en los llamados vuelos de la muerte, quizás la expresión más cruel de las acciones de contrainsurgencia que el Estado mexicano —a través de sus policías, agencias de inteligencia y fuerzas castrenses— desplegó para aniquilar cualquier atisbo de subversión y de movilización social.
Cincuenta años más tarde, sus hijos e hijas, hermanos, esposas, compañeros de lucha, están sentados en un salón de fiestas sosteniendo ese periódico mural que lleva por título La Lista Apresa y los vuelos de la muerte.
Una pieza clave de la contrainsurgencia
La lista original que el presunto desertor entregó a la fundadora del Comité ¡Eureka!, Rosario Ibarra de Piedra —fallecida en 2022—, permaneció durante años en sus archivos, que en 2012 fueron trasladados al Museo Casa de la Memoria Indómita y posteriormente digitalizados —de 2014 a 2023— por el Centro Académico de la Memoria de Nuestra América (Camena) de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
Fue gracias a Camena que se pudo tener acceso a esa información que llegó a manos de la madre activista en 2004, un año clave porque se hablaba de la posible absolución de los generales Mario Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quirós Hermosillo, así como del mayor Javier Barquín Alonso —mando superior inmediato de Apresa en Pie de la Cuesta—, a quienes dos años antes la Procuraduría General de Justicia Militar acusó del homicidio de 143 campesinos desaparecidos en los años 70, incluidos 16 que están en la lista. Sus cuerpos, aseguraban los fiscales —al igual que Apresa—, habían sido arrojados al mar.
“¿Por qué se filtra hasta el año pasado esta lista, por qué estuvo tanto tiempo oculta, cuál era la finalidad?”, preguntó Erasmo Cabañas Tabares, sobreviviente del Campo Militar No. 1, donde estuvo detenido-desaparecido en dos ocasiones —1976 y 1977— y sufrió torturas.
“No sabemos cuál es la finalidad por la que se oculta, pero sabemos cómo se da a conocer. Todos estábamos sorprendidos de que [la lista] estuviera en este archivo”, respondió Turati.
La periodista dijo que el Comité ¡Eureka! había conservado otros documentos que hacen referencia a los vuelos de la muerte, como la carta de un ex presidente municipal de San Francisco del Rincón, Guanajuato, que en 2003 le ofreció a doña Rosario contactarla con su chofer, un militar que había participado en los vuelos de la muerte, cuyo testimonio adjuntaba, y la declaración de un estudiante de bachillerato —fechada en mayo de 1980— que, tras escapar de una cárcel clandestina de Acapulco, relata cómo, por las noches, desde Pie de la Cuesta se adentraban en el mar aeronaves militares para arrojar a las personas detenidas-desaparecidas.
Rosario Piedra Ibarra, hija de doña Rosario y actual presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), descalificó el pasado noviembre el contenido de la lista. “Yo tengo otros datos. Tiene una serie de imprecisiones”, declaró. El equipo de investigación considera que los datos son correctos; las imprecisiones que tiene —en nombres o fechas— aportan información: pueden ser errores de transcripción, un esfuerzo de los prisioneros por ocultar su identidad, o una decisión de quien elaboró el documento.
“Siempre nos han dicho mentirosas, mentirosos, por hablar de los vuelos de la muerte”, apuntó Alicia de los Ríos, hija de Alicia de los Ríos Merino —militante de la Liga Comunista 23 de Septiembre desaparecida en 1978 y vista por última vez en Pie de la Cuesta—, durante el evento en Atoyac. La historiadora fungió como asesora de la investigación.
El equipo tuvo acceso a la Averiguación Previa Militar 34/2000 —sobre los juicios a los generales y al mayor Barquín—, que incluye declaraciones de militares, pilotos y mecánicos que trabajaron en Pie de la Cuesta, y bitácoras de vuelo que dan cuenta de viajes atípicos —trayectos cortos, con un mismo origen y destino, llevados a cabo de madrugada en las costas de Guerrero—, identificados por los testigos como vuelos de la muerte.
Esta información, mantenida en secreto por el Ejército durante casi 20 años, y otras fuentes —archivos históricos, testimonios, informes de derechos humanos, investigaciones de fiscalías especializadas, comisiones de la verdad y reconstrucciones visuales de organizaciones de derechos humanos como el Centro Prodh— fueron cruzadas por el equipo con la Lista Apresa, con el objeto de identificar patrones en las fechas de detención de las personas desaparecidas, su traslado y agrupamiento posterior con otras víctimas —detenidas en fechas y lugares distintos—, así como su posible destino final.
“Nosotras fuimos interrogadas por los militares en 2002”, afirmó Eva Luz Rebolledo Rodríguez, hija de David Rebolledo Martínez, campesino y militante del PdlP detenido-desaparecido en septiembre de 1974, registrado en el viaje 18. Ella acompañó a su abuela Teófana Martínez Muñoz, entonces integrante del Comité ¡Eureka!, a declarar en los juicios contra Acosta Chaparro, Quirós Hermosillo y Barquín.
“Vinieron los militares”, relató, “y nos trajeron los citatorios para enfrentarnos con ellos [los inculpados] y acusarlos de que ellos habían sido los culpables [de desaparecer a nuestros familiares]”.
Contó incluso que un militar les mostró una lista similar a la de Apresa. “En ese entonces no había celulares, no teníamos cómo tomarle [foto]”, lamentó.
David Rebolledo es una de las 37 personas —cuyos nombres están registrados en alguno de los viajes de la Lista Apresa— que fueron identificadas por al menos uno de los asistentes a las presentaciones de Atoyac y Chilpancingo —realizada el 20 de julio en la Universidad Pedagógica Nacional— como su familiar o compañero de militancia.
Algunos de los presentes dijeron conocer historias de sobrevivientes de los vuelos de la muerte que resistieron la caída, y varios relataron casos de personas que no están incluidas en la lista, pero cuyas detenciones y traslados comparten características con las 183 víctimas consignadas en el documento.
“No sé si aquí entre los asistentes esté una persona, sobreviviente [de] un vuelo. Lo aventaron [al mar], [pero] cayó en la laguna cerca de la costa”, dijo Rubén Rojas Dionisio, hermano de Israel Romero Dionisio, detenido-desaparecido en 1974 a los 14 años.
En entrevista, Acosta Gómez dijo conocer esa misma historia, la de un sobreviviente que cayó cerca de la localidad de Hacienda de Cabañas, y fue rescatado por el propietario de una enramada —similar a una palapa—. “Lo sacó encostalado, lo desató y lo liberó. No se ahogaba todavía y, en agradecimiento, [el sobreviviente] se quedó trabajando como 20 años en su enramada”.
Guillermo Sotelo Raviela, exmilitante de la ACNR detenido en septiembre de 1972 junto a Bernardo Reyes Félix, conocido como Nayo, pidió no olvidar a su compañero, que no figura en la lista pero continúa desaparecido. Los guerrilleros fueron capturados en Acapulco por policías judiciales —que seguían órdenes de Acosta Chaparro— y llevados a los separos de la procuraduría del estado, donde Reyes Félix, de 38 años, fue visto por última vez.
A Sotelo Raviela, que entonces tenía 25 años, lo trasladaron al mes de su detención a Xalapa y posteriormente a Perote, donde permaneció incomunicado los siguientes tres años. “[Pido] retomar el caso del compañero nuevamente, y que el nombre de Nayo quede grabado en la conciencia de los luchadores sociales y en la historia, la historia de la verdad”.
Señalan al Ejército; piden que entregue información
Entre los asistentes a la presentación de Atoyac se encontraban pobladores de El Quemado, comunidad que sufrió con mayor fuerza la represión. Sus tierras fueron ocupadas por soldados en septiembre de 1972 —como represalia a una emboscada de la guerrilla cabañista contra un convoy militar—, y al menos 91 campesinos fueron detenidos en la localidad, torturados durante días y trasladados a distintas cárceles de Guerrero.
Estaban también Guillermina Cabañas Alvarado, prima de Lucio y una de las pocas mujeres que se unieron a la lucha armada en Guerrero —su hermana María del Rosario fue víctima de violencia sexual y su hermano Humberto está desaparecido desde 1976—; Tita Radilla Martínez, hija de Rosendo Radilla Pacheco, líder social y cantautor desaparecido por el Ejército en 1974, cuyo nombre aparece en la Lista Apresa, y Estela Arroyo Castro, hija, nieta y sobrina de víctimas de tortura y desaparición —Alejandro Arroyo, Sóstenes López e Isaías Castro—, quien a su vez representa a otras 19 familias que, como ella, sufrieron los estragos de la represión.
“El que tiene la verdad es el Ejército, [es] el que tiene los archivos. El Ejército es el culpable, [es] el que tiene todo detenido: la verdad de los desaparecidos, de los torturados”, expuso Arroyo Castro durante su intervención, quien adelantó que su colectivo, la Asociación Representativa de Ejidos y Comunidades, Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos y Grupos Vulnerables (Arecovvidhgv), anexará el periódico mural que se les entregó a sus respectivas carpetas de investigación.
La Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem) —de la que Radilla es vicepresidenta— informó que ya habían sumado a sus carpetas de investigación ante la Fiscalía General de la República (FGR) el reportaje inicial que daba cuenta del hallazgo de la lista, para que los ministerios públicos investiguen esa otra hipótesis del paradero de sus familiares.
Al encuentro en Atoyac acudieron también integrantes del Movimiento por la Verdad y la Justicia de Familiares de Personas Desaparecidas de la Guerra Sucia en el estado de Guerrero, y sobrevivientes de la contrainsurgencia como Máximo Arreola Ortiz, detenido-desaparecido en septiembre de 1974, cuando se dirigía a su huerta, por elementos del 27 Batallón de Infantería —tras ser torturado, fue liberado a los cinco días—, y Cabañas Tabares, profesor normalista, familiar de Lucio y mensajero de la guerrilla.
Cabañas Tabares fue una de las personas que, en septiembre de 2022, en el marco de las inspecciones realizadas por la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990 (CoVEH), creada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, entraron al Campo Militar No. 1 —que operó como cárcel clandestina y centro de tortura durante la “guerra sucia”— y reconocieron el lugar donde estuvieron cautivos. También fue una de las víctimas que rindió su testimonio en 2001 durante los trabajos de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp).
“El Ejército está muy tranquilo porque saben que no va a haber investigación [real]. Desde 2001 están repitiendo lo mismo. Va a salir [la presidenta] Sheinbaum y va a ser igual”, dijo en referencia a los mecanismos de verdad y justicia de la CoVEH impulsados por el gobierno en los últimos años. “Soy de la idea de que hay que unirnos, no hay que ser egoístas los líderes; [unirnos] en una acción coordinada entre todos”, agregó. Aplausos y “bravos” secundaron la propuesta.
“Qué bonito sería que hiciéramos un solo frente para exigir la verdad”, coincidió Arroyo Castro. “¡Sí se puede!”, le respondieron distintas voces.
Otros familiares y sobrevivientes apuntaron la necesidad de seguir exigiendo al Estado mexicano la reparación integral del daño, debido al ensañamiento con Guerrero y su población. “En ninguna reunión [con autoridades] se habla de reparación”, aseguró Manuel Abelardo Rivera, el exmilitante de las FAR, quien agradeció la visita de las y los investigadores, y recordó que la CoVEH terminó por diluirse sin lograr cambios en la realidad de las víctimas. “Muchos compañeros ya fallecieron y ni siquiera tuvieron verdad, justicia, reparación, nada”, subrayó.
Para las y los investigadores es importante que más personas compartan su testimonio, cualquier pista sobre lo sucedido durante ese periodo de represión y, específicamente, sobre los vuelos de la muerte, para lo cual han facilitado un correo electrónico (contacto@adondevanlosdesaparecidos.org). “Esto que hicimos es en coautoría con ustedes, con lo que han luchado, lo que ustedes han recopilado”, dijo Turati.
En las presentaciones de Atoyac y Chilpancingo también participaron el exguerrillero Nicomedes Fuentes, quien formó parte de la Comisión de la Verdad del estado de Guerrero (Comverdad); Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y excomisionado del Mecanismo para el Esclarecimiento Histórico (MEH), y representantes del Centro Prodh y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, además de acompañantes psicosociales y antropólogas.
“El Estado está obligado a investigar, la FGR está obligada a investigar. No lo han hecho, no han llevado a gente ante la justicia. No podemos seguir permitiendo que eso ocurra, pero no podemos hacerlo solas, solos. Esto [el periódico mural que tienen en sus manos] es solo un primer paso, una herramienta para que ustedes tomen las mejores decisiones”, dijo César Contreras, abogado del Centro Prodh, que representa ante la justicia los casos de algunas personas mencionadas en la lista.
Varias de las personas que se dieron cita en el Salón México supieron por primera vez de la existencia de la Lista Apresa. Fue el caso de María de la Luz Roque Ríos, hija de Margarito Roque Testa y Romana Ríos García, detenidos-desaparecidos en abril de 1972 en Acapulco, quien al leer el documento tuvo que abandonar la sala unos momentos y recibir apoyo emocional. Aunque de niña estuvo presa con sus padres, después de ser liberada nunca más supo de ellos. Le consolaba la idea de que habían permanecido juntos. Por la lista se enteró de que —de ser cierta la información de Apresa— fueron separados y trasladados en distintos “viajes”.
Evidencia de crímenes de lesa humanidad
Del análisis de patrones en la lista y de la investigación a profundidad de 22 casos representativos, se concluyó no solo que la Lista Apresa es auténtica y que las 183 personas incluidas muy probablemente fueron arrojadas al mar por el Ejército, sino que muchas otras personas tuvieron el mismo destino y que el documento, en sí mismo, es una evidencia de crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado mexicano.
“Esta lista no los limpia de sus culpas [al Ejército], al contrario, los incrimina más”, dijo Turati, directora de A dónde van los desaparecidos, al leer las conclusiones de la investigación, publicadas en el periódico mural.
La investigación, aseguró el equipo, es un capítulo más en la larga lucha por la justicia de miles de familias cuyas vidas fueron atravesadas por la contrainsurgencia. “Algo que queríamos dejar plasmado en el documento es que los vuelos de la muerte —y esta estrategia represiva— no solo fueron durante 1974, sino que se extendieron”, apuntó la historiadora Lucero San Vicente al mencionar que las bitácoras de vuelo contenidas en la averiguación previa 34/2000 registran vuelos atípicos hasta 1979, de forma consistente, e incluso hasta 1981, más esporádicos.
“Cada vez hay más elementos que nos permiten tener mayor certeza sobre la realización de los vuelos de la muerte como una técnica del Estado mexicano para la desaparición forzada de personas”, agregó vía Zoom el historiador Camilo Vicente Ovalle, autor del libro Tiempo suspendido. Una historia de la desaparición forzada en México, 1940-1980, al explicar detalladamente las características de las personas que fueron agrupadas en los “viajes”, víctimas detenidas en momentos y lugares distintos, pero cuyos caminos convergen, según el material consultado, en la base aérea militar de Pie de la Cuesta.
Vicente, al igual que Javier Yankelevich Winocur, formó parte de otros esfuerzos de esclarecimiento de la verdad. El primero como integrante de la CoVEH, y el segundo como jefe de la unidad de investigación de la Comisión Nacional de Búsqueda encargada de los casos de la “guerra sucia”, entre 2019 y 2024.
Estas primeras presentaciones de la Lista Apresa, ante familiares de víctimas y sobrevivientes de la represión en Guerrero, terminaron con aplausos en reconocimiento a las historias de lucha que se contaron, a todas las personas que fueron asesinadas, y a todas aquellas que, todavía hoy, continúan desaparecidas.
“Que no se olvide”, dijo Abel Barrera, “que esta exigencia de justicia sigue viva porque ustedes están en esta lucha, muy viva, y son un ejemplo”.
**Foto de portada: Cientos de personas leen La Lista Apresa y los vuelos de la muerte durante la presentación del periódico mural en el Salón México de Atoyac de Álvarez, Guerrero. (Mónica González)
**Video y fotografía: Mónica González, Javier García y Emilio Rubio Cavazos. Edición: Javier García
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