* Molestos por el revés a una parte del Plan B.
* A pesar del desistimiento de Edmundo Jacobo Molina, la Sala Superior del TEPJF ordenó
desaplicar la norma transitoria, ignorando el juicio de amparo que éste tramitó.
22.03.2023. Ciudad de México.- El presidente López Obrador, a través de la Consejería Jurídica de la presidencia, acusó a tres magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de emprender una guerra jurídica en contra del Plan B en materia electoral, incluso, invadiendo las facultades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
En comunicado refiere que durante la sesión del 22 de marzo, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Reyes Rodríguez Mondragón y Felipe de la Mata Pizaña, a propuesta de la magistrada Janine Otálora Malassis, aprobaron una resolución inédita que según Presidencia “notoriamente invade las facultades constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y desconoce la competencia de un juzgado de distrito en materia de amparo, al declarar la inconstitucionalidad del Décimo Séptimo Transitorio del decreto relativo a la destitución del secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE).
“Dicha determinación genera un conflicto competencial entre los órganos que integran el Poder Judicial de la Federación, como lo advirtió la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, así como los magistrados José Luis Vargas Valdez e Indalfer Infante Conzales, quienes
votaron en contra del proyecto al considerar que el INE no está legitimado para interponer un juicio electoral en defensa de los supuestos derechos político-electorales de Edmundo Jacobo Molina, quien se desistió de la demanda presentada ante el TEPJF; esta situación hace patente la parcialidad y arbitrariedad con la que se conducen los magistrados que votaron a favor del proyecto”.
Describen en su documento circulado la noche del miercoles que Lla magistrada Soto Fregoso señaló que el juicio electoral SUP-JE-23/2023, interpuesto por el INE, resulta improcedente en virtud de que el artículo transitorio impugnado no generaninguna afectación en la esfera jurídica del instituto, y lo que en realidad solicita es un análisis abstracto de la norma, “situación que no está prevista en las facultades del tribunal electoral”.
Destacan el alegato del magistrado Indalfer Infante, quin dice que explicó que la petición del INE excede el ámbito de atribuciones del TEPJF al quejarse de una invasión de competencias, lo cual solo puede ser conocido por la Suprema Corte en una controversia constitucional, además de carecer de legitimación para impugnar el artículo transitorio al no existir un acto directo que afecte
su esfera jurídica.
También pondera el escrito de Presidencia que el magistrado José Luis Vargas afirmó que, al existir un amparo en trámite, la competencia
del asunto ya no es materia electoral y debe ser conocido por el juzgado de distrito, pues considerar lo contrario daría lugar a una contradicción de criterios y conflicto competencial; asimismo, consideró que el artículo transitorio no es una norma privativa, pues atiende alas características de las disposiciones transitorias que están destinadas a aplicar un caso en específico para que la norma de que se trate entre en vigor.
A juicio de la Consejería de AMLO los magistrados Reyes Rodríguez, Mata Pizaña y Otálora Malassis forman parte de un
bloque dentro del TEPJF que sistemáticamente resuelven asuntos que no son de su competencia o que contradicen abiertamente los criterios de la SCJN, como ocurrió con la sentencia relativa al modo honesto de vivir (SUP-REP-362/2022), la cual tuvo que ser
anulada por el alto tribunal mediante una contradicción de criterios 228/2022.
Y además politiza la presencia de los tres magistrados al referir que fueron “beneficiados de un acuerdo inconstitucional que data de 2016, entre las fracciones parlamentarias del PRI, PAN y PRD en el Senado de la República, quienes ampliaron indebidamente los plazos para que ocuparan las magistraturas hasta después de 2024, con lo cual se comprometió la parcialidad de dichos juzgadores”.
Ante ello advierten que la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal explorará todas las vías jurídicas para combatir la resolución ilegal que aprobó la mayoría de magistrados de la Sala Superior del TEPJF y que son parte de una guerra jurídica “lawfare” en contra de la transformación de un marco normativo que, en su momento, fue diseñado para beneficiar a los grupos de interés político y económico en perjuicio del pueblo de México.
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