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23.10.2026. Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que sostuvo una fuerte discusión con la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, durante una reunión privada realizada el 19 de septiembre en el aeropuerto de Ciudad Juárez.
La mandataria federal reconoció que ambas elevaron la voz durante el intercambio, marcado por las diferencias sobre la participación de agentes estadounidenses en un operativo contra el narcotráfico y por acusaciones relacionadas con funcionarios estatales y figuras de Morena.
“Sí levantamos la voz en algún momento”, reconoció Sheinbaum al reconstruir el encuentro, en el que, según su versión, Campos atribuyó al entonces fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, la responsabilidad por el ingreso de los agentes extranjeros
Durante la mañanera la presidenta admitió que la reunión no tuvo el carácter de una conversación amistosa. Ambas llegaron con reclamos y diferencias acumuladas.
Sheinbaum también recordó que reprochó a Campos haber calificado a su gobierno como una administración “de la muerte”, una expresión que ha molestado a Sheinbaum Pardo.
La conversación, de acuerdo con la versión presidencial, no se limitó a las discrepancias sobre seguridad. También incluyó señalamientos de Maru Campos , de presunta corrupción contra el exfiscal, acusaciones sobre supuestos vínculos con el narcotráfico
La discusión sobre Ariadna Montiel
Otro de los momentos que Claudia Sheinbaum refirió fue la acusación que, según relató, Campos expresó contra Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional de Morena, a quien atribuyó presuntos vínculos con el narcotráfico.
La mandataria federal afirmó que respondió a la gobernadora que, si contaba con elementos para sostener esa afirmación, debía presentarlos ante las autoridades correspondientes. También defendió a Montiel y sostuvo que hasta ese momento no se habían presentado pruebas que respalden la acusación.
En este punto la obligación de investigar corresponde a las autoridades competentes, que deben actuar a partir de elementos verificables y sin distinciones partidistas. Tanto las acusaciones contra funcionarios estatales como las formuladas contra integrantes de Morena requieren sustento probatorio y procedimientos que permitan establecer responsabilidades.
Por ello Sheinbaum explicó que puso a disposición de Campos la posibilidad de reunirse con Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de la República, para comunicarle los presuntos actos de corrupción que, según la gobernadora, se habían detectado en ambas acusaciones de Maru Campos.
De acuerdo con la presidenta ya se produjo el encuentro entre Campos y Godoy. La intención era que la información pudiera ser expuesta ante la instancia federal correspondiente y que las denuncias, en caso de existir elementos suficientes, siguieran los cauces legales.
El episodio expone las diferencias entre el Gobierno federal, encabezado por Morena, y la administración panista de Chihuahua, en un caso que plantea interrogantes sobre la coordinación entre autoridades mexicanas, la cooperación con Estados Unidos y la obligación de esclarecer posibles irregularidades sin sustituir las investigaciones judiciales por acusaciones políticas.
El ingreso de agentes estadounidenses, origen del conflicto
La controversia que detonó el enfrentamiento se relaciona con un operativo realizado en abril de 2026 en la Sierra del Pinal, en el municipio de Morelos, Chihuahua, donde autoridades mexicanas desmantelaron un presunto laboratorio de drogas sintéticas. En las acciones participaron agentes estadounidenses, cuya presencia en territorio nacional provocó cuestionamientos sobre los mecanismos de autorización y los límites de la cooperación bilateral en materia de seguridad.
Dos agentes estadounidenses y dos funcionarios mexicanos murieron posteriormente en un accidente automovilístico cuando regresaban del operativo. El caso generó una disputa sobre quién conocía y había autorizado la participación del personal extranjero.
Sheinbaum sostuvo que el ingreso de esos agentes debía investigarse para determinar si se cumplieron las disposiciones legales mexicanas. En particular, señaló la necesidad de esclarecer si su actuación se ajustó a la Ley de Seguridad Nacional y a los procedimientos aplicables a la colaboración con autoridades de otros países.
La presidenta ha insistido en que la investigación no debe confundirse con una condena anticipada contra la gobernadora. Su planteamiento, según explicó, es determinar quién tomó las decisiones y qué responsabilidades corresponden a cada funcionario.
Por su parte, Campos ha cuestionado los señalamientos que se han hecho contra su administración y ha rechazado que las diferencias sobre el operativo justifiquen responsabilizarla personalmente de traición a la patria.
Una relación institucional en medio de los desacuerdos
Pese a los desencuentros, la presidenta afirmó que el compromiso al concluir la reunión fue mantener una relación institucional. Esto implica que las diferencias personales o partidistas no deben impedir la coordinación entre los gobiernos federal y estatal en materia de seguridad, infraestructura, programas públicos y atención a la población de Chihuahua.
El reto consiste en que ese compromiso se traduzca en cooperación efectiva, particularmente en una entidad donde las autoridades enfrentan problemas relacionados con el narcotráfico y las operaciones de grupos criminales.
La discusión también deja sobre la mesa una cuestión central: la colaboración con Estados Unidos debe desarrollarse bajo las leyes mexicanas, con responsabilidades claramente definidas y mecanismos de supervisión que permitan conocer quién autoriza las operaciones y bajo qué condiciones participan agentes extranjeros.
La confirmación de Sheinbaum sobre los gritos y los reclamos intercambiados con Campos aporta detalles de una reunión que hasta ahora se había mantenido en privado. Sin embargo, las declaraciones de ambas funcionarias no resuelven por sí mismas las interrogantes sobre el operativo ni acreditan las acusaciones de corrupción o de presuntos vínculos criminales.
El esclarecimiento dependerá de las investigaciones y de la información que aporten las autoridades involucradas. Mientras tanto, el enfrentamiento entre la presidenta y la gobernadora mantiene bajo escrutinio la relación entre los dos niveles de gobierno y subraya la importancia de que las diferencias políticas no sustituyan la rendición de cuentas ni el cumplimiento de la ley.