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30.10.2026., Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió profundizar las investigaciones sobre las empresas que durante más de dos décadas han concentrado contratos para fabricar y suministrar materiales electorales al Instituto Nacional Electoral (INE) y a los organismos públicos locales electorales (OPLE). Sostuvo que estas compañías ya operaban antes de la llegada de Morena al Gobierno federal y que sus antecedentes deben rastrearse hasta finales de la década de 1990, durante el gobierno del expresidente Ernesto Zedillo.
Durante su conferencia matutina de este viernes 30 de octubre, la mandataria insistió en que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) debe revisar las contrataciones de distintas administraciones, establecer quiénes intervinieron y determinar si existieron responsabilidades administrativas o penales.
En sus declaraciones, Sheinbaum también endureció su postura sobre la gestión de Guadalupe Taddei al frente del INE, al considerar que los señalamientos sobre posibles irregularidades en las contrataciones no pueden quedar sin consecuencias.
“Guadalupe Taddei traicionó la confianza del pueblo de México, hay que decirlo así”, manifestó la presidenta al referirse a la actuación de la exconsejera presidenta y a la necesidad de esclarecer las responsabilidades derivadas de las investigaciones.
La mandataria aclaró que corresponde a las autoridades fiscalizadoras y a las instancias competentes determinar el grado de responsabilidad de cada persona involucrada. Por ello, pidió que la revisión no se limite a una administración ni se utilice para atribuir automáticamente las irregularidades a una sola funcionaria.
“No se puede decir que no pasó nada, no. Sí pasó, y por eso la Auditoría Superior de la Federación tiene que actuar”, sostuvo.
La jefa del Ejecutivo federal insistió en que el problema no comenzó con la llegada de Taddei a la presidencia del organismo electoral ni puede atribuirse exclusivamente a los nombramientos realizados durante su gestión. Explicó que las mismas compañías han participado en procedimientos de contratación durante administraciones anteriores, tanto en el INE como en institutos electorales estatales.
“Hay un enquistamiento de un duopolio o tres empresas en el INE y los organismos locales electorales con la finalidad de controlar los contratos para la elaboración de materiales electorales”, señaló.
De acuerdo con la presidenta, algunas de estas compañías funcionan como intermediarias, pues no cuentan necesariamente con infraestructura ni personal propio para fabricar los productos que les son adjudicados, sino que recurren a otras empresas para realizar los trabajos.
Sheinbaum cuestionó que un grupo reducido de proveedores haya mantenido durante tantos años una participación predominante en las adquisiciones electorales, pese a los cambios de gobierno y las modificaciones al sistema electoral mexicano.
“Son empresas que han acaparado licitaciones de manera irregular desde hace poco más de 20 años y a las cuales tiene que investigarse”, afirmó.
La mandataria pidió que la ASF determine desde cuándo operan estos esquemas, cómo se asignaron los contratos, quiénes participaron en las decisiones y si existieron beneficios indebidos con recursos públicos.
Los antecedentes se remontan a finales de los años noventa
Para explicar por qué considera necesario ampliar las auditorías, Sheinbaum hizo referencia a los antecedentes de las compañías proveedoras y a los procedimientos de contratación que, según expuso, se remontan a 1999, durante el gobierno de Ernesto Zedillo.
La presidenta recordó también que en 2005 se produjo la renuncia de los consejeros electorales del Estado de México, en medio de controversias relacionadas con las contrataciones y los proveedores de materiales electorales.
Con ese antecedente, cuestionó que actualmente se presente el problema como si hubiera surgido exclusivamente durante la gestión de Guadalupe Taddei.
Su planteamiento es que las investigaciones deben abarcar las distintas etapas de contratación, incluida la administración de Lorenzo Córdova, y no concentrarse únicamente en los años recientes.
El 27 de octubre, durante otra conferencia matutina, Sheinbaum ya había solicitado revisar los contratos de empresas como Cajas Graf, Formas Finas y Materiales, Corporativo ZEG y Comercializadora JVLY.
En aquella intervención explicó que la Unidad de Inteligencia Financiera, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, había congelado cuentas relacionadas con algunas de estas compañías, pero que posteriormente un amparo permitió retirar el congelamiento y continuar sus operaciones.
La presidenta consideró que ese antecedente también debe formar parte de la revisión para conocer qué ocurrió y si hubo actuaciones que deban investigarse.
Pide a la ASF deslindar responsabilidades
Sheinbaum fue enfática en que la fiscalización debe abarcar tanto los contratos de la administración actual como los correspondientes a los periodos anteriores, incluidos los asignados durante la presidencia de Lorenzo Córdova.
“Que la Auditoría Superior de la Federación haga las auditorías correspondientes desde entonces y ellos que deslinden responsabilidades, que sea público y, si es necesario una denuncia penal, que proceda”, planteó.
También pidió que el Órgano Interno de Control del INE entregue a la ASF la información que tenga disponible para facilitar una revisión integral.
La presidenta recordó que los recursos del instituto provienen del presupuesto público y que, por tanto, las adquisiciones, los salarios, los contratos y el manejo de sus recursos deben estar sujetos a mecanismos de transparencia.
En ese sentido, rechazó que la investigación pueda reducirse a una revisión administrativa superficial y pidió que se identifique cualquier posible uso indebido del dinero público.
“Todos son recursos públicos. Una parte de ello va a los partidos políticos, que también todo eso tiene que ser transparente”, señaló al referirse al financiamiento y la fiscalización de los recursos electorales.
Asimismo, sostuvo que las investigaciones deben desarrollarse sin proteger a funcionarios o proveedores por su cercanía política, institucional o empresarial.
Talleres Gráficos de México, alternativa para reducir intermediarios
Como parte de las medidas para modificar el esquema de contratación, Sheinbaum planteó fortalecer Talleres Gráficos de México, empresa pública que podría asumir una mayor participación en la producción de los materiales utilizados durante las elecciones.
La propuesta busca reducir la dependencia de intermediarios privados y aprovechar la capacidad de producción del Estado mexicano para fabricar insumos como boletas, urnas, mamparas, chalecos y otros materiales necesarios para la organización de los comicios.
La mandataria adelantó que presentaría un planteamiento para fortalecer esta institución mediante un consejo de administración y mecanismos de vigilancia externa que permitan garantizar transparencia en sus operaciones.
“La solución a todo este coyotaje es el fortalecimiento de la imprenta del Estado mexicano y la transparencia en la producción de todo el material electoral”, sostuvo.
La propuesta también pretende abrir la participación a otros proveedores y evitar que las adquisiciones permanezcan concentradas en un reducido número de empresas.
Sheinbaum consideró que el Estado mexicano cuenta con posibilidades para ampliar su capacidad de producción, por lo que cuestionó que los institutos electorales dependan de compañías que, según sus señalamientos, funcionan principalmente como intermediarias.
La intención, explicó, es que los materiales necesarios para las elecciones de 2027 puedan adquirirse bajo condiciones de mayor competencia, transparencia y vigilancia del gasto.
La controversia por la gestión de Taddei
Los señalamientos contra las empresas proveedoras se producen en medio de la crisis que enfrenta el INE tras la salida de Guadalupe Taddei de la presidencia del organismo y las denuncias sobre posibles irregularidades en las contrataciones.
La presidenta también cuestionó los nombramientos y las facultades que tenía la anterior titular del instituto, aunque reconoció que corresponde a las autoridades electorales y al Congreso determinar si existen condiciones legales para modificar los mecanismos de designación y supervisión.
Sobre la responsabilidad de Taddei, Sheinbaum sostuvo que no corresponde al Ejecutivo emitir una resolución anticipada, sino que deben ser las instancias fiscalizadoras y las autoridades competentes las que establezcan si hubo faltas o posibles actos ilícitos.
“No puedo tener una opinión de una persona y después ser traicionado porque resulta que era otra cosa, pero eso no quiere decir nunca que nosotros vamos a tapar una irregularidad”, expresó al explicar por qué considera necesario investigar los señalamientos sin excepciones.
La mandataria también rechazó que las denuncias sobre los proveedores permitan concluir que el INE está controlado por Morena. Recordó que la mayoría de los trabajadores del organismo pertenecen a estructuras institucionales anteriores y que su permanencia responde, en buena medida, al servicio profesional electoral.
El fondo de su exigencia, insistió, es que se conozca cómo se distribuyeron los contratos, quiénes se beneficiaron y por qué un grupo de empresas ha mantenido una presencia prolongada en las adquisiciones de materiales electorales.
Con las elecciones de 2027 en el horizonte, la discusión sobre los proveedores, la fiscalización y la producción de insumos electorales adquiere relevancia por el volumen de recursos públicos que implica y por la necesidad de garantizar condiciones de transparencia en la organización de los comicios.
La petición presidencial coloca a la Auditoría Superior de la Federación ante el reto de revisar los antecedentes de contratación, documentar posibles irregularidades y deslindar responsabilidades sin anticipar culpabilidades. La investigación, de acuerdo con el planteamiento de Sheinbaum, no debe detenerse en los nombres de quienes encabezaron el INE en los últimos años, sino llegar hasta el origen de los esquemas de intermediación que denuncia.