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13.07.2026 Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum tomó distancia de la polémica recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso Ayotzinapa, en la que el organismo concluyó que no existió responsabilidad institucional del Ejército ni de la Marina en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas
Durante su conferencia matutina, la mandataria dejó claro que el documento corresponde exclusivamente a la autonomía de la Comisión y que no representa la posición del Gobierno de México, al tiempo que reiteró que las investigaciones continúan abiertas y que su administración mantiene el compromiso de llegar a la verdad y hacer justicia para las familias.
La postura presidencial surge después de que la CNDH publicara la Recomendación 208VG/2026, un documento de cientos de páginas que reconoce múltiples violaciones graves a los derechos humanos cometidas contra los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, pero sostiene que no existen elementos para acreditar una responsabilidad institucional de las Fuerzas Armadas en los hechos ocurridos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
La resolución de la CNDH también cuestiona parte del trabajo realizado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y por organizaciones civiles que durante más de una década han acompañado a los familiares de los normalistas.
Al ser cuestionada sobre el contenido de la recomendación, Sheinbaum respondió que la CNDH es un órgano constitucionalmente autónomo y que sus resoluciones no son elaboradas por el Poder Ejecutivo.
“La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene autonomía. Esa es una recomendación que hace la Comisión; no es una conclusión del Gobierno de México. Nosotros seguimos trabajando en las investigaciones y en el esclarecimiento de los hechos. Nuestro compromiso con los familiares es encontrar la verdad, conocer qué ocurrió y que haya justicia”, expresó la presidenta durante su conferencia.
La mandataria insistió en que su administración no modificará la ruta de las investigaciones por el contenido del documento y recordó que la Fiscalía General de la República mantiene abiertas diversas líneas de investigación relacionadas con el caso.
“Nosotros no vamos a cerrar ninguna línea de investigación. La investigación sigue. Hay procesos judiciales abiertos y el trabajo continúa. La verdad y la justicia siguen siendo el objetivo del Gobierno de México”, afirmó.
El pronunciamiento presidencial ocurre en medio de fuertes críticas de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) sostuvo que la recomendación rompe con años de investigaciones nacionales e internacionales y acusó a la CNDH de adoptar una narrativa favorable a las Fuerzas Armadas. También recordó que actualmente existen militares sujetos a proceso penal dentro de las investigaciones relacionadas con Ayotzinapa, por lo que consideró improcedente una conclusión general que descarte responsabilidad institucional.
La recomendación de la CNDH reconoce desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, actos de tortura y otras violaciones graves a los derechos humanos contra estudiantes normalistas, pero sostiene que la presencia de personal militar en la zona no constituye prueba suficiente para atribuir responsabilidad institucional a la Secretaría de la Defensa Nacional o a la Secretaría de Marina. Asimismo, valida diversas respuestas entregadas por la Sedena respecto de la información requerida durante las investigaciones.
El documento también generó controversia porque cuestiona la actuación de organizaciones como el Centro Prodh, Tlachinollan, Fundar y Serapaz, señalando que su participación habría incidido en algunas diligencias ministeriales. Dichos señalamientos fueron rechazados por esas organizaciones, que acusaron a la Comisión de descalificar el acompañamiento brindado durante más de una década a las familias de los estudiantes desaparecidos.
El caso Ayotzinapa permanece como uno de los expedientes más emblemáticos en materia de derechos humanos en México. Los hechos ocurrieron entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron atacados en distintos puntos de Iguala.
El saldo fue de 43 jóvenes desaparecidos, varias personas asesinadas y decenas de heridos. Desde entonces, distintas investigaciones nacionales e internacionales han documentado la participación de autoridades municipales, estatales y federales, además de señalar irregularidades, manipulación de pruebas y obstáculos para el acceso a la verdad.
Durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador se creó una comisión especial para el esclarecimiento del caso y se impulsaron nuevas investigaciones, mientras que la administración de Claudia Sheinbaum ha reiterado que mantendrá la búsqueda de la verdad y la atención permanente a las familias de los estudiantes.
Con su declaración, la presidenta buscó dejar claro que el Gobierno federal no adopta como propia la interpretación de la CNDH respecto al papel de las Fuerzas Armadas y que el proceso de investigación seguirá su curso independientemente del contenido de la recomendación, en un asunto que continúa siendo uno de los mayores pendientes del Estado mexicano en materia de justicia y derechos humanos.