*Reforzarán seguridad y se busca diálogo con el país vecino.
06.08.2026 Ciudad de Mexico.- La suspensión temporal de las inspecciones sanitarias de Estados Unidos en Michoacán colocó nuevamente a la industria del aguacate en el centro de la relación comercial y de seguridad entre México y Washington y el tema llegó a la mañanera.
Ante el retiro del personal del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), provocado por una alerta de seguridad, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que su gobierno trabaja con productores michoacanos en un plan para reforzar la vigilancia en las zonas estratégicas y buscar una salida que permita reanudar cuanto antes las exportaciones hacia el mercado estadounidense.
La mandataria confirmó este jueves que sostuvo una reunión con representantes del sector aguacatero de Michoacán y explicó que una de las principales conclusiones fue fortalecer la presencia de la Guardia Nacional en regiones donde actualmente no existe una cobertura suficiente para garantizar la seguridad de productores, trabajadores y personal extranjero.
El anuncio ocurrió un día después de que Estados Unidos suspendiera las actividades de sus inspectores agrícolas en Michoacán debido a una amenaza contra intereses estadounidenses. La medida afecta directamente el proceso de certificación requerido para que el aguacate pueda ser enviado al mercado de Estados Unidos, por lo que el impacto trasciende el ámbito de la seguridad y alcanza a una de las cadenas agroalimentarias más importantes de México.
Sheinbaum explicó que el Gobierno mexicano ya solicitó, a través de la representación diplomática de Estados Unidos, una reunión con el Departamento de Agricultura estadounidense para analizar las condiciones necesarias para el regreso de sus inspectores.
La presidenta planteó además una alternativa: que, mientras se normaliza la presencia del personal estadounidense, México pueda explorar la posibilidad de que las labores de inspección sean realizadas por especialistas del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Senasica, bajo un esquema que permita mantener los estándares exigidos para el comercio bilateral.
El objetivo, dijo, es establecer una ruta de trabajo conjunta que permita recuperar lo antes posible el flujo comercial.
La decisión estadounidense
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos suspendió el 5 de agosto las actividades de inspección relacionadas con las exportaciones de aguacate en Michoacán después de emitir una alerta de seguridad. La suspensión involucra a personal del Servicio de Inspección Sanitaria de Plantas y Animales, APHIS, que realiza labores regulatorias en los establecimientos autorizados para exportar el producto.
La Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México, APEAM, confirmó que la suspensión afectó las labores de los oficiales del USDA encargados de verificar el cumplimiento del Plan de Trabajo Operativo en las empacadoras.
La consecuencia inmediata es importante: sin la inspección correspondiente, los embarques de aguacate no pueden avanzar normalmente hacia Estados Unidos. Reuters reportó que la suspensión podía generar retrasos significativos debido a que las inspecciones estadounidenses forman parte de los requisitos para autorizar las exportaciones.
La medida no significa que Estados Unidos haya decretado un cierre definitivo de la frontera al aguacate mexicano. Se trata de una suspensión de las actividades de inspección en Michoacán derivada de una alerta de seguridad, pero sus efectos comerciales pueden ser importantes mientras permanezca interrumpido el procedimiento de certificación.
La diferencia es relevante porque Michoacán representa la principal zona productora y exportadora del fruto hacia Estados Unidos.
El aguacate no es solamente uno de los productos agrícolas más conocidos de Michoacán. Se trata de una actividad económica de enorme importancia para el estado y para el comercio exterior mexicano.
La Secretaría de Desarrollo Económico de Michoacán informó en junio que la entidad cuenta con alrededor de 48 mil productores vinculados a esta actividad, además de 94 empacadoras, y que la cadena genera más de 150 mil empleos directos e indirectos.
El peso internacional del producto también es considerable. De acuerdo con información estatal, México concentró durante 2025 alrededor de 40.1 por ciento del valor de las exportaciones mundiales de aguacate, con ventas por aproximadamente 3 mil 966 millones de dólares.
Dentro de este esquema, Estados Unidos es el principal destino del aguacate mexicano. Reuters señaló que cerca de 90 por ciento del volumen de exportaciones mexicanas de aguacate tiene como destino el mercado estadounidense. Para 2026, México proyecta exportar alrededor de 1.2 millones de toneladas hacia Estados Unidos, de un total estimado de 1.31 millones de toneladas de exportacionesm
Por ello, una interrupción prolongada no solamente tendría consecuencias para los productores michoacanos. También podría afectar a empacadoras, transportistas, jornaleros, comercializadores y empresas estadounidenses que participan en la distribución y venta del producto.
La dimensión de seguridad
El problema que detonó la suspensión tiene un trasfondo que va mucho más allá de los inspectores estadounidenses.
Michoacán enfrenta desde hace años la presencia de organizaciones delictivas que han buscado controlar actividades económicas mediante amenazas, extorsiones y cobro de piso. El sector agropecuario se ha convertido en uno de los objetivos de estas estructuras.
La producción de aguacate y limón ha estado particularmente expuesta a las presiones criminales debido al enorme valor económico que generan ambas cadenas.
El Gobierno de México ya había identificado la protección de los productores como uno de los componentes de su estrategia de seguridad para Michoacán. En julio, durante la presentación de avances del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, autoridades federales informaron que entre el 1 de octubre de 2024 y el 15 de junio de 2026 habían sido detenidas mil 300 personas por delitos de alto impacto en la entidad y aseguradas mil 400 armas de fuego, más de 215 mil cartuchos y 6 mil 600 cargadores.
En ese mismo periodo, las autoridades reportaron el aseguramiento de más de 35 toneladas de droga y la destrucción o inhabilitación de 30 laboratorios clandestinos y 12 áreas de concentración utilizadas para la producción de metanfetamina.
Pero la dimensión del problema persiste. La presión de los grupos criminales sobre las actividades productivas ha convertido la seguridad de los agricultores y empresarios en una pieza central de la estrategia gubernamental.
El asesinato de Bernardo Bravo, dirigente de productores de limón del Valle de Apatzingán, en octubre de 2025, y posteriormente el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, colocaron nuevamente a Michoacán bajo la atención nacional por el avance de las estructuras criminales y las denuncias de extorsión.
El gobierno de Sheinbaum respondió con el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una estrategia que contempla seguridad, infraestructura, educación, salud, desarrollo económico y atención a las comunidades.
En el ámbito específico del campo, el objetivo es evitar que las organizaciones criminales controlen las cadenas productivas mediante amenazas y cobros ilegales.
La suspensión de 2026 tampoco es un hecho completamente inédito.
En febrero de 2022, el APHIS-USDA suspendió temporalmente las inspecciones de aguacate en Michoacán después de que uno de sus inspectores recibiera una llamada de amenaza en su teléfono oficial mientras realizaba labores en Uruapan.
En aquella ocasión, Senasica informó que la pausa se produjo mientras las autoridades estadounidenses evaluaban la amenaza y establecían medidas para garantizar la seguridad de sus trabajadores. ([Gobierno de México][4])
Las actividades se reanudaron posteriormente después de que México y Estados Unidos acordaran medidas adicionales de seguridad para los inspectores.
El episodio de 2026 demuestra que el problema no desapareció. La vulnerabilidad del personal extranjero que trabaja en las zonas productoras continúa siendo un asunto que puede tener consecuencias directas para el comercio bilateral.
La reacción de Sheinbaum
Ante la nueva suspensión, la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum busca evitar que una decisión de seguridad se convierta en una crisis comercial.
El gobierno mexicano pretende que la solución se construya mediante un acuerdo con las autoridades agrícolas estadounidenses. La primera opción es conseguir el retorno de los inspectores del USDA una vez que existan condiciones adecuadas de seguridad.
La segunda posibilidad consiste en establecer un mecanismo mediante el cual personal mexicano de Senasica pueda asumir determinadas tareas de inspección, siempre bajo un esquema aceptado por Estados Unidos.
No se trata simplemente de sustituir a unos inspectores por otros. El acceso del aguacate mexicano al mercado estadounidense está sujeto a un programa sanitario binacional y a requisitos fitosanitarios específicos.
Senasica ha señalado históricamente que el personal del APHIS-USDA participa en la inspección del producto destinado a Estados Unidos dentro del marco establecido para la exportación del aguacate Hass. En 2022, el propio organismo mexicano explicó que, una vez autorizado el producto, éste podía continuar hacia las empacadoras para su acondicionamiento.
Por eso, cualquier modificación al esquema requiere coordinación entre ambos gobiernos y no puede resolverse unilateralmente.
Para los productores, el tiempo es uno de los factores más delicados.
Una interrupción breve puede ser absorbida mediante ajustes logísticos, almacenamiento y reorganización de las actividades de cosecha y empaque. Pero si la suspensión se prolonga, el impacto aumenta porque el aguacate es un producto perecedero y la cadena depende de que la fruta pueda movilizarse con rapidez.
APEAM informó que solamente el producto recibido con presencia del USDA antes de la suspensión podía continuar siendo procesado, mientras que los productores debían valorar sus decisiones operativas ante la interrupción de las inspecciones. Reuters reportó que el miércoles no se realizaron exportaciones bajo el esquema afectado.
Esto coloca a los agricultores ante un escenario complicado: cosechar sin certeza de exportación puede provocar pérdidas, pero retrasar la cosecha también puede alterar los ciclos productivos y comprometer ingresos.
La dimensión ambiental también forma parte del debate.
La expansión de la producción de aguacate en Michoacán ha sido cuestionada durante años por sus efectos sobre los bosques y por el cambio de uso de suelo. En la presentación del Plan Michoacán, Sheinbaum reconoció que el crecimiento de la agricultura de exportación no siempre se ha traducido en bienestar para todas las comunidades y señaló la existencia de problemas de deforestación relacionados con la expansión de las huertas.
En junio de este año, México otorgó protección como Indicación Geográfica al “Aguacate Franja Michoacán”, una figura que busca distinguir y proteger la producción de aguacate Hass vinculada con una región específica del estado. La zona comprende 31 municipios y, según autoridades michoacanas, concentra una actividad que involucra a decenas de miles de productores y más de 150 mil empleos directos e indirectos.
La disputa por la seguridad, por tanto, se desarrolla sobre una industria que tiene implicaciones económicas, sociales y ambientales.
Una negociación que va más allá del aguacate
El episodio vuelve a mostrar hasta qué punto la seguridad mexicana y el comercio con Estados Unidos están relacionados.
Para Washington, la protección de sus funcionarios constituye una condición básica para mantener sus operaciones en territorio mexicano. Para México, la continuidad de las exportaciones representa una fuente fundamental de ingresos y empleo.
La presidenta Sheinbaum intenta colocar ambos intereses en una misma mesa: reforzar la seguridad en las zonas productoras y, al mismo tiempo, establecer con el USDA las condiciones para que las inspecciones puedan regresar.
La expectativa del gobierno mexicano es que la suspensión sea temporal, como ocurrió en episodios anteriores. En 2022, después de una interrupción de varios días, el esquema de exportación pudo ser restablecido mediante medidas adicionales de seguridad y coordinación entre las autoridades de ambos países.
Esta vez, sin embargo, la presión ocurre en un contexto más complejo para Michoacán, marcado por el combate a la extorsión, la disputa territorial entre organizaciones criminales y una estrategia federal que busca recuperar el control de regiones donde las actividades productivas han sido objeto de presión.
El desafío inmediato para Sheinbaum será demostrar que el reforzamiento de la Guardia Nacional y las medidas anunciadas son suficientes para convencer a Washington de que sus inspectores pueden regresar con condiciones adecuadas de seguridad.
La negociación con el Departamento de Agricultura estadounidense será determinante. Si México logra acordar un mecanismo provisional o permanente con Senasica que satisfaga los requisitos estadounidenses, el flujo comercial podría normalizarse con mayor rapidez.
Mientras tanto, el aguacate michoacano vuelve a convertirse en un termómetro de la seguridad en el estado y, al mismo tiempo, de la capacidad de México y Estados Unidos para resolver mediante cooperación un problema que amenaza simultáneamente a productores, trabajadores, empresas y consumidores de ambos lados de la frontera.
La nota queda enfocada en el ángulo central: la seguridad como condición para mantener el comercio, el papel de Senasica y la negociación con Estados Unidos, evitando presentar la suspensión como un cierre definitivo de las importaciones.