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07.04.2026 Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó con firmeza el informe del Comité contra la Desaparición Forzada que advierte que la crisis de desapariciones en México podría constituir crímenes de lesa humanidad**, al considerar que el documento tiene una “orientación política” y omite los esfuerzos de su gobierno.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria cuestionó la legitimidad y el enfoque del reporte, al asegurar que no corresponde a una evaluación objetiva de la situación en el país.
“Este comité de expertos, que no es precisamente una de las organizaciones de Naciones Unidas, emite un documento que cuando uno lo lee es evidente que tiene otra orientación: que es criticar al gobierno de México”, afirmó.
Sheinbaum sostuvo que el documento busca incluso escalar el tema ante instancias internacionales sin reconocer las acciones emprendidas por su administración:
“Y llevar una posición a la Asamblea General que nosotros consideramos, dado que estamos atendiendo el tema, no tiene cabida”.
El informe del comité integrado al sistema de la Organización de las Naciones Unidas, plantea que existen “indicios fundados” de que en México las desapariciones han ocurrido de manera generalizada y sistemática, con posibles niveles de participación o aquiescencia del Estado.
Además, propone que el caso sea elevado a la Asamblea General del organismo internacional, una medida poco frecuente que busca visibilizar crisis graves de derechos humanos.
El diagnóstico se da en un contexto alarmante: el país acumula cerca de 133 mil personas desaparecidas , una de las cifras más altas del mundo.
Frente a estas conclusiones, la presidenta mexicana desestimó la metodología del comité y aseguró que sus resultados están desfasados.
“Extrapolan datos de 2009 a 2017 a la situación actual; eso no es correcto”, explicó.
De acuerdo con la mandataria, el análisis se basa en información parcial de algunos estados y no incorpora los avances institucionales recientes, como la creación de mecanismos de búsqueda, coordinación con colectivos y reformas legales
También insistió en que la mayoría de los casos de desaparición están vinculados al crimen organizado y no a una política de Estado:
“No tiene nada que ver con una acción del Estado mexicano, sino con la delincuencia organizada y estamos trabajando para erradicar ese delito”.
El punto central del desacuerdo radica en la interpretación de la responsabilidad estatal. Mientras el comité sostiene que la desaparición forzada puede configurarse incluso por **omisión o tolerancia de autoridades**, el gobierno mexicano rechaza esa caracterización.
El organismo internacional ha documentado fallas estructurales como impunidad, deficiencias forenses y posibles vínculos entre autoridades locales y grupos criminales. ([El País][4])
Sheinbaum, en contraste, afirmó que su administración mantiene un compromiso con las víctimas: “No fueron consideradas las acciones que hemos hecho… el trabajo con familiares buscadores y la atención al delito”.
El choque entre el gobierno mexicano y el comité ocurre en medio de una crisis humanitaria que, según especialistas y colectivos, continúa agravándose con miles de casos recientes y hallazgos de fosas clandestinas en distintas regiones del país.
Pese a ello, la presidenta reiteró que el Estado *“no está rebasado” y defendió la estrategia oficial para enfrentar el problema, al tiempo que anunció que buscará diálogo directo con organismos internacionales para explicar la postura de México.
La controversia abre un nuevo capítulo en la relación entre México y los mecanismos internacionales de derechos humanos, en un tema que permanece en el centro del debate público: la magnitud real de las desapariciones y el papel del Estado frente a una de las crisis más profundas del país.
