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28.10.2926.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este miércoles 28 de octubre que buscará terminar con la concentración de contratos para la fabricación de papelería y materiales electorales en un reducido grupo de empresas privadas, a las que calificó como “coyotes electorales”.
La mandataria planteó fortalecer la capacidad de producción de Talleres Gráficos de México, empresa del Estado, y revisar las contrataciones realizadas durante más de dos décadas para determinar si existieron irregularidades y deslindar responsabilidades.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum sostuvo que el problema no debe limitarse a las controversias surgidas en la actual etapa del Instituto Nacional Electoral (INE), sino que es necesario revisar los antecedentes de las empresas que han suministrado materiales a las autoridades electorales federales y estatales.
La propuesta se produce en medio de los señalamientos sobre presuntas irregularidades en contratos de proveedores del INE y de la discusión sobre la transparencia en el uso de los recursos públicos destinados a la organización de las elecciones.
Las acusaciones, sin embargo, deberán ser esclarecidas mediante auditorías e investigaciones, sin dar por acreditada la comisión de delitos antes de que las autoridades competentes determinen si existen responsabilidades.
“Acabamos con los mapaches electorales, ahora vamos a acabar con los coyotes electorales”, expresó la presidenta al explicar el objetivo de su planteamiento. Con esa comparación, distinguió entre las prácticas de manipulación electoral y los intermediarios empresariales que, según sus señalamientos, han mantenido una presencia prolongada en el mercado de producción de materiales para los comicios.
La mandataria afirmó que alrededor de cuatro empresas concentran este tipo de contratos y cuestionó que un grupo reducido de proveedores haya obtenido adjudicaciones reiteradas durante años, tanto en el INE como en los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), responsables de organizar las elecciones en las entidades federativas.
A partir de ese diagnóstico, propuso revisar la forma en que se asignaron los contratos, transparentar sus antecedentes y establecer las sanciones que correspondan si se comprueban irregularidades. También planteó ampliar la competencia entre proveedores privados, en caso de que se mantenga su participación, para evitar que las contrataciones permanezcan concentradas en unas cuantas compañías.
Talleres Gráficos, alternativa para reducir la concentración de contratos
El fortalecimiento de Talleres Gráficos de México constituye uno de los ejes centrales de la propuesta presidencial. Sheinbaum planteó que esta empresa pública incremente su capacidad para elaborar la papelería electoral y que sus propios procedimientos también estén sujetos a mecanismos de transparencia y vigilancia.
“Para eso está Talleres Gráficos de México, que es una empresa del Estado mexicano”, sostuvo la mandataria al defender la posibilidad de que una entidad pública participe de manera más amplia en la producción de los insumos requeridos para los procesos electorales.
La presidenta no planteó únicamente sustituir a los proveedores privados por una empresa estatal. También abrió la posibilidad de que participen más compañías, siempre que exista competencia y que las adjudicaciones no continúen concentrándose entre los mismos grupos empresariales.
“Si va a haber más empresas, que se compita y que sean muchísimas”, expresó, al cuestionar que un número reducido de empresarios haya acumulado contratos durante años con los organismos electorales.
Para que esa alternativa funcione, la discusión tendrá que incluir la capacidad técnica y operativa de Talleres Gráficos, sus costos de producción, los tiempos de entrega y las condiciones necesarias para garantizar que los materiales lleguen oportunamente a cada proceso electoral. La propuesta presidencial apunta a modificar el modelo de contratación, pero su alcance dependerá de las decisiones administrativas y de los mecanismos que finalmente se establezcan.
Auditorías para determinar el origen de las presuntas irregularidades
Sheinbaum pidió que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revise las contrataciones cuestionadas y determine si existen elementos para fincar responsabilidades administrativas o presentar denuncias penales.
La mandataria insistió en que la revisión debe abarcar los antecedentes de las empresas y no limitarse a los años recientes. Su argumento es que las controversias sobre proveedores de material electoral tienen una historia más larga que la administración de Guadalupe Taddei al frente del INE.
“Que la Auditoría Superior de la Federación haga las auditorías correspondientes, desde entonces, y ellos que deslinden responsabilidades, que sea público, y si es necesario una denuncia penal, que procedan las denuncias penales”, declaró, de acuerdo con la versión de su conferencia difundida por N+.
La instrucción que plantea la presidenta implica revisar expedientes de contratación, las condiciones de las adjudicaciones y los vínculos empresariales que pudieran resultar relevantes para esclarecer los señalamientos. Una auditoría puede identificar anomalías y aportar elementos para investigaciones posteriores, pero la existencia de un delito debe acreditarse por las vías legales correspondientes.
El tema cobró relevancia después de que se difundieran reportes sobre investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera relacionadas con siete empresas proveedoras de material electoral. Entre las compañías mencionadas figuran Corporativo Zeg, Cajas Graft, Formas Finas y Materiales y Seriplast de México, vinculadas en las publicaciones periodísticas con los empresarios José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández.
Los reportes señalaron posibles esquemas de simulación de competencia en procedimientos de contratación y presuntas operaciones financieras irregulares. Al mismo tiempo, Guadalupe Taddei defendió los procesos de adquisición del organismo, afirmó que los contratos estaban auditados y rechazó que existieran empresas favoritas.
La revisión deberá establecer qué ocurrió en cada contratación, cuáles fueron los procedimientos aplicados y si hubo servidores públicos o particulares que incurrieron en alguna falta. Las menciones a empresas o personas dentro de una investigación no constituyen, por sí solas, una resolución de responsabilidad.
Los antecedentes que Sheinbaum ubicó en el Estado de México
Durante su exposición, la presidenta situó uno de los antecedentes de la controversia en 1999, en el Estado de México, cuando se produjo un conflicto por la adjudicación de un contrato para suministrar materiales electorales a la empresa Cartonera Plástica, cuyo representante legal era José Alfredo Hernández Casillas.
Sheinbaum también aludió a otro episodio ocurrido en 2005, durante el gobierno estatal de Enrique Peña Nieto, que, según su relato, estuvo relacionado con nuevas controversias en el organismo electoral mexiquense.
Con esas referencias, la mandataria buscó argumentar que la discusión sobre los proveedores y sus contratos no comenzó con la llegada de Taddei a la presidencia del INE en 2023, sino que debe analizarse a partir de antecedentes de administraciones anteriores.
La revisión histórica será relevante para establecer si existió continuidad en las relaciones contractuales, cómo cambiaron las empresas participantes y qué controles se aplicaron a lo largo del tiempo. También permitirá distinguir entre las controversias documentadas en años anteriores y los señalamientos actuales, que requieren sus propias pruebas y determinaciones.
La presidenta pidió, además, que no se proteja a ninguna persona si las investigaciones encuentran elementos que acrediten conductas ilícitas. Su planteamiento busca que las autoridades fiscalizadoras determinen las responsabilidades sin limitar la revisión a una sola administración del organismo electoral.
La elección de 2027, fuera de duda, afirma la presidenta
En medio de la polémica, Sheinbaum rechazó que las investigaciones sobre las contrataciones pongan en duda la realización de las elecciones de 2027. Sostuvo que el esclarecimiento de las presuntas irregularidades debe contribuir a dar certidumbre sobre el manejo de los recursos del instituto.
“No están en duda las elecciones del 27, de ninguna manera”, afirmó durante la conferencia matutina. También señaló que debe haber transparencia en el INE y que la investigación permitirá conocer desde cuándo se otorgaron los contratos cuestionados.
La discusión tiene una dimensión institucional porque el INE es responsable de organizar los comicios federales y requiere materiales que cumplan con especificaciones técnicas, controles de seguridad y calendarios de producción. La contratación de estos insumos forma parte de las tareas operativas necesarias para preparar las jornadas electorales.
Por ello, cualquier modificación al sistema de proveedores tendrá que garantizar no solo la competencia y la rendición de cuentas, sino también la capacidad de abastecimiento y la calidad de los materiales. La transparencia en los contratos y la continuidad de las operaciones electorales son asuntos relacionados, pero distintos, que deberán atenderse de manera simultánea.
La propuesta de fortalecer Talleres Gráficos de México abre así una discusión sobre el papel de la producción pública en los procesos electorales, la competencia entre proveedores y la supervisión del gasto. El siguiente paso será conocer qué medidas concretas adopta el Gobierno federal, qué resultados arrojan las auditorías y si las autoridades competentes encuentran elementos para imponer sanciones.