*Escrito por Arantza Díaz .
09.04.2025 /Cimac Noticias.com/ Ciudad de México.- El presidente de la mesa directiva Cámara de Senadores, Gerardo Noroña se pronunció la tarde del martes, luego de que el Comité de Desaparición Forzada (CED) activara por primera vez en su historia su protocolo para que México rinda cuentas sobre el fenómeno de desapariciones forzadas. La respuesta de Noroña no sólo es condenatoria, sino que, además, anunció que el Estado mexicano emprenderá ante las más altas instancias de las Naciones Unidas acciones condenatorias para el presidente de la CED, Olivier de Frouville.
Para ser extensiva esta medida condenatoria contra de Frouville, el Senado de la República se sometió a una votación, donde la asamblea morenista y aliados tuvo una apabullante victoria, con 71 votos a favor, 28 en contra y 3 abstenciones.
“Este Pleno de la Cámara de Senadores exige al presidente del Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, Olivier de Frouville, el retiro de sus oprobiosas aseveraciones; y exige el trato respetuoso que nuestra nación, nuestro pueblo y nuestro gobierno merecen”, expresó Fernández Noroña.
Los intentos de hacer retroceder el posicionamiento de Olivier de Frouville, presidente de la CED, se dan luego de que, el pasado 4 de abril denunciara ante las Naciones Unidas que las desapariciones en México eran un tema «preocupante» pues son sistemáticas y generalizadas. Derivado de este juicio, se emprendió la activación de un protocolo de acción basado en el artículo 34 de la Convención Internacional sobre Desapariciones Forzadas.
Este protocolo exige al Estado mexicano enviar un compendio sobre el fenómeno de desapariciones forzadas; un archivo amplio con cifras y estado actual de esta crisis. Una vez que la Asamblea General de las Naciones Unidas obtenga este informe, entonces, -y de «carácter urgente«-, el Secretario General de las Naciones Unidas podrá extender las primeras acciones para contener la crisis en materia de desapariciones.
La activación de este protocolo resulta histórica, incluso para la misma CED, pues constituye la primera vez que se aplican estas medidas para un país miembro de la ONU, asimismo, implica un reconocimiento de que México ha sido incapaz de contener esta crisis y ante ello, surge la intervención internacional.
En el mejor de los escenarios, se apunta a que, si el informe es transparente y los órganos de las Naciones Unidas consideran que las desapariciones cumplen con un carácter «sistémico» (como apunta el artículo 34), entonces, la Asamblea General de Naciones Unidas tendrá la facultad de intervenir y mantenerse cerca del Estado mexicano para forzarle a cumplir con sus obligaciones y garantías de no repetición, pero para que se llegue a este escenario, primero, el Gobierno deberá manejarse de forma honesta y recabar en su informe que, en efecto, lo que atraviesa al país no son hechos aislados, sino que cumple con la característica sistémica que es condenatoria para la CED.
«Desapariciones de carácter sistémico y generalizado», es la declaración que ha cimbrado al Estado mexicano. Y que hoy, se ha presentado en la Cámara de Senadores como un acto «irresponsable y sin sustento alguno», según Noroña, quien además aseveró que Olivier de Frouville no tenía elementos para señalar que las desapariciones en México se dan de manera sistemática.
Asimismo, el funcionario sostuvo que el presidente de la CED no tiene facultad alguna para hacer tales señalamientos a nombre del Comité, por lo que violentó los procesos internos y «prejuzgó sin pruebas» y «alentó» a la falsa e injusta especulación de que hay una crisis de desapariciones en nuestro país, a lo que Noroña definió como una «frívola aseveración».
Durante el debate, Amalia García de Movimiento Ciudadano sostuvo que la CED tenía razón en activar el protocolo, pues las desapariciones en México son un hecho histórico e innegable «un horror instalado», por lo que fue un acierto de Olivier de Frouville activar el protocolo. Respaldando el argumento, Carolina Viggiano del PRI refirió que era una incongruencia ser de izquiera y negar las desapariciones de México y zanjó que el pronunciamiento de la CED les hacía [a Morena] «crujir los dientes».
A pesar de algunas resistencias entre los curules de la oposición, los votos favorables obviaron lo que ya se anunciaba: México no reconocerá las desapariciones como un hecho sistémico y sostenido en el tiempo.
Esta no sería la primera vez que un órgano del Estado defiende su versión, pues además del Senado de la República que hoy tira más lejos exigiendo medidas de sanción contra el presidente de la CED, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos fue la primera en pronunciarse al respecto manteniendo la misma línea; rechazar el pronunciamiento y la activación del protocolo.
En un posicionamiento oficial, la CNDH refirió que las declaraciones de Olivier de Frouville, presidente de la CED están completamente «descontextualizadas», en añadidura, informó que se abrirá una oficina regional en Jalisco, esto luego de la documentación del campo de exterminio en el Rancho Izaguirre; la CNDH colocó este asunto como respuesta en aras de sostener la voluntad del Estado mexicano para prevenir y atender las problemáticas relacionadas a las violaciones a derechos humanos.
Tras este anuncio que pretende defender la voluntad política del Gobierno, negó rotundamente que se viva una crisis de desapariciones en México «y más aún que estas sean consecuencia de una política del Estado», según refirió la CNDH.
«El posicionamiento del presidente del Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) de la ONU, está totalmente descontextualizado de las razones que motivan la persistencia de las desapariciones en nuestro país, y se apartan de lo que debiera ser un juicio serio de las condiciones que se viven actualmente en México. Por eso, frente a la problemática, que es innegable, y frente a la aparente «respuesta» que emite ONU, sostenemos que lo más importante es la acción y respuesta integral del Estado mexicano, y a eso abonaremos» (CNDH)
Resulta evidente que los pronunciamientos de la CED han tocado fibras sensibles del Estado y su actual batuta, el gobierno de la 4T que ha negado de forma incisiva la crisis de desapariciones que alcanzó en mayo del 2022 la trágica cifra de más de 100 mil personas desaparecidas. Ante estos movimientos políticos que se rehúsan a aceptar lo que atraviesa al país, organizaciones como Amnistía Internacional han salido a pronunciarse, denunciando que:
«Más de 127,000 personas desaparecidas en México no son una cifra. Son vidas, familias, historias. Negar la desaparición forzada es invisibilizar a las víctimas, deslegitimar la lucha de las familias y perpetuar la impunidad. Amnistía Internacional rechaza la decisión del Senado Mexicano de solicitar la destitución del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU»
En añadidura, exigen:
- Reconocer la desaparición forzada como una práctica vigente y una crisis en México
- Abrir diálogo con familias, sociedad civil y organismos internacionales
- Asumir responsabilidades y actuar con voluntad política
Madres reviran: «Ese señor es un mentiroso»
Como contra respuesta, un grupo de madres buscadoras originarias de Chiapas realizó un pronunciamiento relacionado a las declaraciones de Gerardo Noroña, condenando la acción del Senado de la República y anunciando que se acercarán a las Naciones Unidas para exigir apoyo, pues resultaba claro que el Estado mexicano nunca iba a reconocer el fenómeno sistémico de desapariciones. En la sesión, participó Adriana Gómez, Liliana Pérez Gutiérrez, Silvia Betanzos, Hilda Moreno Hernández y Estela Santos Rodríguez, todas, madres buscadoras que denuncian la desaparición de sus hijas e hijos a manos de grupos armados y/o mismas autoridades chiapanecas, en apoyo a este pronunciamiento, estuvo presente la defensora Irinea Buendía.
«No nos importa el color político, queremos justicia, verdad y no repetición y que las compañeras encuentren a sus hijas, una cosa es el dolor de perder un hijo y otra cosa es la omisión del Estado Noroña habla que no hay desaparición forzada, sí hay, y tenemos casos aquí de una compañera. Sí es sistemática porque está ocurriendo todos los días en Chiapas has hay 2 mil 200 desaparecidos, la ONU tiene razón y nosotras las madres vamos a buscar a la ONU» (Adriana Gómez)
Paralelamente, Irinea Buendía refirió que en México la desaparición forzada es una realidad e intervienen sujetos armados con uniformes de militares, por lo tanto, advirtió que buscarán a la ONU para que apoyen todos los casos de desapariciones y secundó que «lo que dice Noroña no es verdad», atajando que «la ONU no miente, tiene razón en lo que está pasando».
Por su parte, la buscadora Isabel Torres, madre de Cassandra Isabel, refirió que la desaparición forzada no es un hecho aislado; ella la vivió, pues miembros de la fiscalía se llevaron a su hija hace 2 años.
Esto es sistemático porque en Chiapas desaparecen al menos 3 personas diarias, Noroña es un mentiroso porque nos reunimos con él en Chiapas y dijo que nos iba a ayudar y que nos creía, cosa que desde esa vez no la volvimos a ver. Presidenta, que sepa que no llegamos todas, que me falta Cassandra y que hay una silla vacía en mi casa (Isabel Torres)
Las buscadoras cerraron su participación al grito de: ¿Dónde están nuestros hijos dónde están? y sostuvieron que no quieren ninguna disculpa de Noroña más adelante, pues poco les importa lo que el funcionario tenga para decirles, «no es nadie importante para nosotras, porque es simplemente un mentiroso, tenemos otras cosas más importantes qué hacer como buscar a nuestros hijos».
