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18.10.2026. Paris, Fra.-El presidente francés, Emmanuel Macron, advirtió que los responsables de los disturbios, saqueos y ataques contra edificios públicos durante las movilizaciones del sábado 17 de octubre deberán responder ante la justicia.
Macron emitió un mensaje de emergencia ante la nación tras dos días de disturbios en Francia:
“Al ver estas imágenes, todos nos preguntamos: ¿qué pasa por sus cabezas? ¿Cómo pueden los franceses hacerle esto a Francia? ¿Por qué quemar el Ayuntamiento de Limoges, la oficina de turismo en Lyon, asaltar el Ayuntamiento de Marsella o atacar la residencia del prefecto en Burdeos? ¿Cómo pudieron llegar tan lejos? Nada justifica esto. Es inexplicable e imperdonable. Esta noche, todos sentimos ira y vergüenza. Ver las calles de nuestras ciudades tan devastadas es insoportable.”
Tras una de las jornadas de violencia más graves de los últimos años en Francia, el mandatario condenó los destrozos y anunció medidas para reforzar la seguridad, al tiempo que pidió no confundir a quienes protestan pacíficamente con quienes recurren a la violencia.
El presidente también expresó el malestar que dejaron las imágenes de la jornada: “Esta noche, todos sentimos ira y vergüenza”, señaló, al cuestionar cómo ciudadanos franceses pudieron participar en actos que terminaron dañando sus propias ciudades.
“Los que saquearon tendrán que pagar por los daños, y quienes intentaron derribar la República tendrán que rendir cuentas”, afirmó Macron en un mensaje dirigido a la nación el domingo 18 de octubre, en una advertencia que elevó el tono del Gobierno frente a los responsables de los ataques contra comercios, instituciones y fuerzas de seguridad.
Su mensaje buscó marcar una línea entre el derecho a manifestarse y las acciones que, según el Ejecutivo, pusieron en riesgo el orden público y las instituciones republicanas.
La advertencia llegó después de que las manifestaciones contra el encarecimiento de la vida y el deterioro de los servicios públicos derivaran en enfrentamientos, incendios y saqueos en distintas ciudades. Aunque miles de personas participaron en las protestas de manera pacífica, grupos violentos atacaron establecimientos comerciales, edificios públicos y vehículos policiales, lo que obligó a desplegar operativos antidisturbios.
Uno de los episodios más graves ocurrió en Limoges, donde el ayuntamiento, un edificio histórico del siglo XIX, fue alcanzado por las llamas y sufrió daños de consideración. En Marsella también se registraron ataques contra la sede municipal, mientras que en Lyon se reportaron incendios y destrozos en instalaciones públicas. París, por su parte, enfrentó saqueos y daños en comercios, además de nuevos choques entre manifestantes y policías.
Las cifras oficiales difundidas el domingo dimensionaron la gravedad de los disturbios. El Ministerio del Interior reportó cerca de 2 mil 400 personas detenidas durante los acontecimientos del sábado y casi mil policías y gendarmes lesionados, siete de ellos de gravedad, de acuerdo con la agencia AFP. Las autoridades describieron los hechos como uno de los episodios de violencia urbana más importantes que ha vivido el país en años.
Macron responsabilizó de los ataques a grupos radicales de extrema izquierda y a personas que, según su señalamiento, aprovecharon las movilizaciones para provocar enfrentamientos y sembrar el caos. Sin embargo, insistió en que las reivindicaciones sociales no deben confundirse con los actos delictivos.
“Nunca debemos confundir” a quienes tienen demandas legítimas con “aquellos que destruyeron, rompieron y saquearon”, sostuvo el mandatario, de acuerdo con el reporte de Le Monde sobre su intervención. La distinción resulta políticamente relevante porque las protestas reunieron a sectores inconformes con el costo de la vida y las condiciones de los centros educativos, además de participantes vinculados con distintas expresiones del descontento social.
El jefe del Estado también anunció que las autoridades reforzarían las medidas de seguridad y que se revisarían las actuaciones de las fuerzas del orden. En ese contexto, ofreció transparencia sobre el dispositivo empleado para contener las movilizaciones, mientras los prefectos —representantes del Estado en los territorios— quedaron facultados para adoptar las decisiones necesarias para proteger a la población, incluida la prohibición de determinadas concentraciones cuando las circunstancias lo justifiquen.
La respuesta presidencial se produjo en medio de cuestionamientos sobre la actuación policial y la estrategia del Gobierno para gestionar las protestas. La promesa de investigar y explicar el despliegue de seguridad busca responder a esas críticas sin renunciar a la exigencia de responsabilidades por los ataques y los daños materiales.
El primer ministro, Sébastien Lecornu, también rechazó que la violencia pudiera intimidar al Gobierno o convertirse en un instrumento para imponer una agenda política antes de las elecciones presidenciales de 2027. La referencia anticipa que la crisis de seguridad tendrá repercusiones en la disputa política francesa, en un momento de creciente tensión entre el Ejecutivo y sectores descontentos con su gestión.