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16/08/2022/ Oaxaca de Juárez, Oax/ Cimac Noticias.- El presunto agresor sexual de “Ana”, una adolescente mixteca con probable discapacidad cognitiva, hoy continúa libre. Ella y su bebé, producto de la violación, cumplieron seis meses separadas de su familia bajo el resguardo de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO).
Rafael Quiroz Mendoza y Ocsuel Quiroz Mendoza, el tío y el hermano de “Ana” respectivamente, acusaron que hay protección tanto de la Fiscalía como de las autoridades municipales hacia la persona señalada por el delito.
“Nosotros estamos muy preocupados porque no nos han dejado hablar con ella, la información que nos dan es contradictoria: a mí me dicen que ella está con la bebé y a su hermano, que están separadas. Por otro lado, no han detenido al agresor y creemos que lo están protegiendo desde la autoridad municipal porque los apoyó durante su campaña. Esto es injusto, nos tratan así porque somos indígenas”, protestó Rafael, quien denunció el delito y la cadena de violencias que sufrió la adolescente.
“Ana” es originaria de San Juan Colorado y vive con una discapacidad probablemente cognitiva, lo que la ha vuelto aún más vulnerable a violaciones a sus derechos. Además de la violación y el embarazo forzado, la adolescente fue entregada de manera irregular a una pareja que dispuso que la joven fuera su empleada del hogar para pagar los gastos de su proceso de embarazo.
Rafael Quiroz Mendoza acusó que Dalia Hernández Solano, presidenta del DIF municipal de San Juan Colorado, y su auxiliar Angélica Quiroz García han manipulado la información sobre el caso para defender al presunto violador de su sobrina.
“La Fiscalía no ha girado ninguna orden de aprehensión contra el abusador porque la presidenta del DIF ha salido a favor de él. Como somos indígenas y mi papá no sabe hablar el español, lo están dejando a un lado; nos ven como personas de escasos recursos y por eso no hay justicia para nosotros”, destacó Rafael Quiroz.
Mientras tanto, “Ana” permanece bajo resguardo de la Fiscalía de Oaxaca, instancia a la que se le solicitó información al respecto desde el pasado 27 de julio sin que hasta hoy haya una respuesta.
Nelly Martínez Echartea, integrante del Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), ha dado acompañamiento al caso y señaló que, pese al tiempo transcurrido, la Fiscalía no ha emitido la valoración médica y psicológica que determine concretamente si “Ana” tiene una discapacidad cognitiva que le impida estar al cuidado de su bebé dentro de su núcleo familiar.
La activista resaltó que también es incomprensible que a seis meses del resguardo de “Ana”, tampoco se le permita al abuelo comunicarse con ella: “Si hay una razón, que la digan: si también el abuelo cayó en violencia u omisiones por no haberla podido defender de la violencia de la mamá, el padrastro o de quién sabe quién más; pero mientras no haya un cargo, mientras no haya algo que sea jurídicamente aceptable, no pueden mantenerla en ese estado que podríamos decir de reclusión”, aseveró Martínez Echartea.
La defensora consideró, además, que la manera tan abrupta en la que separaron a “Ana” de su localidad representa un acto de violencia: “La sacaron de su contexto, y al mantenerla en ese estado de incomunicación y reclusión sin tener elementos que lo justifiquen, la están arrebatando de raíz, negándole su derecho a la identidad cultural”, concluyó.
