“Para no ser mudos hay que comenzar por no ser sordos”.
Eduardo Galeano.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) presentó el informe sobre el gasto que realizarán las 32 legislaturas locales del país. La Ciudad de México, El Estado de México, Michoacán y Veracruz destacan por tener los presupuestos más altos: 1766 MDP, 1281 MDP, 923 MDP y 776 MDP, respectivamente, encabezan la danza de los grandes presupuestos legislativos locales.
En el ejercicio del presupuesto asignado a las legislaturas estatales una “costumbre” ha creado un rubro de “ayudas sociales” que representa un gasto por el orden de 1852 MD en 25 de 32 congresos estatales, gasto que se realiza de manera discrecional y sin sujetarse a reglas de operación (que implican justificación y comprobación del gasto). “Apoyos” que en Veracruz fueron por el orden 36% del total del presupuesto destinado al congreso estatal y el cual el Presidente de la República ha reprobado públicamente al ser enfático en señalar que los legisladores no son gestores ni “bajadores” de recursos.
Esto significa que mientras algo así como 279 millones de pesos del presupuesto de la legislatura estatal fueron ejecutados de forma discrecional por el congreso, al Sistema Estatal Anticorrupción le fue groseramente rasurado su presupuesto, tanto para el órgano técnico que lo auxilia, como para los entes públicos que lo conforman bajo el discurso de austeridad y responsabilidad del ejercicio del gasto público.
A simple vista pareciera que esos “ahorros” comienzan a tener un destino que queda al libre arbitrio de quienes lo detentan. Como reza la máxima: a los amigos justicia y gracia, a los demás justicia, a secas.
Mientras eso pasa con el presupuesto para el Sistema, continúa ese desdén y campaña de descrédito hacia el órgano ciudadano que forma parte del propio SEA. Lo anterior se comprende, pues el Comité de Participación Ciudadana se ha convertido en una verdadera piedra en el zapato para quienes quieren que la lucha contra la corrupción transite sobre la línea oficialista y no sobre la ciudadana.
Y es que la postura en contra el Comité de Participación Ciudadana descansa básicamente en restringir su capacidad operativa privándole de recursos, espacios y oportunidades para poder realizar su trabajo de manera adecuada.
Un retroceso por donde quiera que se vea, pues mientras que en los últimos años se había avanzado de manera considerable en el tema de la participación ciudadana, en un bucle “espontáneo” nos situamos nuevamente en la postura de cerrar las puertas a la ciudadanía y abrir nuevamente aquellas lúgubres ventanillas burocráticas de hace algunas décadas en las que te atendía quien quería, cuando quería y como quería.
Ahora se sabe que al presupuesto rasurado otorgado para este año, nuevamente se le realizarán ajustes para dejarlo en una cantidad aún menor para el 2020 que, inevitablemente, desembocará en recortes de personal, recorte de gastos operativos y una crisis de funcionalidad en las dependencias y organismos públicos.
Nuevamente habrán familias que se queden sin sustento, profesionistas sin oportunidades y proyectos que se irán a la basura, pero eso sí habrá harta lana para gastar de manera discrecional en “apoyos” y pachangas.
En lo que respecta al Comité de Participación Ciudadana, la postura no es pedir más para gastar más, sino pedir lo que se necesita para atender las obligaciones legales, esas que ya la revisión de la cuenta pública 2018 dijo que no se han atendido adecuadamente. Como integrante del Comité de Participación Ciudadana quiero dejar constancia de que, en la dinámica actual, se nos privan de los recursos económicos y de los espacios para poder desempeñar adecuadamente nuestras funciones, que para cuando se pregunte qué hacemos o qué no hemos hecho, se voltee a ver también el pírrico presupuesto y las condiciones en las que desempeñamos nuestra labor.
La exigencia no es para gastar más, sino de congruencia y sinceridad. Congruencia entre el discurso y los hechos en el tema de combate a la corrupción, y sinceridad con la ciudadanía para que se aclare de una vez el rumbo de esta lucha.
Lucha en la que una servidora estaba mucho antes del Sistema, así como muchas personas que ahora tengo el gusto de conocer; a nosotros no nos legitima un nombramiento, nos legitiman nuestros actos, pues al final, con o sin presupuesto, seguiremos denunciando y seguiremos de pie para que esto cambie en beneficio de la sociedad.
Por eso, ante esa situación debe haber sinceridad en el discurso.
El presupuesto que pretende otorgársele a la Secretaría Ejecutiva del Sistema para este año es por el orden de 18 MDP; un organismo que no ha generado ninguna acción substancial, que en la revisión de la cuenta pública de 2018 reporta un daño patrimonial de consideración y que al paso que va apunta para convertirse en un elefante blanco digno del olvido que terminará estigmatizando y endeudando a sus empleados.
Con ello se cerraría la pinza de lo que parece ser una estrategia que busca matar al Sistema Estatal Anticorrupción de inoperatividad, desde el interior o el exterior, eso está por verse.
Queda ahí la denuncia.
Mtra. Alma Delia Hernández Sánchez
Integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz.
