/ Jesús Silva-Herzog Márquez /
Los derechos cuestan. Para que las libertades se sostengan es necesario fincar su garantía. Si no encuentran respaldo en el presupuesto, los derechos son declamación, pura demagogia. Ese es principio que defiende en estos momentos el Instituto Nacional Electoral. La controversia que ha desatado trasciende la consulta revocatoria. Toca el núcleo del Estado: su soporte material. No puede hablarse de equilibrios ni de arbitrajes si no se toma en serio el sustento presupuestal de las instituciones. No exagero cuando digo que el tema del día es vital para la pervivencia de la democracia mexicana: sin base económica, los órganos del pluralismo constitucional se extinguen.
El politólogo Stephen Holmes y el abogado Cass Sunstein dedicaron hace unos años un libro al asunto. Se titula precisamente El costo de los derechos. El trabajo es importante porque confronta ciertas ingenuidades liberales que, curiosamente, se han vuelto parte fundamental del sermón populista. Ese discurso de monasterio que se desentiende de las sumas y de las restas predica que la austeridad es una virtud que no puede entorpecer la acción del Estado. La voluntad, cuando es limpia, lo puede todo. La honestidad hace milagros. El argumento de Holmes y Sunstein muestra el absurdo de ese voluntarismo. Su argumento es claro: la libertad cuelga, primero, de los impuestos y, después, de los presupuestos. Los derechos no son triunfos contra el Estado, sino en buena medida, conquistas que se garantizan a través de su intervención puntual y eficiente. Bajo un Estado enclenque no pueden prevalecer los derechos. Por eso puede decirse que los derechos electorales son una farsa si no encuentran la protección de instituciones solventes.
El conflicto tiene un cauce de solución. A los tribunales corresponderá dilucidar el asunto. ¿Puede un órgano del Legislativo obstaculizar el cumplimiento de una función constitucional negando los recursos indispensables a la institución responsable? Si al Instituto Nacional Electoral corresponde la tarea de organizar el revocatorio, necesita contar con los recursos suficientes para hacerlo con los niveles de confiabilidad que requiere cualquier elección constitucional. El INE no puede prestarse para dar sello de legitimidad a una farsa de apariencia democrática. Simular la ratificación puede ser muy barato, pero organizar una elección constitucional, manteniendo todos los rigores, cuesta.
Digo que el asunto trasciende el proceso de la revocación de mandato en la que se empecinan el Presidente y sus simpatizantes porque confronta los límites constitucionales de la mayoría. ¿A qué decisiones presupuestales está obligada una mayoría parlamentaria? ¿Estamos dispuestos a concederle a la mayoría el poder de estrangular presupuestalmente a órganos constitucionales? ¿Podrían los diputados reducir el presupuesto del Poder Judicial al punto de incapacitarlo para cumplir con sus funciones básicas? Eso es lo que está en juego. Lo que resuelva la Suprema Corte para el órgano electoral tendrá implicaciones para el resto de los órganos del Estado. Si la mayoría tiene como enemigo el día de hoy al Instituto Nacional Electoral, mañana puede poner bajo la mira a cualquier otro órgano del Estado. Los ministros de la Corte no podrán más que verse reflejados en la suerte del árbitro electoral. Tras una campaña de desprestigio, un recorte despiadado. A la Suprema Corte de Justicia le corresponde restablecer, ni más ni menos, que el fundamento presupuestal de los equilibrios.
Otro hilo de la controversia me parece relevante: la necesidad de exigirle razones a la mayoría. Controlar un órgano como la Cámara de Diputados no exime del deber democrático de razonar. Mientras el Instituto Nacional Electoral ha ofrecido el cálculo de lo que, a su juicio, costaría el proceso revocatorio, la mayoría ha respondido con invectivas, con absurdos e, incluso, con insinuaciones de ilegalidad. Esos han sido los “argumentos”: ustedes son la mafia del poder; renuncien a su salario y les alcanza, aprópiense de lo que no les corresponde y con ello se paga la consulta. La controversia que se aproxima toca otra cuerda importante de la democracia: la mayoría no puede fundar su actuación en el prejuicio. Todos los órganos del Estado tienen el deber de ofrecer razones.
