*El informe Prohibido Investigar, elaborado por Propuesta Cívica, sostiene que entre 2010 y 2016 la violencia contra periodistas en Veracruz fue posible por un contexto de macrocriminalidad.
*Foto: Angélica Cortez / El documento plantea que los crímenes contra periodistas no fueron hechos aislados.
/Escrito por Georgina Monroy Vázquez /
05.08.2026 /CimacNoticias.com/ Los asesinatos de periodistas ocurridos en Veracruz durante el periodo más violento para la prensa en la entidad no fueron hechos aislados ni consecuencia exclusiva de la violencia del crimen organizado. De acuerdo con el informe Prohibido Investigar. La impunidad sostenida en crímenes contra periodistas en Veracruz, elaborado por el Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica, estos crímenes se desarrollaron en un contexto de macrocriminalidad, corrupción e impunidad institucional que impidió garantizar el acceso a la verdad y la justicia para las víctimas y sus familias.
El documento analiza la violencia contra periodistas durante los gobiernos de Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa, con especial énfasis en los asesinatos cometidos entre 2011 y 2012 contra Miguel Ángel López Velasco, conocido como «Milo Vela»; su esposa Agustina Solana Melo; su hijo Misael López Solana; así como Yolanda Ordaz de la Cruz, Gabriel Huge Córdoba, Guillermo Luna Varela, Esteban Rodríguez Rodríguez y Ana Irasema Becerra.
La investigación sostiene que, lejos de responder a casos independientes, estos asesinatos formaron parte de un patrón de violencia sostenido por estructuras criminales que operaban con redes de complicidad entre actores gubernamentales, empresariales y del crimen organizado, fenómeno que el informe identifica como macrocriminalidad.
La impunidad como una falla estructural
En la presentación del informe, Propuesta Cívica afirma que entre 2010 y 2016 Veracruz se convirtió en uno de los escenarios más peligrosos para ejercer el periodismo en México.
Durante ese periodo, señala, en promedio un periodista fue asesinado cada tres meses. Sin embargo, advierte que el problema no radica únicamente en la violencia letal, sino en la ausencia de investigaciones eficaces que permitieran sancionar a los responsables y desmontar las estructuras que posibilitaron esos crímenes.
El informe sostiene que las deficiencias institucionales no constituyeron hechos excepcionales, sino fallas estructurales que favorecieron la repetición de los ataques contra la prensa.
«La impunidad no es una simple omisión del Estado; representa una forma de administración institucional», advierte el documento al explicar que la ausencia de investigaciones efectivas permitió que los asesinatos de periodistas continuaran sin consecuencias para quienes los cometieron.
Investigar sin contexto perpetúa la impunidad
Uno de los principales hallazgos de la investigación es que las fiscalías analizaron los delitos de manera fragmentada, sin relacionarlos con el contexto de violencia generalizada ni con las redes de macrocriminalidad que operaban en Veracruz.
De acuerdo con Propuesta Cívica, investigar homicidios, desapariciones, secuestros o ataques contra periodistas como hechos independientes impide identificar patrones, responsabilidades institucionales y vínculos entre actores públicos y grupos criminales. En consecuencia, también limita el acceso a la verdad y a la justicia.
Por ello, el informe plantea que las investigaciones deben incorporar el contexto político, social y criminal en el que ocurrieron los hechos para comprender la lógica detrás de la violencia y establecer responsabilidades más allá de los autores materiales.
Libertad de expresión bajo amenaza
La investigación dedica un apartado al derecho a la libertad de expresión y recuerda que éste constituye uno de los pilares fundamentales de toda sociedad democrática.
Retomando estándares internacionales de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el informe señala que garantizar el ejercicio periodístico implica proteger tanto el derecho individual de quienes informan como el derecho colectivo de la sociedad a recibir información libre, plural y oportuna.
En ese sentido, sostiene que la violencia contra periodistas no sólo afecta a las víctimas directas, sino que limita el acceso a la información y debilita la democracia.
Asimismo, documenta que durante el gobierno de Javier Duarte existieron agresiones, amenazas, presiones económicas sobre medios de comunicación y campañas de desprestigio contra periodistas asesinados, además de un ambiente de miedo que favoreció la autocensura.
Veracruz, un escenario de violencia sistemática
Como parte del contexto analizado, el informe describe que durante los gobiernos de Fidel Herrera y Javier Duarte se consolidaron estructuras criminales que actuaban en estrecha colusión con funcionarios públicos, dando lugar a un escenario caracterizado por violencia sistemática, corrupción e impunidad institucional.
El documento también refiere que, de acuerdo con registros citados en la investigación, el gobierno de Javier Duarte acumuló 18 periodistas asesinados, mientras que Veracruz concentra el mayor número de asesinatos de periodistas registrados en el país hasta 2025.
Verdad, justicia y garantías de no repetición
Como conclusión, Propuesta Cívica plantea que reconstruir estos casos resulta indispensable para romper los ciclos de violencia e impunidad.
Entre sus principales demandas se encuentran el reconocimiento de la responsabilidad estructural del Estado, investigaciones que incorporen el contexto de macrocriminalidad, el acceso a la verdad y la justicia para las víctimas y sus familias, así como garantías efectivas de no repetición.
Para la organización, nombrar lo ocurrido en Veracruz constituye una obligación frente a una de las etapas más violentas para el ejercicio periodístico en México.