Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 9 de junio de 2024.
Agradecimientos
¿Por qué estamos aquí de nueva cuenta? Porque el llamado de Justicia para Sol se ha convertido, lamentablemente, en Seis años de impunidad.
Estamos aquí, en este emblemático lugar, donde hace seis años hice un llamado a las autoridades para que se castigara el triple asesinato de mi hija, de Pamela Itzamaray Terán Pineda y de Adelfo Jiménez Guerra cometido el 2 de junio de 2018 en Juchitán de Zaragoza.
En estos 6 años nos hemos topado solo con una realidad: la incapacidad de las instituciones responsables de investigar dos feminicidios y un homicidio calificado.
Nos hemos encontrado de frente a la complicidad del Estado patriarcal que no protege los derechos de las personas y en específico de las mujeres.
Con sus acciones, cada una de las personas que componen el funcionariado han edificado un entramado de corrupción.
Seis años después podemos decirlo, estamos frente a un crimen de Estado.
En estos seis años han ocurrido más de 18 mil asesinatos violentos de mujeres, apenas poco más de una cuarta parte han sido considerados como feminicidios, con lo que el sistema mexicano oculta que vivimos en una sociedad machista que sigue castigando a las mujeres por ser mujeres, por considerar que no tienen valor y por tanto carecen de derechos.
En esa realidad hemos intentado caminar en busca de justicia para Sol, con puertas que abren hacia la esperanza, para cerrarse muy pronto. Nuestro esfuerzo cotidiano, ese tocar puertas y no tener acceso a la justicia es la muestra plena de seis años de fracasos, no son nuestros fracasos, estamos frente al fracaso del sistema judicial, uno que protegió y por tanto se ha negado sistemáticamente a castigar a los autores intelectuales y materiales de su feminicidio ocurrido en un contexto de electoral y de corrupción de servidores públicos, además del robo de su equipo de trabajo.
El asesinato de mi hija sucedió en el fin del sexenio del priista Enrique Peña Nieto, pero también es cierto que durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se ha cometido el delito de negar el acceso a la justicia, de permitir que nada cambie, incluso de premiar con su amistad y abrigo a quien protegió a los perpetradores, el ex gobernador priista Alejandro Murat Hinojosa, quien es hoy un virtual senador de la república por el mismo partido del presidente y de la futura presidenta de México.
El gobernador de Oaxaca Salomón Jara Cruz ni nos ve ni oye. Esa es su política de estado con las madres que buscamos justicia para nuestras hijas y las organizaciones que nos acompañan y por esa conducta es corresponsable de la condición de discriminación contra las víctimas, contra nosotras y contra la sociedad oaxaqueña.
Tres fiscales de Oaxaca han conocido de los hechos. El primero, Rubén Vasconcelos Méndez fue el responsable de fincar los cimientos para que todos juntos cometieran el crimen de Estado, en sus manos estuvo el saqueo de pruebas periciales de la carpeta de investigación, entonces por homicidio calificado, y aun cuando supo de nombres de posibles autores intelectuales y materiales se negó a ordenar las investigaciones necesarias, incluso ocultó la información, como lo afirmó un funcionario cercano a él.
El segundo Arturo Peimbert Calvo optó por solicitar el sobreseimiento de la carpeta de investigación de manera parcial tras encontrar, lo que llamó, 40 “errores”. Al tiempo de abrir una nueva carpeta por el delito de feminicidio de Pamela y María del Sol y homicidio calificado en el caso de Adelfo. Y cuando digo abrir una nueva carpeta solo se trató de eso. Nadie más investigo.
Y el actual fiscal de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla se declaró imposibilitado de emprender la investigación ante la falta de pruebas y porque había pasado ya mucho tiempo, lo que revela las carencias profesionales y científicos de la institución y su personal. De ahí que, en diciembre pasado determinó cerrar definitivamente la investigación.
Aprovecho, para recordar y hacer un llamado al Congreso de Oaxaca porque esta semana se cumplen siete años desde que fueron electos, la fiscal “especializada” en delitos electorales a Esther Araceli Pinelo López y el fiscal anticorrupción Jorge Emilio Álvarez Iruegas, como los fiscales generales, han sido omisos con las demandas de justicia y complacientes con los señores poder o de los poderes. Corresponde ahora al congreso local actuar con responsabilidad y exigir cuentas, a la primera por no actuar con la debida diligencia en un caso de delito electoral y al segundo porque le tembló mano para sancionar al funcionariado que evidentemente solapó actos de impunidad, corrupción y complicidad.
En estos seis años hemos documentado, en el día a día, cómo este triple asesinato y en específico el feminicidio de María del Sol y los otros delitos cometidos contra ella, son un ejemplo claro del fallido estado de derecho, y por tanto de la negación sistemática de la justicia y la verdad.
Las 13 balas que asesinaron a mi hija se han multiplicado con el actuar de funcionarios y funcionarios de todos los niveles de gobierno y de los diversos poderes del Estado. En estos dos mil 198 días sin María del Sol, hemos tenido que transitar en medio de todos esos agravios, hemos sido revictimzadas y la falta de resultados se han traducido en tortura para nosotras, la familia de MS, vivimos con incertidumbre ante la ausencia de la verdad.
Pero no es solo contra nosotras, por cada asesinato y por cada acto de negación de justicia hay un efecto directo en la sociedad. La sociedad es corresponsable también cuando permanece callada, cuando se convierte en observadora de los hechos, pensando que estos asesinatos solo le ocurren a “las otras personas”.
En un país como el nuestro, ninguna mujer puede sentirse a salvo. Como sociedad estamos obligados a exigir justicia, a dejar de naturalizar la impunidad, ese gusano que carcome nuestra carne viva
Como hace seis años estamos aquí para recordarle al Estado mexicano que NOSOTRAS NO OLVIDAMOS.
Justicia para Sol
No más impunidad.
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