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Xalapa, Ver. 04 de Junio de 2026.- En Veracruz la simulación de programas sociales constituiría el delito de fraude y quedaría tipificada en el Código Penal del estado, de acuerdo con la Iniciativa presentada por la diputada Elizabeth Morales García en la Decimotercera Sesión Ordinaria.
Ante el Pleno del Congreso, la legisladora señaló que en la entidad, como en el resto del país, han sido documentados casos de personas que se presentan falsamente como servidores públicos, promotores o gestores de programas gubernamentales para obtener dinero, documentación personal, datos bancarios o cualquier otro beneficio indebido.
Estas conductas –indicó- afectan de manera desproporcionada a las personas adultas mayores, quienes frecuentemente son seleccionadas como víctimas, debido a la confianza que depositan en la autoridad, a la brecha digital y a las dificultades que enfrentan para verificar la autenticidad de la información que reciben.
En razón de lo anterior, la representante popular propone que quede establecido en el Código Penal del estado que comete el delito de fraude mediante la simulación de programas sociales quien, por sí o interpósita persona, se ostente falsamente como servidor público, gestor, promotor o representante de cualquier institución pública u ofrezca, gestione, tramite, condicione o prometa la entrega de apoyos económicos, pensiones, becas, subsidios, programas sociales o cualquier beneficio gubernamental inexistente.
De igual forma, quien solicite dinero, contraprestaciones, depósitos, comisiones, documentos personales, datos bancarios o cualquier otro beneficio económico mediante el engaño de facilitar el acceso a programas o apoyos gubernamentales o utilice indebidamente nombres, símbolos, logotipos, documentos, uniformes, credenciales, imágenes institucionales o cualquier elemento que induzca a creer que actúa en representación de una autoridad o entidad pública.
A quien incurra en cualquiera de estas conductas se le impondría una pena de cuatro a diez años de prisión y multa de 400 a 800 Unidades de Medida y Actualización (UMAs).
Dichas penas, añade, aumentarían hasta en la mitad cuando la víctima sea una persona adulta mayor, indígena, afrodescendiente, con discapacidad o perteneciente a un grupo en situación de vulnerabilidad, cuando participen dos o más personas o se utilicen medios electrónicos, redes sociales, plataformas digitales o telecomunicaciones para la comisión del delito.
También cuando el responsable haya obtenido datos personales de la víctima para fines distintos a los autorizados o cuando el engaño tenga como finalidad obtener documentos de identificación oficial, datos personales o cualquier información utilizada para fines políticos o electorales.
La reparación del daño comprendería la restitución de recursos, la devolución o cancelación de documentos obtenidos mediante engaño y la adopción de medidas necesarias para evitar el uso indebido de datos personales obtenidos.
La Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona el Artículo 217 Bis al Código Penal del estado de Veracruz, a la que se adhirieron los grupo legislativos del Partido Acción Nacional (PAN) y de Morena y el diputado Ramón Díaz Ávila, fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales, de Bienestar y Desarrollo Social y de Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Familia.