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21.12.2023 /Cimac Noticias.com/ Ciudad de México.- Senadoras y senadores que integran la Comisión de Estudios Legislativos Primera aprobó un dictamen que tiene el propósito de aumentar las penas de prisión, que contempla el Código Penal Federal para el delito de violencia familiar, cuando se comenta en contra una mujer embarazada, una persona adulta mayor o una persona con discapacidad.
El documento detalla que, según cifras de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cada 18 segundos una mujer es violentada en el mundo, mientras que en México, 54 de cada 100 mujeres son víctimas de violencia infligida por su pareja.
Los integrantes de este órgano legislativo, que preside la senadora Mayuli Latifa Martínez Simón, aprobaron, por unanimidad, la minuta que envió al Senado de la República la Cámara de Diputados, a fin de reformar el artículo 343 BIS de dicho Código.
Cabe recordar que esta disposición establece que a quien incurra en este ilícito se le impondrán de 6 meses a 4 años de prisión, además de que perderá el derecho de pensión alimenticia y se le sujetará a tratamiento psicológico especializado.
Las y los legisladores adicionaron un tercer párrafo para precisar que cuando las conductas descritas en el presente artículo se cometan en contra de una mujer embarazada, una persona adulta mayor o una persona con discapacidad, la pena se aumentará hasta en una mitad, en su mínimo y en su máximo.
El dictamen tiene el propósito de prevenir y sancionar todas las conductas que generen violencia familiar, en especial contra las mujeres embarazadas, porque la comisión de este delito va al alza y siempre se acompaña de otra serie de problemas, como es la posibilidad de sufrir abortos espontáneos, muerte fetal, parto prematuro, entre otros.
En el documento se subraya que en una investigación realizada por Human Rights Watch durante los años 2018 y 2019 en algunas entidades federativas, se documentan hechos de violencia ejercida por familiares contra personas con discapacidad, tanto físicas, sensoriales, intelectuales y psicosociales.
En ese tenor, sostiene que los abusos sufridos por las personas con discapacidad incluyen violencia física, sexual, abuso psicológico, descuido, confinamiento y amenazas verbales, mismas que son cometidos por los padres, los familiares políticos, los padrastros y madrastras y otros familiares.
La Comisión de Estudios Legislativos Primera también avaló una propuesta de la Cámara de Diputados que tiene por objeto de considerar las agravantes previstas en el artículo 266 Bis del Código Penal Federal, para sancionar a quien cometa el delito de abuso sexual en contra de una persona menor de 15 años.
Combate a violencia intrafamiliar
Para erradicar la violencia contra mujeres embarazadas, el pleno del Senado de la República aprobó, por unanimidad -con 87 votos a favor-, el 12 de septiembre de este año, un dictamen que tiene por objeto aumentar, hasta en una mitad más, las penas ya establecidas para los delitos de lenocinio, intimidación, abuso sexual, violación, amenazas y lesiones, cuando la víctima esté embarazada al momento de la comisión del ilícito.
El proyecto, que modificó los artículos 206, 219, 260, 265, 282, 291, 292 y 293 del Código Penal Federal, refiere que si bien el castigo por estas transgresiones ya lo estipula la Ley, las penas no contemplan como agravante del delito la condición de embarazo.
Al respecto, la presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero, explicó que estas reformas obedecen a que “lamentablemente” se ha demostrado que las mujeres durante su embarazo sufren de violencia física, sexual, amenazas de tipo sexual o psicológico/emocional.
Mencionó que estas agresiones pueden generar riesgos tanto para la vida de la madre como para la del no nacido, ya que provocan estrés, ansiedad y depresión que afectan directamente el embarazo y son factores que pueden limitar el desarrollo de las conexiones cerebrales del bebé.
Con las reformas, los legisladores pretenden establecer mejores condiciones de seguridad para las mujeres embarazadas y también enviar un mensaje claro sobre la postura del Estado mexicano con relación a la violencia contra las mujeres y, sobre todo, su obligación de tutelar de manera eficiente y eficaz la protección más amplia a la mujer, la vida, la libertad y la seguridad de las personas.
En el dictamen se detalla que conforme los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a julio de 2021, 4.37 por ciento de las llamadas de emergencia reales al 911, fue por violencia familiar.
