*Escrito por Julieta Regina León Marín .
01.03.2025/CimacNoticias.com/ Ciudad de México. – Con el objetivo de procurar derechos humanos fundamentales de vivienda y salud de las mujeres que salen de prisión, la vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Capitalino, Rebeca Peralta León, solicitó habilitar Centros de Refugios para mujeres privadas de la libertad en especial adultas mayores asegurando la pronta reinserción una vez cumplan con su sentencia.
No hay que olvidar que el país enfrente falta de políticas de reinserción social para las mujeres así como programas con perspectiva de género para hacer valer los derechos de las mujeres que fueron privadas de su libertad y una vez que cumplen su sentencia.
Esto se trajo a discusión luego que conocer que hay 7 mujeres adultas mayores quienes están por salir del Centro Femenil de Readaptación Social (CEFERESO) Tepepan y no tienen a donde ir, por tanto, el Palacio Legislativo de Donceles fue lugar para poner en discusión una iniciativa que pretende considerar a las mujeres liberadas de prisión en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Esta reforma aboga por considerar a las mujeres puestas en libertad como “mujeres en condición de vulnerabilidad”, y así puedan acceder a Casas de Emergencia Centros de Refugio, como apoyo en caso de no contar con un hogar al cual regresar una vez cumplan con su sentencia.
Peralta, mostró gran interés en que se considera la calidad de vida de las mujeres adultas mayores en situación de abandono, puesto que, tras la llegada de su fecha de liberación tienden a presentar cuadros depresivos que limitan sus oportunidades de reintegrarse a la sociedad.
«salen a enfrentar un mundo para el que sienten que ya no están preparadas, en el que sienten que ya no encajan, se sienten olvidadas, señaladas y estigmatizadas»- Rebeca Peralta.
Al menos en el Cefereso Tepepan, hay 22 mujeres privadas de la libertad en abandono total, pues una vez dictaminada su sentencia dejaron de recibir visitas, debido a que sus familiares cortaron lazos de comunicación, y en muchos de los casos fueron despojadas de sus propiedades y bienes materiales.
Aunado a las anteriores, hay un censo de 38 mujeres adultas mayores que presentan problemas de discapacidad física, 25 más con discapacidades psicosociales, 10 inimputables, 30 con enfermedades crónico-degenerativas y 7 con VPH, que una vez concluida su condena necesitaran de apoyo médico y moral para continuar con su vida.
Muchas de estas mujeres carecen de información que garantice un digno ejercicio de sus derechos, condicionando su acceso a medicamentos para continuar con sus tratamientos o lugares que las apoyen en caso de no contar con un hogar al cual regresar, base fundamental para la existencia de refugios seguros que de forma profesional guíen su camino en libertad.
Peralta, expuso esta iniciativa como fundamental, pues brindarles las herramientas a las mujeres que ya cumplieron con su condena y pagaron su deuda con la sociedad, las ayudaría a incluirse de manera óptima a la sociedad, reduciendo considerablemente la posibilidad de que vuelvan a delinquir.
Antecedente de la iniciativa
Rebeca Peralta indicó que una de cada diez internas de los penales femeniles de CDMX son adultas mayores, quienes representan el 12 por ciento de la población en reclusión.
Y estas mujeres no tienen en donde pasar su vejez una vez que cumplen su condena, pues son abandonadas por sus familiares y en muchos de los casos despojadas de sus propiedades, sembrando miedo en ellas a raíz de la duda de qué harán cuando llegue el día de su liberación.
«son adultas mayores que piensan, incluso, volver a delinquir para regresar a prisión… pero si tuvieran una red de apoyo sería distinto»- Rebeca Peralta.
Por ello, afirmó, es necesaria la creación de un Sistema de Cuidados de la Ciudad de México, al que puedan ingresar apenas sean liberadas si esa es su voluntad; que les ofrezca un hogar que de forma paralela las apoye con cuidados especiales médicos de ser necesarios.
Aunque hasta el momento aún es una propuesta al aire, Peralta, la sustenta con el Presupuesto de Egresos 2025 aprobada desde el año pasado, que por primera vez incluye un capítulo especializado en políticas enfocadas a garantizar el derecho constitucional de las personas cuidadoras y de quienes requieren cuidados, considerando los casos de las mujeres puestas en libertad que no cuentan con un apoyo en el resguardo de su salud.
Situación de las mujeres privadas de la libertad en México
Al menos hasta el cierre del 2023, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló que de las 233 mil 277 personas privadas de la libertad en el país, 13 mil 297 son mujeres, muchas de ellas aún permanecen sin sentencia, llegando a esperar hasta 2 años por un dictamen oficial.
Siendo la falta de perspectiva de género, de los mayores obstáculos a los que se enfrentan las mujeres privadas de la libertad, pues aunque la población femenil en penales mexicanos sólo represente el 5.7 por ciento de la población total, esto también significa que son ignoradas sus necesidades particulares.
De los más de 300 centros penitenciarios en el país, sólo 18 penales son femeniles, estos albergan al 40.2 por ciento de las mujeres privadas de la libertad, es decir, al menos 5 mil 345 mujeres, siendo el Estado de México, Ciudad de México, Baja California, Puebla, Jalisco Nuevo León y Veracruz los estados con mayor población femenina en sus respectivos penales.
El resto de las mujeres privadas de la libertad, es decir, el 59.8 por ciento se encuentran en centros penitenciarios mixtos careciendo de espacios dignos y servicios específicos para atender las necesidades de las internas, información brindada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
De acuerdo con EQUIS Justicia para las Mujeres, a partir del año 2019, el número de mujeres en prisión ha crecido un 23 por ciento, esto muy probablemente se debe a que los principales delitos por los que están en prisión se encuentran dentro del artículo 19 constitucional; es decir, aquellos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
A nivel estatal, ellas van a prisión por robo, secuestro y homicidio. Mientras que, a nivel federal por delitos contra la salud, así lo documentó la organización a través del ‘Taller de análisis de sentencias’, que realizó junto a mujeres ex privadas de la libertad.
«En muchos de los casos, llegaron a prisión porque: fueron obligadas a cometer delitos bajo amenazas; estaban viviendo una situación de asimetría de poder y violencia; o para poder cumplir con roles de cuidado y asegurar el alimento de la familia», señala EQUIS
Con base en esta información, EQUIS añade que son las mujeres de escasos recursos, con responsabilidades de cuidado y poco o nulo acceso a la educación las que en su mayoría terminan en prisión.
