*Escrito por Cirenia Celestino Ortega.
Las mujeres periodistas llevan 35 años siendo el centro de la acción de CIMAC, en nuestros inicios abrimos espacios para proponer coberturas innovadoras que colocaran en el centro a otras mujeres, contar sus historias de lucha y cuestionar a las instituciones sobre las acciones que tomaban o no para garantizar sus derechos.
Hoy el panorama ha cambiado. Trabajamos para que las periodistas puedan ejercer el periodismo en entornos más seguros. Contamos historias de violaciones graves a derechos humanos en las que se convierten en blanco de ataque. Narramos historias de madres, hermanas, hijas, esposas en busca de sus seres queridos desaparecidos.
Entendimos que las periodistas son defensoras de derechos humanos al acompañar a las víctimas desde su labor periodística y que comparten con otras tantas defensoras (de la tierra, el territorio y el agua, del derecho al acceso a la justicia, de los derechos sexuales y reproductivos y defensoras otros tantos derechos), el riesgo, la amenaza, la desilusión, la desesperanza, pero también la rabia.
Y esta misma condición la comparten con las buscadoras. Estas mujeres que no están incluidas en la ley de protección porque no son reconocidas como defensoras, pero que hoy sabemos, son doblemente víctimas, además de defensoras. Son víctimas indirectas de la desaparición, pero son también víctimas directas al ser amenazadas por buscar a sus desaparecidas y desaparecidos.
Hoy nos encontramos ante un riesgo permanente, grave, latente para buscadoras, defensoras y periodistas con impactos en sus cuerpos, estados de ánimo, relaciones familiares, comunitarias y en su proyecto de vida que es amenazado de manera permanente.
La violencia en el país, no cesa. Contrario a ello, vivimos con preocupación la militarización con el riesgo que implica para la seguridad, la vida de las mujeres y la presencia de grupos criminales que ganan poder. Todo esto frente a la inacción de las autoridades que no implementan políticas para disminuir ni la micro ni la macrocriminalidad.
Autoridades que realizan búsquedas en fosas, mientras nosotras tenemos la esperanza de encontrar con vida. Autoridades que saben del riesgo de las labores de búsqueda y, aun así, no generan medidas para la seguridad de las mujeres que encabezan la mayoría de los colectivos.
El miércoles pasado presentamos Diagnóstico participativo Hacia una política pública para la protección integral de las defensoras y periodistas en el estado de Guanajuato, una realidad presente en todo el país.
El Diagnóstico suma a buscadoras, defensoras, periodistas quienes logran plasmar los grandes pendientes para lograr una política de protección integral y con un enfoque feminista.
Este Diagnóstico es resultado de la suma de experiencias de las mujeres buscadoras, defensoras y periodistas de Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Oaxaca y San Luis Potosí. Lo presentaremos en cada entidad federativa.
A colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, buscadoras independientes, organizaciones de derechos humanos y periodistas. Gracias a todas por su confianza.
Gracias a Valeria Moscoso Urzúa, Carla Loyo Martínez y Adriana Rubio Mendoza, por ser las mentes y manos de esta investigación que de manera clara, traduce el sentir de las expertas: me refiero a las buscadoras, defensoras y periodistas expertas en lo que ellas mismas enfrentan en el día a día.
Entre sus recomendaciones urgentes están:
- Garantizar la búsqueda independiente en condiciones de seguridad
- Reconocer a las buscadoras como defensoras de derechos humanos
- Garantizar la no repetición de los ataques, de las amenazas, que no se concreten las amenazas de muerte
Para ello se requiere:
- La coordinación efectiva entre las autoridades municipales, estatales y federales y que, primero que nada, dejen de ser los principales agresores
- Romper con la impunidad que es una invitación a la repetición de los ataques y amenazas
- Erradicar y combatir los estereotipos de género, la estigmatización y criminalización hacia las defensoras, buscadoras y periodistas, y la labor que desarrollan, contrario a ello, reconocer públicamente su labor de búsqueda, defensa de los derechos humanos y periodística. En el caso de las buscadoras y defensoras, reafirmar que las tareas que llevan a cabo son consecuencia de la falla, omisión y ausencia del Estado.
Para garantizar la libertad de expresión, se debe garantizar el derecho a una vida libre de violencia para las mujeres y su labor periodística en libertad; así como garantías de seguridad y protección para buscadoras, defensoras y periodistas.
