/Victor Flores/
Las Medidas de Protección son acciones urgentes que la ley ordena aplicar para salvaguardar la seguridad y la vida de las mujeres y niñas, su objetivo es claro, actuar de inmediato frente a cualquier situación de riesgo.
Como veracruzano comprometido con el fortalecimiento del Estado de derecho, comparto información esencial sobre Órdenes de Protección previstas en la ley en favor de las mujeres y niñas que se encuentren en peligro inminente de ser victimas de violencia.
En el Estado de Veracruz, la protección de las Mujeres y Niñas ha sido una prioridad permanente de la Gobernadora Rocío Nahle García, lo que se encuentra debidamente instrumentado a través de programas y mecanismos que buscan garantizar su seguridad.
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como ley especial de protección, establece de manera específica las órdenes de protección de dos naturalezas Administrativas y Jurisdiccionales. Estas órdenes deben de emitirse de inmediato o dentro de las 4 horas siguientes al conocimiento de los hechos.
Pueden solicitarse incluso de manera anónima, y tienen una vigencia de hasta 60 días prorrogables, y su objetivo es garantizar la seguridad de la víctima hasta que cese el riesgo.
Cualquier servidor público que tenga conocimiento de hechos que pueden constituir violencia contra una Mujer o una Niña tiene la obligación de denunciar de inmediato ante el Ministerio Público, además de activar de forma inmediata las Medidas de Protección que correspondan.
La autoridad competente, al recibir la solicitud incluso de manera anónima deberá actuar sin demora y emitir la orden de protección, dándole seguimiento en las siguientes 24 horas y canalizarla a las instancias competentes para garantizar su cumplimiento.
HOY MÁS QUE NUNCA SE HACE NECESARIO QUE LAS MUJERES Y NIÑAS SEPAN QUE CUENTAN CON ÓRDENES DE PROTECCIÓN EFICACES, CON MEDIOS DE CONTACTO DIRECTO CON LAS AUTORIDADES Y QUE ESTAS EXISTEN PRECISAMENTE PARA EVITAR QUE SE COMETA UN DELITO EN CONTRA DE UNA MUJER O UNA NIÑA, DELITO QUE PUEDE SER GRAVE Y PONER EN PELIGRO SU VIDA, SU INTEGRIDAD O SU DIGNIDAD.
HACER VALER LAS ÓRDENES DE PROTECCIÓN ES DEFENDERSE, EXIGIRLAS ES UN DERECHO Y CUMPLIRLAS ES DEBER DE LA AUTORIDAD.
