*Puebla es la segunda entidad con mayor número de mujeres desaparecidas que hombres.
*De acuerdo con Amnistía Internacional, ya suman 16 mujeres buscadoras desaparecidas y asesinadas entre 2014 y 2025.
/ Escrito por Wendy Rayón Garay /
03.09.20255 /CimacNoticias.com/ Ciudad de México.- Durante las protestas por el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, en Puebla y Nuevo León se registraron casos de detención arbitraria y represión en contra de feministas, defensoras de derechos humanos y madres buscadoras, quienes reportaron uso de fuerza excesiva por parte de policías estatales, lo que no solo vulneró el derecho a la libre manifestación pacífica, sino que evidenció un patrón de violencia institucional y discriminación de género.
Más allá de este acoso policial, los documentos filtrados por Guacamaya Leaks han dejado ver que el Estado mexicano tiene en la vista al movimiento feminista como a un enemigo. Incluso, en los correos electrónicos extraídos a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) se muestra información sobre cinco feministas que estaban fichadas.
La crisis de mujeres desaparecidas se agrava cada día, pues las capacidades técnicas, recursos humanos, materiales e infraestructura del Estado en materia forense son insuficientes. Esto ha derivado en una crisis forense, con 72 mil 100 cuerpos sin identificar, según Amnistía Internacional. Se trata de una situación reconocida en 2019 por el entonces subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), a nivel nacional existen 133 mil 086 personas desaparecidas y no localizadas en México, de las cuales, 30 mil 270 son mujeres. Aunque la crisis de desapariciones afecta mayormente a los hombres, son las mujeres quienes tienen menor probabilidad de ser encontradas, ya que la mayoría son captadas por redes de trata con fines de explotación sexual.
Por ello, en diferentes estados de la República se llevaron a cabo protestas y manifestaciones para denunciar la omisión e inacción del Estado mexicano ante esta problemática. Fue gracias al episodio del rancho Izaguirre, en donde un colectivo de búsqueda encontró 400 pares de zapatos, ropa y objetos pertenecientes a personas desaparecidas, que la crisis de desapariciones se impulsó en la agenda mediática debido al impacto que tuvo en las familias buscadoras.
Puebla es la segunda entidad con mayor número de mujeres desaparecidas que hombres y por ello, las colectivas Morras Sororas Histéricas e Históricas y Resistencia MX convocaron a una marcha en las calles del estado. Sin embargo, la protesta transcurrió con normalidad hasta que alrededor de 20 policias municipales, federales y de tránsito encapsularon a las manifestantes para privarlas de su libertad.
El motivo de su detención fue la intervención en la Fuente de San Miguel Arcángel en un acto de iconoclasia, una forma de protesta social con fines ideológicos que erróneamente es considerada como vandalismo. Anteriormente, Cimacnoticias entrevistó a la antropóloga e investigadora Charlynne Curiel quien destacó que en cada una de las intervenciones hay un mensaje contra una lógica patriarcal y capitalista.
Pintas feministas son iconoclasia, no vandalismo: Charlynne Curiel – cimacnoticias.com.mx
De esta manera, la iconoclasia es la destrucción de imágenes o espacios con el fin de apropiarse del espacio público dejando muestras visibles para desestabilizar los antiguos símbolos y visibilizar las demandas del grupo manifestante. Aunque el termino parece nuevo gracias a las protestas del movimiento feminista, se trata de una forma de protesta utilizada desde varios siglos atrás, motivo por el cual se utilizó en las protestas por las desapariciones forzadas en Puebla.
Durante la manifestación en Puebla, varios videos que grabaron —los cuales fueron compartidos a través de las cuentas oficiales de la defensora de los derechos digitales de las mujeres, Olimpia Coral— se pudo observar que los elementos de seguridad emplearon fuerza excesiva como empujones y jaloneos mientras fueron encapsuladas por el resto de policías para detener a cuatro mujeres, cuyas edades rondan entre los 19 a 24 años, alegando «daño patrimonial» al espacio público.
En el material también se observa que se llevó a cabo un linchamiento social en el que ciudadanas y ciudadanos que se encontraban alrededor alentaron la detención a través de insultos y descalificaciones a las mujeres. Además, un repartidor del servicio de comida a domicilio de la empresa se unió a los elementos de seguridad para golpear a las manifestantes y ninguno de los 20 policías lo detuvo o frenó la violencia ejercida contra ellas.
De acuerdo con las colectivas, al interior de las patrullas donde las trasladaron a la Fiscalía General de Justicia de Puebla también fueron violentadas con agresiones físicas y verbales por parte de los elementos de seguridad. Pese a que transcurrieron más de cinco horas detenidas, las feministas no fueron liberadas hasta el domingo 31 de agosto a las 2 de la tarde; por lo que Morras Sororas Histéricas e Históricas y Resistencia MX apuntaron que se trató de una detención arbitraria que constituye una grave violación a los derechos humanos, la libertad de expresión y a la protesta pacífica.
Las colectivas apuntaron como responsables al presidente municipal José Chedraui Budib y el gobernador Alejandro Armenta Mier por las agresiones que vivieron las manifestantes y pidieron la investigación y sanción de los elementos de la policía que ejercieron violencia y cometieron abusos durante y después de la detención. Por ejemplo, la negación de atención médica siendo que dos de ellas tomaban medicamentos y el inacceso a sus abogados y el debido proceso legal especificando los cargos específicos.
Un caso similar ocurrió en Monterrey cuando la madre buscadora y defensora de los derechos humanos e integrante de la colectiva Fuerzas Unidas Por Nuestros Desaparecidos (as) en Nuevo León, Juana Solís, fue esposada por siete elementos de policía al manifestarse pacíficamente con una manta en el Puente del Papa, la cual contenía una denuncia sobre su hija, víctima de desaparición en manos de policías de Santa Catarina, Nuevo León.
De acuerdo con la colectiva, después de intentar esposar a la madre buscadora y a otras tres mujeres, las autoridades les solicitaron un permiso para colocar los carteles, mientras que Juana Solís les explicó que estaba en su derecho de manifestarse pacíficamente. Tras contar su historia, la defensora argumentó que no se iría con ellos ante la posibilidad de ser desaparecida por pedir justicia.
De acuerdo con Amnistía Internacional, ya suman 16 mujeres buscadoras desaparecidas y asesinadas entre 2014 y 2025, el último caso se registró el 29 de agosto de 2025 cuando se encontró el cuerpo sin vida de la defensora Aida Karina Juárez con signos de violencia, en el Estado de San Luís Potosí. La noche del 26 de agosto fue privada de su libertad por hombres armados que ingresaron a su domicilio a la fuerza, mientras ellas se encontraban en compañía de su nieta, quien es menor de edad.
Aida Karina formaba parte del colectivo de búsqueda Siguiendo tu Rastro con Amor de Zacatecas y buscaba a su hija Goretty Guadalupe Juárez Jacobo, de 26 años de edad, desaparecida desde junio de 2025. De acuerdo con IM-Defensoras, su feminicidio no es un caso aislado, pues se estima que una de cada tres defensoras asesinadas en el país son mujeres buscadoras. También se contabilizaron mil quinientas agresiones contra mujeres que buscan personas desaparecidas o denuncian víctimas de asesinato y feminicidio.
Las madres buscadoras son una de las figuras más incomodas para el Estado mexicano, ya que confrontan a las autoridades en cuanto a la crisis de desapariciones forzadas. Las agresiones en su contra se relacionan con su labor de acompañamiento a oras víctimas, así como con las denuncias de corrupción e impunidad, lo que las convierte en blanco de múltiples riesgos.
Madres buscadoras, las más incómodas para el gobierno mexicano – cimacnoticias.com.mx
Lejos de atender las problemáticas reales que rodean las desapariciones forzadas en México como el crimen organizado y la falta de voluntad de las instituciones para investigar las desapariciones; en 2025 se aprobó la Ley General en Materia de Desapariciones, la cual contempla la creación de una nueva plataforma de datos que tiene la finalidad de hacer un cruce de distinta información y contendrá datos vinculados a la CURP y datos biométricos.
Estas modificaciones generaron el descontento de familias buscadoras y defensores de derechos humanos que motivaron las protestas realizadas durante el pasado 30 de agosto en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada.
