Hoy desmantela la política y quita dinero esencial para frenar la desigualdad y la violencia contra las mujeres
- La 4T niega la historia y presume de avances, sólo en su imaginación y no tiene sustento
Sara Lovera
SemMéxico/ Una institución para coordinar, dirigir, generar programas y políticas para las mujeres, para la mitad de la población, no es una institución cualquiera. Sin embargo, para la actual administración el Instituto Nacional de las Mujeres, creado al final del año 2000, cuando logramos la primera alternancia política federal, no fue una ocurrencia, era resultado de una década de negociaciones, propuestas y solicitadas. Como esas que hacemos sistemáticamente las mujeres.
También fue resultado de un diálogo plural y con entendimiento. Temas que hoy están fuera del imaginario político de la 4T. Diálogo plural venido de muchos años, desde 1935 en que las mexicanas de entonces formaron el Frente Pro Derechos de la Mujer y luego en los cuarenta, la Alianza de Mujeres de México. No fue fácil y hoy no se entiende el hecho histórico de que las mujeres hemos estado juntas para proponer y avanzar, en la ciudadanía, en los derechos y en la participación política.
Lo que hoy me ocupa no es la historia. Esa está escrita y se puede consultar. Lo que me ocupa no son las palabras que se las lleva el viento y por más avanzado un discurso, ese no importa, lo que importa son los hechos.
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo, hace unos días, que nunca han recibido tanto las mujeres como en este gobierno. Casi me muero de risa. No es posible que yo, testigo de hechos durante 52 años, viva en el total engaño. Me acuerdo de cuando uno de los asesores de AMLO, en los años 70, se ocupó de armar lo que se llamó IMSS Coplamar, clínicas del Seguro Social en el campo, que darían especial atención a las mujeres en estado de reproducción -embarazo y parto-, muy importante, se salvaron muchas vidas. Hechos.
O bien, qué cree la 4T, ¿que fue una vacilada el reconocimiento en 1995, de las desventajas y de la violencia de género contra las mujeres como un problema de Estado? Es verdad que hubo demagogia, palabras vacías -como hoy- pero, también ahí comenzó un largo camino de reconocimiento y conocimiento sobre la desigualdad. Los primeros diagnósticos de la violencia machistas, realizados por organizaciones de la Sociedad Civil, esa, la hoy proscrita por el régimen y también del gobierno. Ya en 1995 había acciones en la capital del país, como la Agencias de Delitos Sexuales, que permitieron atender y diagnosticar muchos asuntos. Sólo conozco bien un hecho que no quedó en la impunidad absoluta, como fue el caso de las 19 jóvenes del Sur, violadas por la escolta personal y familiar del conocido como Fiscal de Hierro, hoy defenestrado como abogado defensor de Emilio Lozoya, Javier Coello Trejo, escolta con 50 años de prisión.
La institución para hacer la política de género, se imaginó por Dolores Eduán desde los años cuarenta, en que entregó al entonces presidente Miguel Alemán, una propuesta para crear una Secretaría de la Mujer y sólo 50 años después, Ernesto Zedillo creó la Comisión Nacional de la Mujer. El Inmujeres fue una creación de la sociedad civil en alianza con las diputadas de todos los partidos políticos. Empezó a operar en 2001, con el gobierno de Vicente Fox, porque tuvo que cumplir con la Ley.
Durante los siguientes 18 años, el Inmujeres, con claroscuros, creó un mecanismo de coordinación y apoyo a las entidades de la República para hacer posible difundir y generar políticas diversas a favor de las mujeres; se hizo un programa nacional desde el comienzo, con poco dinero entonces, los recursos fueron creciendo lentamente. Mucho de ese crecimiento fue gracias a que también crecían las bancadas de mujeres “aliadas” al feminismo y otras claramente comprometidas en el Congreso. Larga sería la lista de nombres de mujeres comprometidas, creadoras de las leyes actuales, hoy, desgraciadamente desconocidas por la administración. Un ejemplo concreto es el hecho de que el Presidente ha podido decir el nombre completo del Inmujeres una sola vez y en lugar de nombrar correctamente el nombre de su actual presidenta, sólo le dice “Nadine”.
Por ello, es necesario decir con todas sus letras que la disminución de recursos a Inmujeres, ya castigado desde el comienzo de este gobierno, que llaman ajustes presupuestales y que fueron aprobados por la Junta de Gobierno de ese mismo instituto el 15 de julio pasado, está al margen de la Ley.
Según el grupo, cada vez más grande, Nosotras Tenemos Otros Datos, integrado por mujeres de todo el país y, algunas de ellas, ex funcionaras o ex diputadas a quienes debemos nuestro andamiaje jurídico-legal, ese grupo como digo, señala sin ambages que la Junta de Gobierno de Inmujeres, incluidas las que forman los consejos ciudadanos, no tienen facultad para decidir el presupuesto, ese lo decide la Cámara de Diputados y Diputadas.
Nosotras Tenemos Otros Datos, explica, que no sólo son los recursos, recortados arbitrariamente, sino que la reserva que hizo la Secretaría de Hacienda los días 1 y 8 de abril, respectivamente -es decir, mucho antes de la publicación del Decreto de Austeridad-, de 460.2 millones de pesos, correspondientes al Capítulo 4000, “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas” -de los cuales dependen los programas de institutos estatales y municipales- y de 3.3 millones de pesos, correspondientes al capítulo 3000 por concepto de pasajes aéreos.
Se ha cortado a los municipios otros millones de pesos, afectando a más de 300. Y encima también se han cortado los recursos a cuestiones básicas de la política de género, como lo son los recursos para programas de capacitación, diagnóstico y seguimiento de las Alertas de Violencia de Género.
Se trata de los recursos correspondientes al Anexo 13, -ganado a pulso durante varias legislaturas- del que forma parte el presupuesto del Inmujeres, fue aprobado por la Cámara de Diputados y Diputadas, por lo que toda propuesta de modificación debe ser aprobada por la misma y no por la Junta de Gobierno de la institución. Es, por ello, una flagrante violación a la ley. Nadie responde, no obstante, una demanda dirigida a Diputadas federales.
La red nacional Nosotras Tenemos Otros Datos escribieron: “hacemos un llamado a fin de que, en ejercicio de sus facultades, actúen con la celeridad que la gravedad del caso demanda, y convoquen a las Diputadas integrantes del Grupo Plural de Igualdad Sustantiva y de la Comisión de Igualdad de Género para que, en un esfuerzo conjunto, exijan a la Secretaría de Hacienda acatar lo establecido en la norma”, hasta ahora sólo un pronunciamiento, ofrecieron pedir que comparezca el Secretario de Hacienda y muchas palabras. No sabemos de avance real en estas gestiones. Mientras, ya no tenemos dinero.
Se exigió igualmente que se liberen los recursos correspondientes a los Capítulos 3000 y 4000, y se deje sin efecto el recorte aprobado por la Junta de Gobierno del Inmujeres y que, cualquiera que sea su propuesta de modificación del presupuesto, la presente al Poder Legislativo.
Lo más grave es que estamos en la mira. No sólo de un órgano internacional, sino de los firmantes del Tratado de Libre Comercio. Parece que el desatinado acuerdo será la primera violación al acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá.
Las mujeres de la Red nos recuerdan que México debe rendir su informe intermedio al Comité de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) este mes de julio, o sea ya. Me pregunto qué dirán ¡seguro mentiras!
Ese órgano en sus recomendaciones recientes y bien conocidas por la presidenta de Inmujeres, fue enfático en recomendar “adoptar medidas urgentes para prevenir las muertes violentas, los homicidios y las desapariciones forzadas de mujeres, incluso abordando las causas profundas de dicha violencia, incluida la violencia armada, la delincuencia organizada, el tráfico de drogas, los estereotipos discriminatorios, la pobreza y la marginación”. Ello demanda del fortalecimiento de la política y el presupuesto.
Por otro lado, en el marco de esta contingencia sanitaria, funcionarias y funcionarios del Gobierno Federal han participado en foros internacionales de alto nivel, presumiendo representar un gobierno garante de los derechos humanos de las mujeres. Promueven que la de México es una “política exterior feminista”, sostiene la Red, para solicitar incluso recursos económicos a la cooperación internacional que subsanen los recortes presupuestales de su propio gobierno. Esto al referirse a la Secretaria de Gobernación, quien dijo que, para enfrentar la violencia contra las mujeres, buscaría recursos de la cooperación internacional. ¡Qué vergüenza!
La carta exigiendo que asuman su responsabilidad las legisladoras concluye: Las mujeres de este país nos preguntamos ¿qué cuentas entregará la actual administración a las mujeres y niñas?, pero también a esos organismos internacionales de derechos humanos y gobiernos de otros países, cuándo lejos de fortalecerla, está desmantelando la política de igualdad y derechos humanos de las mujeres. Veremos.
