*Escrito por Lucía Melgar Palacio.
La regresión misógina que atraviesa el mundo es evidente en Irán y Afganistán, donde gobiernos oscurantistas manipulan las escrituras para imponer un cerco de terror contra las mujeres.
Ha levantado también murallas opresivas en entidades estadounidenses donde grupos fundamentalistas esgrimen la “defensa de la vida” contra miles de mujeres, condenándolas a una muerte evitable o a la tortura de soportar un embarazo producto de una violación.
Se manifiesta incluso en la vileza de los discursos trumpistas contra la candidata presidencial y otras políticas destacadas. Despreciar a las mujeres, oprimirlas y acallarlas sigue siendo hoy tendencia entre hombres poderosos y regímenes autoritarios.
En el México de este falso “tiempo de mujeres”, la misoginia autoritaria no se ha enunciado con la misma insolencia pero subsiste en la sociedad y va cobrando fuerza en la deriva autoritaria del régimen iniciado en 2018.
Baste recordar el discurso moralista del expresidente acerca del rol de las mujeres en la familia en 2020, su trato condescendiente hacia sus funcionarias, sus descalificaciones de la primera Presidenta de la SCJN – que sus seguidores tradujeron en ominoso agravios. La deriva autoritaria y misógina no ha desaparecido con una presidenta que se burla de la dignidad de ministros y ministras que declinaron someterse al circo electoral, se ha expandido en un Congreso encabezado por líderes ensoberbecidos que desprecian la mesura y el diálogo.
No es este tiempo de mujeres. No puede serlo por la denostación que han sufrido ministras, magistradas y juezas, por el desprecio de los destructores de la Constitución hacia las necesidades de justicia y seguridad de niñas y mujeres, por el ninguneo oficial de los clamores de una ciudadanía lacerada.
Como escribiera la investigadora Julia Monárrez, al aceptar esta reforma judicial basada en la injusticia, la presidenta “Deja fuera a una generación que se ha especializado en derechos humanos de las mujeres. Y las consecuencias serán para miles de mujeres que también son pueblo y sufren la violencia de manera diferente.”(La Verdad de Cd.Juárez, 30.X).
Al eliminar a cientos de juzgadoras/es capacitadas/es, algunas de las cuales se han esforzado por emitir sentencias comprensibles para niñas/os, se abrirá la puerta a personas ignorantes de los derechos humanos, sin perspectiva de género interseccional e intercultural, que juzgarán desde el prejuicio, si eso es lo más popular, o desde el autoritarismo, si así evitan ser sancionados por el Tribunal disciplinario. Ni Comités partidistas ni tómbolas ni cursitos al vapor pueden garantizar la calidad que el PJF ha logrado (aun con fallas) mediante la carrera judicial y la experiencia.
Suponer que ministras como las que han decidido someterse a la elección garantizarán la imparcialidad y el profesionalismo en la SCJN es olvidar cómo ésta ha ido perfeccionando su postura incluyente, abierta a la diversidad, respetuosa de los derechos humanos, sensible a las necesidades de una sociedad moderna y desigual.
Entre otros logros, las sentencias de la SCJN han determinado que las leyes no protegen sólo a las familias cuyas parejas están unidas por vínculos matrimoniales sino también, por ejemplo, a las concubinas y a sus hijas/os.
Han sido decisivas para el reconocimiento de los derechos de las parejas del mismo sexo, para la defensa y reconocimiento de los derechos de las mujeres a decidir sobre su maternidad (2008, 2021), para la protección de la vida y la seguridad de las mujeres (como en el caso Mariana Lima, a partir del cual todo homicidio de mujer debe investigarse como feminicidio, o contra el acoso). Por no ir más lejos, la declaración de inconstitucionalidad de la ley de la Guardia Nacional – que desencadenó la furia revanchista cuyas consecuencias hoy padecemos- es en sí una defensa de los derechos humanos de la ciudadanía y de las mujeres, particularmente agraviadas por la militarización.
En el caso del aborto en concreto, cuando la controversia acerca de la despenalización del aborto en la Ciudad de México, en una decisión histórica, la SCJN abrió sus puertas para recibir los argumentos de una parte y otra del debate y llegó a la conclusión en 2008 de que las reformas aprobadas por el congreso capitalino eran constitucionales.
Más importante, a raíz de la reforma del 2011 al artículo 1o constitucional (mismo que Morena pretendió reformar regresivamente hace unas semanas), la Corte ha basado diversas sentencias no sólo en el marco jurídico nacional sino también las convenciones y tratados internacionales que el Estado mexicano ha firmado y se ha obligado a cumplir. Esta reforma, que incluyó en nuestra legislación convenciones como Belem do Pará y la CEDAW, entre otras, ha permitido aplicar el principio pro persona, con el cual se busca dar la máxima protección posible a las personas conforme a ambos marcos jurídicos.
En la lucha de las mujeres por obtener el reconocimiento al ejercicio de su libre determinación sobre su cuerpo y su maternidad, la SCJN fue avanzando gradualmente hasta reconocer, en 2021, que las mujeres tienen derecho a ejercer su autonomía reproductiva y que el aborto no puede penalizarse indiscriminadamente.
Esto no quiere decir que no se pueda regular, como se hace en la CdMx y 11 estados más, sino que no se puede prohibir, como intentaron hacerlo más de 20 estados con las cláusulas constitucionales que “protegían la vida” desde la concepción hasta la muerte natural y que así obstaculizaban el aborto necesario o voluntario, incluso en casos de violación, y pretendían encarcelar o patologizar a las mujeres que querían o necesitaban abortar.
Si bien los abusos contra las mujeres y niñas en estados como Puebla y Quintana Roo no han cesado, hoy hay medios jurídicos más sólidos para defender sus derechos humanos, en particular su derecho a no ser obligadas a llevar a término un embarazo no deseado y a evitar un aborto clandestino que ponga en riesgo su vida y su salud.
Otro aspecto sombrío de la vida de las mexicanas que ha sido abordado de manera constructiva por la Corte es el derecho a la vida, a una vida libre de violencia y a la seguridad. Gracias a la revisión de un amparo presentado por Irinea Buendía, madre de Mariana Lima asesinada en 2010, la SCJN determinó que el juicio, lleno de corruptelas y obstrucciones por parte de fiscales y jueces mexiquenses, debía reponerse – lo que por fin llevó al enjuiciamiento y condena del asesino en 2023- y, sobre todo afirmó que toda muerte violenta de mujer debe investigarse como feminicidio.
Que las fiscalías sigan revictimizando a las mujeres asesinadas – como en el caso Lesvy en la CDMX en 2017- o que haya jueces misóginos, ineptos o corruptos, como el que dejó libre al marido de Abril Sagahón en 2019, no es responsabilidad del poder judicial federal. Es una grave falla de las fiscalías corruptas o ineficientes, o de jueces y juezas locales misóginos, corruptos o ineptos.
Pese a diagnósticos y estudios serios, el partido en el poder ha dejado intocadas a las fiscalías, donde se inicia la negación de justicia a la mayoría de la población, y ha ido ampliando la prisión preventiva oficiosa, que facilita el encarcelamiento injusto y deja por años sin sentencia a miles de personas inocentes.
En cambio, se ha dedicado a denostar a la SCJN, al PJF y, por afán desmesurado de control y poder, se ha obstinado, sin respeto por la constitución ni por la dignidad de ministras/os, magistrados/as y jueces/zas, en destruir a un poder, perfectible, que con sus acciones ha demostrado su compromiso con la defensa de los derechos humanos, de las niñas y mujeres y de las personas más desprotegidas.
El martes 5, miles de integrantes del PJF se manifestaron, junto a una ciudadanía diversa, en apoyo a la SCJN que deliberaría acerca de la constitucionalidad de la reforma judicial. Todavía parecía posible salvaguardar nuestros derechos humanos, frenar el autoritarismo despiadado, hacer frente a la misoginia y a la injusticia.
Para nuestra desgracia, por razones oscuras que ya se aclararán, el ministro Pérez Dayán se unió a las ministras ineptas que hoy pretenden ser elegidas por voto popular y pelear incluso la presidencia de la Corte.
Esta ha sido una semana desoladora, más cuando sabemos que la reforma no responde a los intereses de las mujeres y niñas ni de las personas más necesitadas de justicia de este país.
CimacNoticias.com
