*El Ágora
/ Octavio Campos Ortiz /
A menos de tres meses de que arranque el nuevo gobierno se desconocen las políticas públicas que integrarán el plan sexenal, solo se han publicitado decálogos que enuncian acciones sobre diversas áreas de la administración pública; tampoco se ha dado a conocer el gabinete en su total, faltan las carteras más importantes, la gobernanza y la seguridad nacional.
Por las declaraciones hechas por la candidata ganadora que ha rechazado la posibilidad de romper con su predecesor y mentor, a quien quiere elevar a rango de héroe nacional y hasta marcar el triunfo electoral de su santo laico en el calendario cívico como día festivo, suponemos que mantendrá la política de abrazos y no balazos, por lo que continuarán las masacres, la pérdida de la gobernabilidad y el incremento de los homicidios dolosos. Es evidente que tampoco el nonato régimen recurrirá al uso legítimo de la fuerza para combatir al crimen organizado.
Los militares mantendrán el control no solo de la seguridad nacional, sino que seguirán como administradores y constructores de cuanta institución u obra les asignen. Más aún, se harán cargo de la seguridad pública, aunque a la fecha la Guardia Nacional no haya dado resultados ante la delincuencia o en la protección de las comunidades frente a los desplazamientos forzados, tampoco ha sido garante de la seguridad en las carreteras, donde se incrementó el asalto y la violencia.
La SSPC queda reducida a una entelequia y tal vez su último reducto sea el servicio de inteligencia que para el Estado mexicano significa espionaje y brazo ejecutor de venganza política contra opositores. En los decálogos sobre seguridad y justicia se habla de la utilización de la inteligencia para combatir el crimen y se hace hincapié en el uso de la información policiaca desde la SSPC, instancia que es eminentemente preventiva y no persecutora de ilícitos. Poco se dice de la prevención del delito., función primigenia del Estado para garantizar la integridad física y patrimonial de los ciudadanos. Como decía el licenciado Ignacio Morales Lechuga, la ciudad más segura no es la que tiene más policías y patrullas, sino la que comete menos delitos.
Solo con programas preventivos puede funcionar la seguridad pública, en la que también sirve de apoyo la información y la inteligencia policial. Lo importante es que el uniformado evite que se cometa el delito y no llegar a la acción persecutora del ministerio público, sobre todo en un país donde el índice de impunidad es del 96 por ciento.
Seguramente fortalecerán las áreas de inteligencia de la SSPC, pero mientras permanezcan bajo el control de los militares, poco podrá hacer el titular de la Secretaría, que ya perdió el mando sobre la Guardia Nacional y en los reclusorios federales y el Sistema Nacional de Seguridad Pública no tienen dependencia directa con el secretario, incluso actualmente reportan directo al presidente.
De tal suerte que no se ve un futuro promisorio en el ámbito de la seguridad pública, el panorama es sombrío, mientras no exista una política pública de prevención y no se quiera hacer uso legítimo de la fuerza para combatir a los cuatro modernos jinetes apocalípticos que asolan nuestro país: las drogas, la trata de personas, el tráfico de armas y el lavado de dinero.
Es innegable que, hoy por hoy, el crimen organizado se ha empoderado y amenaza terriblemente la gobernanza en nuestro país al suplantar a las autoridades en la tercera parte del territorio nacional. Además, extendió sus tentáculos a ilícitos como el secuestro, la extorsión, el cobro por derecho de piso, las desapariciones y desplazamientos forzados. Contribuye también a que más de seis de cada diez mexicanos se sientan inseguros en sus localidades por la acción de la delincuencia común en cajeros automáticos, el transporte público, parques y camino a la escuela o el trabajo.
Esperemos que el plan sexenal contemple la revisión de las bases del Estado de Derecho y se haga hincapié en la prevención del delito y el uso legítimo de la fuerza.
