- IMPRONTA
- ./Carlos Miguel Acosta Bravo/
La reforma electoral que impulsa Claudia Sheinbaum puede ser políticamente útil para afianzar el poder de su coalición, pero en las condiciones actuales (mayoría legislativa plena, iniciativa centrada en plurinominales y sin consenso ni siquiera con aliados quienes nuevamente se han levantando de la mesa de negociaciones) es poco necesaria, mal calibrada en tiempo y con alto potencial de deteriorar pluralismo y confianza en las reglas del juego.
Qué busca la reforma y en qué contexto? la presidenta ha adelantado que su proyecto incluye reducción de financiamiento a partidos e instituciones electorales, recorte del número de legisladores, reconfiguración de la representación proporcional (plurinominales), ajuste a órganos electorales y más instrumentos de “democracia participativa”.
Entre los escenarios que se discuten está el mantener 300 de mayoría relativa y bajar de 200 a 100 pluris, eliminar los 32 senadores de lista nacional, o incluso transitar a esquemas de representación proporcional “pura” con listas abiertas, pero siempre con menos curules totales.
Sheinbaum sostiene que el objetivo es abaratar elecciones, terminar con “pluris de cúpula” y fortalecer la participación ciudadana, insistiendo en que no pretende quitar autonomía al INE.
El trasfondo según han advertido diferentes analistas, entre ellos el expresidente del INE Luis Carlos Ugalde, es un gobierno con mayoría calificada de facto y alta concentración de poder, que al mismo tiempo impulsa reformas estructurales (judicial, electoral) cuestionadas por sus efectos en contrapesos.
Desde la lógica del oficialismo, el momento es “óptimo”: Morena controla ambas cámaras y puede, con sus aliados, modificar la Constitución para “corregir” un sistema que considera caro y sobrerrepresentado.
Sin embargo, consultoras de riesgo y analistas (Integralia, Strategia, entre otros) colocan la reforma electoral como uno de los principales focos de riesgo político de 2026, por su potencial de alterar reglas básicas de competencia y acentuar la concentración del poder en la coalición gobernante.
En términos de calidad democrática, el timing es problemático, aprovechar una mayoría coyuntural para tocar las reglas del árbitro y de la representación, sin un proceso de negociación amplio, suele leerse como reforma “de parte” y no “de Estado”.
El núcleo más conflictivo está en los plurinominales la presidenta ha reiterado que, si se mantienen, deben dejar de ser “listas de las cúpulas”, e incluso ha puesto sobre la mesa su reducción o eliminación, en línea con lo que ya decía antes de presentar la iniciativa.
El Partido del Trabajo y el Verde Ecologista, cuya fuerza real depende en buena medida de la representación proporcional y del financiamiento público, han sido los primeros en resistir; de hecho, se levantaron de la mesa de negociación cuando Gobernación rechazó mantener los 200 pluris en Diputados y los 32 en el Senado y planteó recortes mayores.
Aunque el PT después “cerró filas” con Sheinbaum en el discurso, la tensión es evidente. Sus aliados son a la vez socios necesarios para alcanzar la mayoría constitucional y los más directamente afectados por el recorte a pluris y recursos.
Desde la perspectiva del pluralismo, reducir sustancialmente la representación proporcional en un sistema de mayoría relativa ya muy dominante puede traducirse en menos espacio para fuerzas pequeñas y opositoras, y en una Cámara más monocolor, aun con votaciones relativamente divididas en el electorado.
La oposición (PAN, PRI, MC, PRD) ha adelantado rechazo frontal y ha calificado la enmienda como innecesaria y riesgosa para la democracia, al grado de etiquetarla como “Ley Maduro”, aludiendo al riesgo de un modelo hegemónico.
No hay señales de que el proyecto se haya construido como una gran reforma consensuada; más bien, se procesó en una “encerrona” de Morena con la comisión presidencial, con posteriores intentos de alineamiento de PT y PVEM y un diálogo acotado con otras fuerzas.
En la medida en que la oposición queda fuera del diseño y denuncia que la reforma favorece al partido en el poder, el costo en legitimidad es alto, aun si se aprueba formalmente, puede quedar marcada como una reforma impugnada en origen, con efectos de polarización y desconfianza en el árbitro electoral.
En cuanto a la necesidad técnica, hay argumentos válidos para revisar costos del sistema, reglas de plurinominales y mecanismos de participación; pero esos ajustes podrían hacerse vía leyes secundarias y acuerdos más limitados, sin tocar el equilibrio de representación ni la estructura básica del sistema.
El actual momento y la oportunidad política evidencia que, hacerlo ahora, con una mayoría fuertem en las dos cámaras, con una reforma judicial ya en marcha y sin un pacto amplio con oposición y aliados, incrementa la percepción de uso instrumental de la mayoría para afianzar el dominio de Morena y reducir futuros contrapesos.
Así, más que “necesaria y oportuna”, la reforma electoral de Sheinbaum luce, desde una óptica democrática, como políticamente conveniente para el oficialismo para afianzarse a largo plazo, pero riesgosa para la pluralidad, los contrapesos y la confianza en la imparcialidad de las reglas electorales; de ahí que incluso partidos aliados se hayan resistido y que los observadores la sitúen como uno de los principales focos de riesgo político del país en 2026.
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*Maestro en comunicación por la Universidad Iberoamericana, de la cual formó parte del cuerpo académico de la Licenciatura en comunicación, así como de la Universidad Anáhuac, campús norte de CDMX.
