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/ Maite Azuela /
Cuando un grupo de seguidores dispuestos a todo se mueven motivados con un discurso incendiario no es cuestión de azar el que se materialicen ataques a la estabilidad política de un país.
La semana pasada se dio un acontecimiento deleznable en la marcha “por la soberanía energética” del 18 de marzo —pero que se sabe que más bien fue una movilización de apoyo al Presidente— en la que, sin lugar a duda, se realizaron acciones inadmisibles de violencia política de género en contra de la Ministra Presidenta, Norma Piña. Las cuales escalaron de la provocación a la intimidación, incluso a la apología del delito y violencia feminicida. Un evento que, echando mano de las multitudes anónimas, no deja de tener efectos en la relación del poder judicial con el poder ejecutivo.
“Apenas llegó la nueva presidenta y desató una ola de resoluciones a favor de presuntos delincuentes […] Antes, cuando estaba Arturo Zaldívar, había un poquito más de vigilancia sobre los jueces, se respetaba su autonomía, pero se vigilaban desde el Consejo de la Judicatura, que esa es su función, vigilar el recto proceder de jueces, de magistrados, de ministros”. Estas son palabras del presidente López Obrador al referirse a la Ministra de la Suprema Corte, Norma Piña.
Tres semanas después de las afirmaciones de López Obrador, durante la marcha en la que fue protagonista, un grupo de seguidores quemaron una piñata con la figura de la Ministra. Este hecho violento y de odio no es el primero en contra de la ministra Piña. Hace unas semanas circuló en redes una imagen donde aparece Norma Piña con la leyenda “el problema” acompañada de una bala con la frase “la solución”. Así como otras amenazas de muerte directas en contra de la primera mujer que llega a ser Presidenta de la Suprema Corte de Justicia.
Al lunes siguiente de la marcha del 18 de marzo, el presidente “condenó” la quema de la figura en su conferencia mañanera, pero cerró diciendo: “Tenemos que vernos como adversarios, no como enemigos”. Lo cual lo único que continúa haciendo es justificar la violencia y el odio.
Ese mismo día, el Consejo de la Judicatura Federal publicó un comunicado en el que “reprocha categóricamente las manifestaciones de violencia y odio” agregando que “preocupa […] que el ejercicio de pesos y contrapesos que exige nuestro orden constitucional redunde en una confrontación, no solo institucional, sino entre los mexicanos”.
El 6 de enero de 2021 el mundo fue testigo de algo sin precedentes: un grupo de seguidores del todavía presidente Donald Trump irrumpía el recinto legislativo de Estados Unidos como protesta por el supuesto fraude electoral. Días previos al asalto al Capitolio, Trump había pronunciado un discurso en el que acusó las elecciones fraudulentas y atajó “Quiero informar sobre nuestros esfuerzos para exponer el tremendo fraude electoral y las irregularidades que tuvieron lugar durante las ridículamente largas elecciones […] Como presidente tengo la obligación de defender la ley y la constitución de los Estados Unidos. Es por ello por lo que estoy decidido a proteger nuestro sistema electoral, que está bajo asedio y asalto coordinado”. Un mes después, un puño de sus seguidores entraron armados al recinto parlamentario.
De nuevo en enero, pero de 2023, los seguidores de Jair Bolsonaro también tomaron recintos emblemáticos de los poderes de la unión: del Congreso, de la presidencia y del Tribunal Supremo. Incluso en discursos previos a la elección, Bolsonaro afirmaba que habría un fraude, no fue la excepción cuando se dio a conocer que Lula había ganado.
En el caso del Tribunal Constitucional (Camba Capos y otros vs Ecuador), la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció que “Respecto a la garantía contra presiones externas, los Principios Básicos disponen que los jueces resolverán los asuntos que conozcan ‘basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo’”
Los ataques a los Poderes de la Unión y, por tanto, al orden constitucional de derecho y a la democracia, en Estados Unidos y en Brasil se fueron encendidos por un discurso presidencial que invitaba a desestimar e incluso embestir a las instituciones democráticas. ¿En México estamos viendo narrativas de la misma naturaleza?
Los discursos estigmatizantes, como lo hemos comprobado, incentivan la celebración de actos de violencia de género y pueden ser la antesala del asalto a un poder constitucional imprescindible para la democracia.
@MaiteAzuela
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