*Zurda.
/ Ruth Zavaleta /
La imagen fue transparente, la expresión de estupor delató al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, durante la conferencia matutina del martes. Seguramente, varias personas que se trasladaban a sus trabajos esa mañana, e iban escuchando las noticias en la radio, sintieron la misma sensación de incertidumbre y temor cuando se dio a conocer que habían atentado contra la vida de dos cercanos funcionarios de la jefa de Gobierno, Clara Brugada. ¿Quién mando asesinar a Ximena Guzmán y José Muñoz? Es una pregunta que, quizás, nunca tenga respuesta, al igual que ha pasado con otros atentados como el de nuestro querido Ciro Gómez Leyva. No porque no se logró detener a los responsables, sino porque alguien decidió que no se conociera al o a los autores intelectuales y sus razones.
Lamentablemente, se conoce que algunos actos criminales no tienen como objetivo principal arrebatarle la vida a cualquier persona, sino a aquellos actores de más alto impacto para causar el mayor terror social, para socavar la legitimidad de las instituciones de poder constituido y someter a los gobernantes. Pero, no obstante que los mexicanos hemos normalizado que en determinados territorios de la República el crimen organizado actúe, no sólo con violencia, sino con crueldad, como sucedió en Chilpancingo, Guerrero, cuando le cortaron la cabeza al alcalde Alejandro Arcos Catalán, y la exhibieron en el toldo de su camioneta, parece que en la CDMX los capitalinos se aferran a pensar que ese tipo de violencia no sucede. Quizás porque desde el sexenio pasado, incluso desde antes, la negación ha sido sistemática por parte de los gobernantes en turno, para reconocer que, en la sede de los poderes de la nación, también operan los diversos grupos criminales del interior de la República.
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Fue en 2022 que la obviedad nos alcanzó mediante las filtraciones masivas de documentos clasificados de inteligencia del Ejército (Guacamaya Leaks). Se reconoció que en las 16 alcaldías había presencia de los mismos cárteles que operan en otras entidades de la República y que cometían los mismos delitos de secuestro, cobro de piso, desapariciones forzadas, venta de droga, etcétera. La diferencia fue, quizás, que en la Ciudad de México el responsable de Seguridad, en ese entonces, era García Harfuch, pero que no es lo mismo mantener el control de un pequeño espacio territorial determinado, con un gran número de policías, que hacerlo hoy, de forma centralizada (aunque dice que hay coordinación) en todo el territorio federal, con los mismos programas de atención a “las causas”, pero con las grandes resistencias del propio establishment nacional (políticos, gobernantes, empresarios, ciudadanos, organizaciones sociales, etcétera).
Por su parte, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, después de la sorpresa y bajo los efectos del duelo que le produjo perder a dos pilares fundamentales de su equipo, lejos de ser resiliente y cambiar el discurso sectario por uno de unidad como una estadista, ha declarado que nada cambiará de su política de seguridad pública y dio a entender que nada teme y que no tendrá mayor seguridad (lo cual ha sido desmentido por algunos medios de comunicación, ya que en sus eventos han detectado personas vestidas de civiles que se presume que son de funcionarios especializados en seguridad). Su discurso ha sido respaldado por sus aliados partidarios que, en lugar de autoevaluarse, señalaron a la oposición política como responsables de lo que pasó, supuestamente por generar un ambiente de odio en contra de la 4T. Nada más absurdo cuando son de conocimiento público las pifias del innombrable presidente del Senado.
Sin embargo, a pesar de las cuentas alegres de disminución de homicidios, la Ciudad de México ocupa el segundo lugar de mayor número de víctimas después del Estado de México, con 364 de enero a mayo (en promedio se cometen 2.6 al día), y se han incrementado las desapariciones forzadas (mayormente las de las niñas y mujeres) y otros delitos de alto impacto, como la extorsión. Desafortunadamente, después de la elección judicial de junio, todo puede ser peor, por la impunidad que se va a generar por imponer jueces del partido de Estado.
