Miscelánea, salud y política .
/Judith Álamo López/
El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente: Lord Acton
Por si no fuera suficiente con no frenar el clima de violencia criminal creciente, en tiempos electorales emerge un conflicto largamente nutrido desde Palacio Nacional, entre quienes defienden la Constitución, la existencia de tres poderes autónomos, y quienes están por construir y perpetuar en México un mega presidencialismo autocrático.
Con la novedad de que la mayoría del bloque oficialista en el Congreso, integrado por los partidos Morena, del Trabajo y Verde están por aprobar leyes secundarias y darle al presidente de la República la capacidad de poder perdonar a criminales y negar amparos a posibles víctimas de abusos de poder. Así como allegarse los recursos de las AFORES de personas con 70 años o más.
El abuso de poder por parte de la autoridad gubernamental está auspiciado por reformas a leyes secundarias, cuya aprobación requiere sólo de mayoría simple, la cual reúnen los tres partidos del bloque oficialista, el mismo que se rige por normas de obediencia ciega al líder fundador de su movimiento, que lanza iniciativas inconstitucionales para darse gustos de emperador, a 5 meses y días de concluir su mandato.
La búsqueda desesperada del presidente Andrés Manuel López Obrador por seguir actuando por encima de las leyes que rigen a nuestra nación, todavía democrática, republicana y federalista, podría explicarse en el síndrome de Hubris (trastorno narcisista de la personalidad que desarrollan grandes políticos o demás personas poderosas), agudizado por el miedo ante la cercanía del cada día más cercano fin de su fallido mandato de excesos y caprichos.
Recién pasó el periodo de lastimeras quejas publicadas en Rayuela de su diario oficialista (La Jornada), porque su pupila no exaltó su régimen ni defendió sus programas en el debate presidencial, ahora les receta a los asistentes a la mañanera una hora con algunos de los más despreciados dictadores de la CELAC, condenando el allanamiento a la embajada mexicana en Ecuador, con el epíteto: “para que se vea cuánto se quiere a México”.
El mandatario parece encajar en el cuadro de la llamada “enfermedad del poder” o “síndrome de la arrogancia”, que según el neurólogo inglés David Owen y el profesor de Psiquiatría de la Universidad de Duke, Jonathan Davidson afecta a quienes ejercen el poder sin límites severos a su ejercicio.
Una de las manifestaciones típicas de este desorden es el desprecio por otros, y acaban creando una figura similar a la de una estrella del espectáculo, adoptan actitudes de imprudencia e incompetencia con total cinismo. Esto incrementa su narcisismo y egolatría. Los corifeos y aplaudidores sólo hunden al líder populista, quien necesitaría una dosis alta de conexión a la tierra: controles para impedir abusos y fraudes y poderes que lo limiten.
Muchos son los intelectuales que a lo largo de la historia han consignado la necesidad de acotar al presidencialismo mexicano, los legisladores cortesanos, los “levanta dedos” que aprueban iniciativas violatorias la Constitución, fracturan la democracia, ignoran el sistema anticorrupción, etcétera. El objetivo es complacer al jefe, sin corregir ni una coma –como le gusta a AMLO–, traicionan al pueblo que los eligió para defender sus intereses.
Ahora la confrontación electoral se ha llevado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el expresidente de esa institución, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quiere ser el artífice de la demolición del Poder Judicial, incluida la SCJN, y para ello, un día antes de renunciar a su cargo, había convenido sumarse a la campaña de Claudia Sheinbaum, ambos sonrientes posaron para la foto publicada en medios. (Animal Político. 08-11-2023).
Al ministro Zaldívar se le cocían las habas por dar a conocer que abajo de la toga que lo obligaba a ser un juzgador imparcial, vestía su playera guinda o quizá sólo buscaba protección a sus excesos. Lo cierto es que ya era larga la lista de casos en que se presumía su subordinación a López Obrador y sus reformas estructurales, obras faraónicas y demás. Hasta quiso alargar su periodo para cumplir con las consignas. El daño a su investidura estaba hecho.
Aunque sorpresiva, la investigación en su contra ordenada por la ministra Norma Piña, en el Consejo de la Judicatura, basada en una denuncia anónima con pruebas aportadas por más de 70 presuntas víctimas de la colusión mafiosa del presidente de la Corte, Arturo Zaldívar con altos funcionarios de la Cuarta Transformación para cumplir los deseos de López Obrador. La reacción del Ejecutivo fue igual de rápida y severa: amenazó de juicio político en contra de la presidenta de la SCJN, entre otras acciones.
Dicen los morenistas en concordancia con AMLO que el golpe es político para afectar la candidatura oficialista; pero la oposición –PRI, PAN, PRD y MC– coincide en que este asunto es de legalidad y justicia, y que la corrupción y el abuso de poder siempre deben perseguirse y sancionarse, aún en tiempos electorales. Pese a la narrativa presidencial en contra, es necesario fortalecer la autonomía del poder judicial no vulnerarlo ni destruirlo, de por medio va el futuro de nuestra nación.
¿Quién votará por fortalecer un presidencialismo autoritario? La opción hoy es detener ese despropósito y votar en contra.
Faltan sólo 45 días para las elecciones y los barruntos en el panorama no se despejan, hacen falta vientos de conciliación política, quizá los coordinadores de las bancadas en las cámaras legislativas tienen ante sí el reto de dar buenas cuentas a la población, al igual que los equipos de campaña. A nadie conviene exacerbar la confrontación: los mexicanos merecemos elecciones limpias.
