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/ Ana Laura Magaloni Kerpel /
“Mi propia moralidad. Mi propia conciencia. Es lo único que puede detenerme”. Esas son las palabras de Donald Trump en una larga conversación con reporteros de The New York Times, publicada el 8 de enero. Trump se refería a sus facultades de Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, su declaración también puede leerse como la síntesis de lo que está sucediendo en Estados Unidos.
El informe Top Risks 2026 de Eurasia Group describe lo que denomina la revolución política de Estados Unidos: un intento sistemático del Presidente por desmantelar los frenos y contrapesos de la democracia más vieja del mundo. Desde que llegó al poder, Trump se ha dedicado a empujar todos los días los límites conocidos. No se trata ya de decisiones y abusos aislados, sino de una transformación real del propio sistema político norteamericano.
No deja de sorprenderme lo mal que han funcionado los contrapesos durante el primer año de gobierno de Trump. Según el mencionado informe, el Congreso ha acompañado la mayoría de las iniciativas presidenciales. El Partido Demócrata aparece fragmentado, sin una estrategia clara de resistencia. Los disidentes republicanos han sido neutralizados mediante amenazas de castigo. Y actores tradicionalmente relevantes -medios de comunicación, universidades, grandes despachos de abogados y corporaciones- han optado por la autocontención o el acomodo, ante el temor de represalias.
Los tribunales han sido un dique parcial e insuficiente. Las acciones impugnadas judicialmente no han logrado frenar el objetivo estratégico de Trump: intimidar, disuadir, disciplinar. La maquinaria judicial se ha movido mucho más lento que la vertiginosa y avasallante administración trumpista. Además, la propia Corte Suprema ha mostrado receptividad y disposición para ampliar sustantivamente los márgenes de acción del poder presidencial.
Uno de los hallazgos más reveladores del informe es el Governance Tracker, que clasifica las acciones del gobierno según dos ejes: cuánto rompen con normas históricas y cuánto erosionan los controles institucionales. En términos generales, llaman mucho la atención las pocas acciones que han podido ser frenadas. Pero, además, varias de las decisiones clave de Trump se concentran en el cuadrante más peligroso: alto rompimiento de normas y alta erosión de contrapesos. Entre ellas destacan, por ejemplo, la politización abierta del Departamento de Justicia, mediante la remoción o marginación de fiscales y funcionarios considerados poco leales; el uso selectivo de investigaciones penales y regulatorias contra opositores políticos y actores económicos críticos y los despliegues de la Guardia Nacional en entidades federativas opositoras. A ello se suman ataques directos a medios de comunicación, universidades, despachos de abogados y organizaciones civiles.
Entonces, ¿quién frena a Trump? El informe es claro: nadie por sí solo. El federalismo ofrece cierta resistencia; algunos estados han defendido su autonomía frente a la intromisión federal. Las elecciones siguen siendo un mecanismo relevante, pero cada vez más vulnerable a presiones, redistritaciones oportunistas y disputas sobre la integridad del proceso. Incluso una eventual mayoría opositora en la Cámara de Representantes tendría capacidades limitadas: puede investigar e incomodar, pero no revertir una Presidencia dispuesta a gobernar al margen de las normas.
Eurasia Group sugiere que esta “revolución” muy posiblemente fracase a largo plazo, erosionada por la propia impulsividad de Trump, la fatiga social y una resistencia institucional tardía. Pero aun si fracasa, no habrá retorno al punto de partida. El próximo Presidente heredará un Ejecutivo más fuerte y contrapesos más débiles. Ese será, quizá, el legado más duradero de la administración de Trump.
La lección para el mundo es clara: cuando los frenos al ejercicio del poder fallan constantemente en la democracia norteamericana, el autoritarismo deja de parecer una anomalía y se convierte en una opción plausible y legítima en cualquier parte del mundo.
