**A juicio de Amparo .
/ Amparo Casar /
Convengamos que las conferencias matutinas no son un ejercicio de diálogo, sino uno propagandístico. No hay diálogo en ninguna de sus dos acepciones: conversación entre dos o más personas que exponen sus ideas y comentarios de forma alternativa o discusión sobre un asunto con la intención de llegar a un acuerdo. Cuando “interactúa” con periodistas —las más de las veces a modo— lo que sigue es un largo soliloquio.
Han sido el principal instrumento de gobierno de López Obrador, de campaña permanente, de propaganda, de exaltación de su persona, de mentiras respecto al estado que guarda la nación, de exclusión de voces discordantes, de insultos a otros poderes, órganos autónomos, medios, formadores de opinión, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales.
No estoy clara si en sí mismas son ilegales o, al menos, de dudosa legalidad. Pienso, por ejemplo, en los párrafos 7 y 8 del artículo 134 constitucional que dice que: “Los servidores públicos… tienen… la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos… sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos”; que “la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social” y, que, “en ningún caso… incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada …”.
De lo que sí estoy clara es de dos cosas. La primera es que ha violado repetidamente lo que las autoridades electorales, en pleno uso de sus facultades, le han ordenado callar en las conferencias matutinas. En no menos de 14 ocasiones, ya sea el INE o el TEPJF, le han ordenado abstenerse de emitir expresiones en contra de sus opositores o en favor del movimiento que encabeza. Haciendo alarde de que, como Presidente, se percibe a sí mismo por encima de la ley (y lo está), las 14 veces ha burlado o ignorado las resoluciones de las autoridades.
Quién fuera Presidente para desacatar las órdenes de las máximas autoridades electorales.
La segunda es la cantaleta de que él es un ciudadano y que como tal tiene el derecho de réplica: “Como a mí todos los días me agravian, tengo derecho de réplica, ¿no? hasta me quedan a deber, tengo un déficit. Ya voy a ir poco a poco reponiéndome, porque no alcanzo a replicar todo” (13/04/23) o “me quieren silenciar, no quieren que yo hable, y dónde queda la libertad de expresión, y el derecho a la réplica y el derecho a disentir” (14/07/23).
Insólito que exija para sí un derecho que no estuvo dispuesto a otorgar a la senadora Xóchitl Gálvez, quien interpuso un procedimiento judicial de acuerdo con la ley que establece que “toda persona podrá ejercer el derecho de réplica respecto de la información inexacta o falsa que emita cualquier sujeto obligado… y que le cause un agravio”. La solicitud al sujeto obligado —el Presidente— fue hecha en tiempo y forma para simplemente aclarar que ella no se había pronunciado por desaparecer las pensiones para adultos mayores.
Quién fuera el Presidente para negar el derecho de réplica a pesar de que un juez así se lo ordenó.
Curioso que el Presidente quiera convencernos que las mañaneras son un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas cuando la mayoría de los contratos de sus obras emblemáticas y hasta el proceso de elaboración de los programas y planes de estudio que deben anteceder a la elaboración de los libros de texto son clasificados y, por tanto, ocultos a quien quiera consultarlos. O cuando ha habido un retroceso inimaginable en la disponibilidad de “la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos”.
Quién fuera Presidente para ocultar la información que no queramos que conozcan las dependencias públicas sin temor a ser sancionados.
Extraño también que se moleste e insulte a los periodistas o a los investigadores que, a partir de documentos oficiales obtenidos por la vía legal, informan sobre actos de corrupción cometidos en su administración, pero él acusa sin pruebas y haciendo uso indebido e ilegal de datos personales protegidos por la legislación. Otra vez, es el caso de la senadora Gálvez y los documentos difundidos sobre sus empresas, las de su marido y de su hija.
Quién fuera el Presidente para obtener ilegalmente información protegida que se refiere a la vida privada y los datos personales de otras personas.
Quizá habría que recordarle al Presidente que “la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros”. Las mañaneras están llenas de estos tres ataques: a la senadora, a otros integrantes de la oposición, a los periodistas, a los académicos, a los opinadores y a quien se atreva a disentir con él.
Pero no, querido lector, ni usted ni yo somos presidentes y sí estamos sujetos a la ley.
