**Denise Dresser
Para el GIEI.
Para las familias de los 43.
¿Quién manda en México? ¿El presidente López Obrador o la cúpula a cargo de la inteligencia militar? ¿El titular del Poder Ejecutivo o el titular del Ejército? ¿La Secretaría de Gobernación o la Secretaría de la Defensa Nacional? ¿La Fiscalía General de la República o el general Cienfuegos? ¿El Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas o los generales y almirantes al frente de las Fuerzas Armadas? Es alarmante que la respuesta no resulte clara. Es preocupante que las preguntas sean obligadas, frente a lo que revela el III Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes sobre Ayotzinapa. Un patrón de simulación, un guion de obstrucción, un entramado de colusión entre comandos militares, autoridades civiles y criminales organizados dedicados al narcotráfico en Guerrero. El triángulo de la amapola, donde un triunvirato se ha dedicado a mentir y obstaculizar desde hace ocho años. Y lo sigue haciendo.
Generales, procuradores, ministerios públicos mintieron al construir la “verdad histórica” según la cual los 43 habían sido capturados por la banda de Guerreros Unidos, y quemados en el basurero de Cocula. Mintieron al “encontrar” restos incinerados de uno de los normalistas en el Río San Juan. Mintieron cuando aprehendieron a un montón de presuntos responsables y los encarcelaron, en un intento por darle carpetazo al tema que provocó el principio del fin para Peña Nieto. Ahora estamos más cerca de la verdad y sus implicaciones son aterradoras para una Cuarta Transformación que se ha convertido en una Cuarta Militarización, y deja eso como su legado más tangible. Para la posibilidad de justicia cuando quienes participaron en su obstaculización ayer, siguen en el poder o en la impunidad hoy. AMLO habla de un Ejército distinto cuando sus altos mandos siguen siendo muchos de los mismos.
Ahora sabemos que personal de la Secretaría de Marina intervino en Cocula, cargando bultos e iniciando incendios. Que las autoridades policiales y militares -de todos los niveles- sabían en tiempo real lo que estaba ocurriendo esa noche. Que las autoridades de inteligencia militar estaban enteradas de la fabricación de heroína así como su trasiego a Estados Unidos vía autobuses. Que sorpresivamente cesan las comunicaciones interceptadas entre 9:20 y 10:15 cuando los estudiantes desaparecen. Que nunca apareció el famoso “quinto autobús”, cargado presumiblemente con droga. Que los esfuerzos por desacreditar al GIEI e exigir su salida del país en el sexenio pasado fueron impulsados por el general Cienfuegos. Y en la trama de Ayotzinapa participaron la Sedena, el Batallón 27, la Seido, el Cisen, la policía federal, el exprocurador Murillo Karam, la PGR, ministerios públicos, Tomás Zerón, civiles y militares, miembros de instituciones del Estado, coordinados por inteligencia militar. Fue el Estado y sigue siendo el Estado.
Sabemos esto gracias a un decreto presidencial del 2020, obligando a todas las autoridades involucradas a proporcionar la información solicitada. Pero ha sido entregada a cuentagotas, de forma incompleta, con alegatos de su inexistencia, con prevaricación en cada momento del proceso, con 20 testigos misteriosamente muertos. Los involucrados supieron, saben y se están protegiendo. Ocultaron y siguen ocultando. Simularon y siguen simulando.
La voluntad política de esclarecer puede terminar incinerada por el imperativo político de proteger. Lo cierto es que López Obrador cogobierna con un grupo señalado -las Fuerzas Armadas- que aún no ha sido investigado. La antigua estructura de poder sigue intacta. El general Cienfuegos estaba en la inauguración del AIFA, celebrando una obra cuestionada por la opacidad de contratos ocultos y adjudicaciones amiguistas. Sus subalternos cercanos ahora ocupan puestos de primera línea y en el caso del almirante Ojeda, el Presidente lo exoneró a priori al declarar que “no estuvo involucrado”. Los participantes de Semar en el montaje en Cocula ya “declararon” ante la FGR, cuyo titular -Alejandro Gertz- es un criminal que prevalece en el puesto gracias al apoyo de AMLO. Y si bien López Obrador asegura que Peña Nieto no es “culpable” pero sí “responsable”, la única manera de terminar con la impunidad transexenal sería obligándolo a él y a Cienfuegos a declarar. Si no, quedará claro quién manda, y no es el actual Comandante Supremo.
