*Retrovisor.
/Ivonne Melgar/
Ofreciendo atender las causas de la desigualdad, la violencia y el crimen organizado, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio prioridad a los programas sociales que se fueron incorporando a la Constitución.
Se ampliaron entonces, desde 2019 a la fecha, montos, modalidades y número de beneficiarios de becas escolares y de transferencias económicas, eliminando el seguimiento gubernamental que antes tuvieron
Y es que en las cuatro administraciones anteriores (Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto), los programas contra la desigualdad condicionaron las transferencias familiares a la cobertura en educación y salud.
Entre críticas, cambios de nombre y mediciones públicas, Progresa, Oportunidades y Prospera incrementaron la presencia de niñas y adolescentes en la enseñanza básica, reteniéndolas en las aulas.
Fueron acciones que la euforia por los llamados programas del bienestar diluyó cuando el Inegi y el Coneval mostraron que la pobreza se redujo para 8.9 millones de mexicanos en el sexenio de López Obrador.
Ese éxito se atribuye a las mejoras salariales y a las trasferencias que en 2025 suman 835 mil 700 millones de pesos para 17 programas, destacando Adultos mayores y Becas Rita Cetina y Benito Juárez.
Se trata de un relevante ingreso vital universal para 82% de las familias en México que, según declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, son beneficiarias con al menos una de las diversas transferencias.
Y a juzgar por lo observado en estos casi 10 meses de gobierno, la mandataria asume que este legado de su antecesor es el motor de su política social en tanto instrumento de redistribución de los ingresos.
Sabemos que legisladores de Morena ensayan en el Congreso una propuesta de miscelánea fiscal, sin llegar a reforma, para crear impuestos relacionados con vivienda, herencias y altos ingresos.
Es una preocupación oficialista que responde a la escasez de recursos frente a los compromisos constitucionales contraídos con tanta transferencia y al propósito de no profundizar la deuda que López Obrador dejó.
Pero ya que se van a revisar los ingresos, ¿por qué no hacer lo propio con los egresos?, es decir, con el futuro ejercicio del gasto público, a la luz de los resultados que tenemos en educación, salud y construcción de paz.
Nuestra colega Laura Toribio nos contó el 11 de julio en estas páginas que en el ciclo escolar 2024-2025, 994 mil 219 estudiantes abandonaron las aulas, según datos del Observatorio de la Educación.
En el nivel medio superior 30.9% de los alumnos desertaron de sus estudios. “Su magnitud revela un estancamiento alarmante en las estrategias de permanencia escolar”, advirtió Educación con Rumbo.
Y en la modalidad profesional técnico abandonó las aulas 59.5%; el estudio alertó que, en Baja California, Colima, San Luis Potosí y Sinaloa reportan niveles de abandono que superan 93 por ciento.
¿Algo en común en esas entidades? ¿Acaso sus altos niveles de violencia criminal? ¿Las becas entonces son insuficientes?
El 14 de julio, Atalo Mata nos compartió que, de acuerdo con las Estadísticas sobre Personas Adolescentes en Conflicto con la Ley, 2023, del Inegi, 32 mil 852 fueron imputados por la presunta comisión de un delito,
Se precisó que siete entidades concentran más de 50% de los jóvenes imputados en carpetas de investigación: Nuevo León, Estado de México, Guanajuato, Sonora, Jalisco, Chihuahua y la Ciudad de México. ¿Algún hilo conductor entre éstos?
Los cinco delitos más frecuentes fueron: lesiones (24.8%), robo (15.2%), amenazas (9.4 %), abuso sexual (9.0%) y narcomenudeo (8.4%).
Este jueves, nuestro compañero David Vicenteño informó que, para junio, 63.2% de la población afirmó sentirse insegura en su ciudad, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU-Inegi) del segundo trimestre de 2025.
Eso significa que la percepción de inseguridad aumentó 1.3% en comparación con marzo, y 3.8% en relación con junio del año pasado, observándose cifras superiores al 88% en Culiacán, Ecatepec, Uruapan, Tapachula, y Ciudad Obregón.
Ayer, la escritora Clara Scherer compartió datos de la Red Lupa que reportó que de mayo de 2024 a mayo de este año las personas desaparecidas pasaron de 114 mil 69 a 128 mil 64.
De los 13 mil 995 nuevos casos, 23% corresponden a 608 niñas y mujeres, la mayoría entre 15 y 19 años, una tragedia que en las 32 entidades aumentó: concentrándose 49% en Estado de México, Tamaulipas, Jalisco, Ciudad de México y Tabasco.
Frente a estos datos, ahora que nos acercamos a la preparación del presupuesto de egresos para 2026, vale la pena preguntarnos si con los programas del bienestar se están atendiendo las causas de la desigualdad y la violencia.
¿Es el billón de pesos que la Secretaría de Hacienda asignará a los programas del bienestar de 2026 el remedio a la desigualdad y la violencia? ¿Avanzamos realmente en frenar sus causas?
