*La Fundación por la Justicia representa a 9 núcleos familiares de víctimas fallecidas y 8 sobrevivientes, del incendio en la estación migratoria que dejó 40 personas fallecidas y varias personas afectadas, algunas con lesiones de por vida.
15.04.2025 Ciudad Juárez.- Organizaciones acompañantes, representantes jurídicas y víctimas expresaron su rechazo a la resolución del Tribunal en Ciudad Juárez que confirma la suspensión condicional del proceso penal del comisionado del INM, Francisco G.
“Es un mensaje de impunidad y justicia selectiva para las víctimas del incendio en la estación migratoria”, refirieron en un amplio comunicado sobre el caso .
El fin de semana el Tribunal Colegiado de Circuito del Poder Judicial Federal en Ciudad Juárez, Chihuahua, ratificó la suspensión del proceso penal contra Francisco G, titular del Instituto Nacional de Migración (INM).
Por unanimidad, los magistrados del Tribunal Colegiado de Apelación del Decimoséptimo Circuito, con sede en Ciudad Juárez, declararon parcialmente “inoperante” e “infundada” la impugnación impuesta por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático, contra la decisión de un juez de control, quien en enero del 2025 concedió a Garduño la salida alterna de dicho proceso al que estaba siendo sometido.
Al aun funcionario de gobierno en el INM se le atribuye el delito de ejercicio indebido del servicio público por el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez donde fallecieron 40 migrantes y 27 más resultaron lesionados.
Los magistrados confirmaron la decisión del juez penal federal de control, Víctor Manlio Hernández Calderón, de suspender del proceso penal contra Garduño Yáñez, otorgándole su libertad.
La apelación había sido presentada por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, que argumentó el incumplimiento de suspensiones provisionales en amparos a favor de las víctimas.
La defensa legal de dicha fundación, alegaron que el juez de control no debió realizar la audiencia donde otorgó la suspensión condicional del proceso, en virtud de que había varios amparos de víctimas por desahogarse.
“No nos cansaremos de repetir, murieron 40 hombres, otros 27 viven con lesiones físicas, neurológicas y psicológicas y 15 mujeres sobreviven con el recuerdo y las secuelas psicoemocionales de lo que presenciaron ese día”, apuntan en su escrito.
Asimismo, plantearon que tal mecanismo no se ajustó a los parlamentos establecidos por la ley y que la indemnización acordada como reparación del año correspondía en realidad al pago por la violación grave de derechos humanos, además de que esta debió ser pagada por el comisionado y no por el Estado mexicano.
Fundación para la Justicia es una organización no gubernamental mexicana dedicada a promover el acceso a la justicia y el fortalecimiento del estado democrático de derecho.
COMUNICADO
Organizaciones acompañantes, representantes jurídicas y víctimas expresamos nuestro rechazo a la resolución del Tribunal Colegiado de Apelación del Séptimo Circuito en Ciudad Juárez, Chihuahua, que confirmó la decisión del juez Víctor Manlio Hernández Calderón, de otorgarle la suspensión condicional del proceso al comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM) Francisco G. Y., ya que es un mensaje de impunidad y justicia selectiva.
El día viernes 11 de abril, pasadas las 9:00 p. m., se notificó a la Fundación para la Justicia, la resolución del recurso de apelación promovida por la asesoría jurídica, en contra de la suspensión condicional concedida al comisionado del INM, Francisco G. Y. La resolución llegó posterior al plazo de tres días que establece la ley en la materia.
La resolución votada por unanimidad de los magistrados Octavio Pineda Toribio, Gabriel Alejandro Castillo Sabanero y Emiliano López Pedraza confirma la determinación emitida por el juez Víctor Manlio Hernández Calderón, en la que le concedió la suspensión condicional de su proceso penal por el delito de ejercicio ilícito del servicio público (solución alterna a favor de Francisco Garduño).
Durante todo el proceso, el trato y, sobre todo, el ejercicio efectivo de los derechos de la asesoría legal y de las familias ha sido indigno y alejado del derecho. Notificaciones a altas horas de la noche (sin justificar la urgencia de las mismas), cambios repentinos en fechas de audiencias, anuncios que conciernen a las víctimas que no se notifican en tiempo y forma, como la disculpa pública, cuya fecha había sido decidida unilateralmente por el comisionado sin previo acuerdo con todas las víctimas y sobrevivientes utilizando los medios y recursos del INM, entre otras ilicitudes.
Ahora bien, con relación a la disculpa pública, recordemos que es una de las condiciones que estableció el Juez de control al otorgarle la suspensión condicional de su proceso al comisionado, y debe cumplirse (como lo indicó el juez y lo aceptó el imputado Francisco G. Y.), de común acuerdo con las familias de las víctimas fallecidas, las víctimas sobrevivientes y las asesorías jurídicas pública (CEAV) y particular (organizaciones que les acompañan). De no realizarse en los términos señalados por el juez, la disculpa no deberá ser tomada en cuenta como cumplida, a saber:
“Se precisa que la coordinación para lograr llevar adecuadamente LA CEREMONIA DE DISCULPA PÚBLICA, SE DEBERÁ ACORDAR PREVIAMENTE, DE MANERA CONJUNTA, ENTRE:
1. El imputado.
2. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
3. LAS ASESORÍAS TANTO PÚBLICAS COMO PARTICULARES DE LAS VÍCTIMAS DIRECTAS E INDIRECTAS.
4. Las víctimas directas e indirectas que deseen y puedan estar presentes en la preparación de dicha ceremonia.
QUIENES DEBERÁN ACORDAR LA MODALIDAD DEL CUMPLIMIENTO, ASÍ COMO TODAS ESAS PARTICULARIDADES QUE SE REQUIERAN PARA SU EFECTIVO CUMPLIMIENTO, COMO LO SON EL LUGAR Y LA FECHA DE REALIZACIÓN DE LA CEREMONIA.
Se reitera, tanto de víctimas directas como indirectas, así como de la Fiscalía de la Federación; ello, A FIN DE PACTAR UNA FECHA DE COMÚN ACUERDO ENTRE TODAS LAS PARTES INVOLUCRADAS, DE MANERA CONJUNTA.”
Al respecto, este 14 de abril sostuvimos una reunión con la Titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y el abogado defensor de Francisco G. Y., en la que se discutieron los términos en los que las familias y sobrevivientes desean que se lleve a cabo este acto a fin de reintegrar su dignidad, su vida y su memoria, y que además es una de las condiciones para que el comisionado pueda seguir con el proceso suspendido. Esta reunión fue convocada tan sólo dos días hábiles antes del 16 de abril, fecha anunciada unilateralmente por el comisionado como el día de dicho acto público, lo que imposibilitó la asistencia de la mayoría de los jóvenes sobrevivientes a la reunión celebrada hoy.
En la reunión, las familias y sobrevivientes señalaron los términos en los que desean que se dé dicha disculpa pública, de lo contrario, una vez más, estarían jugando con su dolor, siendo los siguientes:
I. A FIN DE PACTAR UNA FECHA DE COMÚN ACUERDO ENTRE TODAS LAS PARTES INVOLUCRADAS, DE MANERA CONJUNTA, el acto de disculpa pública/solicitud de perdón no puede, ni debe realice el próximo 16 de abril de 2025, como lo ha anunciado el imputado Francisco G.Y., Comisionado del INM.
II. Que se fije un plazo de por lo menos dos meses para organizar el acto de disculpa pública/solicitud de perdón, ya que las víctimas y sus familias, manifestaron su deseo de estar presentes en dicho acto.
III. Que se cubran los viáticos de los núcleos familiares y sobrevivientes que deseen estar presentes, así como, las gestiones administrativas para las visas por razones humanitarias para la entrada y traslados dentro de México.
IV. Contar con todos los medios digitales para la comunicación por medio de videoconferencia, para que quien no pueda acudir presencialmente, asista de manera remota.
V. Que la disculpa se realice a las afueras de la estancia migratoria en Ciudad Juárez.
VI. Que la elaboración del documento o texto de disculpa pública/solicitud de perdón, se realice con plena satisfacción de las víctimas, a fin de reintegrar LA DIGNIDAD DE LAS VÍCTIMAS Y, EN ESE SENTIDO, AYUDAR A REORIENTACIÓN SU VIDA Y/O SU MEMORIA.
Terminada dicha reunión, los acuerdos fueron:
1. Se van a llevar diversas mesas de trabajo estando presentes todas las víctimas y sus asesores jurídicos;
2. La ceremonia de Disculpa Pública será híbrida y se llevará a cabo en Ciudad Juárez, Chihuahua (esto en virtud de que la mayoría de las víctimas desean estar presentes de manera física y no sólo de manera remota);
3. Las víctimas entregarán, a través de sus asesores, el texto que desean que contenga la disculpa pública;
4. Se propuso por parte de la asesoría de las víctimas que la disculpa pública, además de ser publicada en medio oficiales y publicarse en dos medios nacionales (esto a propuesta de la propia defensa), también se publique en un medio de comunicación de cada país de origen de las víctimas;
5. La disculpa pública deberá darla el señor Francisco G. Y.;
6. Las víctimas tendrán derecho a la réplica una vez realizada la disculpa pública hecha por Francisco G. Y.;
7. Se propuso por parte de la Defensa Penal de Francisco Garduño que la disculpa pública se llevará a cabo el dos de mayo; la asesoría particular de las víctimas manifestó que esto sólo será posible si se garantiza la presencia física de todas las víctimas que desean estar presentes en dicha ceremonia.
8. La disculpa pública deberá realizarse en español con interpretación al K’iche’ y Q’anjob’al, ya que diversas víctimas de Guatemala provenían de comunidades mayas hablantes de estos idiomas.
Hace unas semanas se conmemoró el segundo aniversario del incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez en la que, no nos cansaremos de repetir, murieron 40 hombres, otros 27 viven con lesiones físicas, neurológicas y psicológicas y 15 mujeres sobreviven con el recuerdo y las secuelas psicoemocionales de lo que presenciaron ese día.
Las organizaciones que acompañamos y representamos a 9 núcleos familiares de víctimas fallecidas y 8 sobrevivientes, hemos utilizado todos los medios legales a nuestra disposición para que la justicia mexicana haga su trabajo y garantice, como lo dice el artículo 1º de la Constitución, igualdad de derechos a todas las personas que se encuentran en territorio mexicano.
