*David López Nájera/GIASF*
Recientemente, el New York Times publicó un artículo que habla del reclutamiento de jóvenes universitarios estudiantes de química, por parte del Cartel de Sinaloa, en Culiacán. Según el reportaje, se buscaba generar los precursores químicos necesarios para la fabricación del fentanilo en el país, sin depender de los químicos importados de China [1]. En la conferencia mañanera del 2 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum desmintió que esos acontecimientos sucedieran en México, y argumentó que la Secretaría de Seguridad no contaba con información que pudiera respaldar o confirmar el reclutamiento de jóvenes universitarios para la producción de drogas en el país [2].
Más allá de poner en cuestión la veracidad de la nota, las palabras de la presidenta dejaron ver la minimización del problema de reclutamiento forzado que vive un número significativo de jóvenes en México.
Hace un año, el país se conmocionó cuando se difundió en redes sociales el vídeo de los jóvenes Roberto Olmeda Cuéllar, Jaime Martínez Miranda, Diego Lara Santoyo, Uriel Galván González y Dante Cedillo Hernández, siendo sometidos a crueles violencias después de haber sido reportados como desaparecidos en Lagos de Moreno, Jalisco. Los jóvenes fueron vistos por última vez después de asistir a la feria de dicho municipio y, aunque en el video se pudo reconocer la finca en la cual se encontraban en el momento de la grabación, después de un año y 4 meses, con la detención de varios presuntos implicados en el crimen, y con los posibles restos de los jóvenes, estos aún no han sido identificados [3]. Muchas personas señalaron que lo ocurrido podían ser prácticas de “iniciación” hacia los jóvenes para ser reclutados como integrantes del crimen organizado.
Solo 3 meses antes, en el municipio de Zapopan, en el mismo estado, desaparecieron 8 jóvenes, pero en distintas circunstancias. El 20 de mayo se reportó la desaparición de Carlos Benjamín García Cuevas y el 22 de mayo desaparecieron Itzel Abigail Valladolid Hernández, Carlos David Valladolid Hernández y Juan Antonio. Después ocurrió la desaparición de Arturo Robles y Jesús Alfredo Salazar Ventura, el 24 de mayo, y el 26 del mismo mes fueron reportados como desaparecidos Mayra Karina Velázquez Durán y Jorge. Finalmente, el 29 de mayo, se reportó la desaparición de Sandra Analí Ramírez Hernández.
Aunque la desaparición no ocurrió en grupo, a partir de las investigaciones realizadas por la Fiscalía, se descubrió que todos los jóvenes trabajaban para un call center clandestino, relacionado con grupos criminales, cometiendo sobre todo fraudes telefónicos [4]. De acuerdo con líneas de investigación posteriores, desde el call center clandestino, operado presuntamente por el Cártel Jalisco Nueva Generación, se realizaban fraudes inmobiliarios contra ciudadanos estadounidenses. También se descubrió la relación entre la operación de este lugar con Pablo Lemus, ex-presidente municipal y actual gobernador [5].
Por otra parte, en el mismo estado de Jalisco, se han investigado las múltiples desapariciones ocurridas en la Central de Autobuses de Tlaquepaque. El colectivo “Guerreros Buscadores” ha documentado al menos 67 casos de hombres jóvenes que han desaparecido en las instalaciones o inmediaciones de la Central. El modus operandi es el mismo en todos los casos: los jóvenes son atraídos por ofertas laborales publicadas en redes sociales, regularmente en Facebook, para ocupar puestos de guardias en empresas privadas de seguridad o choferes privados, ganando 4 mil pesos semanales.
Incluso cuando los interesados no tienen la economía para pagar el autobús a la terminal, es el supuesto reclutador quien les paga el boleto para que puedan llegar al destino. Ya ahí, en el lugar donde se supone se realizará la entrevista laboral, se pierde el contacto con los jóvenes [6]. Entre estos jóvenes desaparecidos conocemos los casos de Carlos Antonio Hernández Orozco, joven de 24 años, que acudió a la central por una oferta de empleo como chofer, o Anthony Daniel Soto López, de 19 años, que también acudió por una presunta oferta laboral.
Actualmente, en la agenda pública no hay acciones claras para frenar y prevenir el reclutamiento forzado por parte de grupos del crimen organizado a las y los jóvenes del país; sin embargo, esta práctica no es reciente por parte los carteles en el país, más bien como han aumentado las actividades de dichos grupos, se ha diversificado y se han especializado también en las formas de engrosar sus filas, aun contra la voluntad de las juventudes.
El reclutamiento forzado de jóvenes, una práctica en aumento.
En 2010 se conoció la historia de Édgar Jiménez, “el ponchis”, también conocido como “el niño sicario”; en ese entonces era un adolescente de 14 años, y fue detenido cuando era sicario en el cártel del Pacífico Sur. Sus actividades criminales comenzaron desde que tenía 11 años de edad. En ese entonces, el país se conmocionó, pues no existía en el imaginario social la posibilidad de que los niños y adolescentes estuvieran siendo cooptados como sicarios por los grupos del crimen organizado [7]. Pero, si hace 14 años que ya se sabía del reclutamiento de niños y jóvenes, ¿en este tiempo qué políticas públicas se han implementado para atender esta situación? Cabe destacar la responsabilidad del Estado para prevenir el reclutamiento y, sobre todo, atender los casos de desaparición vinculados al reclutamiento forzado, y la desarticulación de estas redes.
De acuerdo con el informe de 2023 de la organización “Tejiendo Redes Infancia”, son alrededor de 30 y 35 mil menores de edad los que son víctimas de reclutamiento forzado anualmente [8]. Además, esta situación no se ha tipificado como un delito, lo cual imposibilita a los sistemas de justicia a investigar estos casos.
Hasta el momento, han sido pocos los gobiernos estatales que se han pronunciado al respecto de esta problemática; solamente la Fiscalía del Estado de Sonora y su homónima en Chihuahua emitieron en 2024 y 2022 respectivamente, recomendaciones a jóvenes y padres de familia para prevenir el engaño y reclutamiento de las y los adolescentes y jóvenes. En el último trimestre de 2021 se creó el Observatorio Nacional de Prevención del Reclutamiento de Niñas, Niños y Adolescentes por parte de la delincuencia organizada (ONPRENNA), integrado por diversas instituciones gubernamentales, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil, que se han dedicado a dar seguimiento e investigar sobre esta problemática. Sin embargo, hasta el momento de escribir esta columna, desconocemos si existe un plan federal para la prevención y erradicación de este delito.
Las formas de reclutamiento forzado son diversas, y pueden abarcar desde las ofertas laborales falsas que se anuncian en redes sociales, hasta el secuestro aleatorio. En el caso específico de Jalisco, se ha documentado en los casos que mencionamos al inicio de esta columna y que parecen estar asociados al CJNG; en dicha entidad, el entonces gobernador Enrique Alfaro negó la existencia de una crisis de desaparecidos, minimizando la problemática y diciendo que son “ausencias voluntarias”.
No podemos negar que ante la crisis de violencia que vive el país, delitos como el reclutamiento forzado están vinculados a otros como desaparición, pues al obligar a las personas (sobre todo juventudes) a formar parte de los cárteles, desaparecen. Con ello se abren dos cuestiones a repensar; la primera tiene que ver con la falta de participación del Estado a nivel federal y los gobiernos estatales para prevenir y combatir las redes de reclutamiento, sobre todo cuando ya se conocen algunos modos como el reclutamiento vía redes sociales, y las zonas donde estas personas desaparecen como es el caso de la Central de autobuses de Tlaquepaque.
La segunda tiene que ver con la responsabilidad del Estado para con sus ciudadanos, en este caso las y los jóvenes. El Estado mexicano ha fallado en garantizar su seguridad y libertad, y además carece de mecanismos que permitan a las juventudes tener una vida plena, contar con un desarrollo personal y profesional y no ver en los grupos del crimen organizado la única forma de salir de situaciones de violencia o de pobreza y pobreza extrema.
El Estado y la sociedad mexicana tenemos una deuda enorme con las infancias, juventudes y adolescencias que han crecido en un México en guerra; tenemos una deuda con los jóvenes e infantes, quienes les fueron arrebatados los espacios públicos dedicados a la recreación, y se les ha negado el encuentro con los otros y con ello la posibilidad de hacer comunidad.
También se requiere legislar leyes en materia de reclutamiento y reclutamiento forzado para generar vías e instituciones que sepan atender estas necesidades; a ello se suman otras problemáticas como el desplazamiento forzado, fenómeno social generado por las violencias del conflicto entre grupos criminales y el comercio de la violencia como nueva forma de enriquecimiento.
Por último, queda también la responsabilidad del Estado mexicano para la población migrante en el país, pues ahora conocemos que el reclutamiento forzado ha extendido sus brazos también a ex militares colombianos con falsas propuestas de empleo sobre seguridad privada. Uno de ellos es David, un ex militar colombiano de 30 años, quien vía Facebook fue reclutado con una oferta de empleo como guardia de seguridad, por un pago de 46 mil pesos mexicanos mensuales.
Sus reclutadores le pagaron los vuelos de Colombia a Cancún, junto con 8 personas más; una vez en México, fueron trasladados a Guadalajara, a un rancho ubicado en el municipio de Tuxpan. Al llegar, fueron informados por hombres armados que ya formaban parte del cártel CJNG, y que deben de pelear por municipios de Michoacán que les “pertenecen” a cárteles rivales. David y otros seis compañeros lograron escapar pese a las amenazas de ser asesinados en caso de desertar; ahora esperan a juntar el dinero suficiente para volver a su país y alertar a sus compatriotas sobre estas falsas ofertas laborales [9].
Al final, si la presidenta Claudia Sheinbaum desconoce o no reconoce el posible reclutamiento de universitarios para la producción de fentanilo, ¿también desconoce la problemática de reclutamiento forzado que viven los jóvenes en México? ¿Ha establecido acuerdos internacionales para la prevención del reclutamiento de personas migrantes? ¿O seguimos bajo una lógica negacionista de la crisis de violencia que azota al país?
*David López Nájera es joven investigador y forma parte de la asamblea de coordinación del Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense (GIASF). Se ha enfocado al estudio y atención de diferentes tipos de violencia, graves violaciones a derechos humanos y atención a familiares de personas desaparecidos. Es operador del Laboratorio de Antropología de las Justicias y las Violencias en CIESAS y también es profesor de asignatura de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala en la carrera de Psicología.
Referencias:
[1] Kitroeff Natalie y Villegas Paulina (1 de diciembre, 2024). Los carteles en México reclutan estudiantes de quimica para fabricar fentanilo. The New York Times. Recuperado de: https://www.nytimes.com/es/2024/12/01/espanol/america-latina/mexico-fentanilo-carteles-estudiantes-quimica.html
[2] Marca (2 de diciembre de 2024) Claudia Sheinbaum ironiza sobre portada de The New York Times y Breaking Bad sobre reclutamiento de estudiantes de química por el Cártel de Sinaloa. Marca. Recuperado de: https://www.marca.com/mx/actualidad/2024/12/02/674df88f268e3e66108b4573.html
[3] Ureña Liberto ( 10 de agosto de 2024) A un año, familiares de jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno siguen sin tener respuestas. Milenio. Recuperado de: https://www.milenio.com/estados/familias-jovenes-desaparecidos-lagos-moreno-respuestas
[4] Huerta, Juan Carlos ( 28 de mayo, 2023). Jóvenes desaparecidos en Zapopan: Esto sabemos del call center clandestino. El Financiero. Recuperado de: https://www.elfinanciero.com.mx/estados/2023/05/28/jovenes-desaparecidos-en-zapopan-esto-sabemos-del-call-center-clandestino/
[5] Cano Joel ( 29 de junio, 2023) Caso Call Center de Zapopan: detienen a arrendatario que presuntamente encubrió la desaparición de los 8 trabajadores. Infobae. Recuperado de: https://www.infobae.com/mexico/2023/06/29/caso-call-center-de-zapopan-detienen-a-arrendatario-que-presuntamente-encubrio-desaparicion-de-los-8-trabajadores/
[6] Cano Joel (22 de septiembre de 2024) Suman más de 50 desaparecidos en la Nueva Central Camionera de Tlaquepaque; serían reclutados por el CJNG. Infobae. Recuperado de: https://www.infobae.com/mexico/2024/09/22/suman-mas-de-50-desaparecidos-en-la-nueva-central-camionera-de-tlaquepaque-serian-reclutados-por-el-cjng/
[7] Guerrero, Diego (3 de septiembre de 2019) “El ponchis”, el niño sicario que aprendió a matar a los 11 años. Excelsior. Recuperado de: https://www.excelsior.com.mx/nacional/el-ponchis-el-nino-sicario-que-aprendio-a-matar-a-los-11-anos/1334134
[8] Redacción AN ( 28 de septiembre, 2023) Reclutamiento forzado no está tiìdicado en México, no se puede sancionar a nadie por ello: Tejiendo Redes Infancia. Aristegui Noticias. Recuperado de: https://aristeguinoticias.com/2809/mexico/reclutamiento-forzado-no-esta-tipificado-en-mexico-no-se-puede-sancionar-a-nadie-por-ello-tejiendo-redes-infancia/
[9] Cano Joel ( 3 de diciembre de 2024) CJNG engaña a exmilitares de Colombia para reclutarlos como escoltas en estos estados, INFOBAE. Recuperado de: https://www.infobae.com/mexico/2024/12/03/cjng-engana-a-exmilitares-de-colombia-para-reclutarlos-como-escoltas-en-estos-estados/
Fotografía de portada: En la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción fue instalado un altar dedicado a Roberto Olmeda Cuéllar, Diego Alberto Lara Santoyo, Uriel Galván González, Jaime Adolfo Martínez Miranda y Dante Cedillo Hernández, los cinco jóvenes desaparecidos el 11 de agosto de 2023 en Lagos de Moreno, Jalisco. (Mónica Cerbón)
Grupo de Investigación en Antropología Social y Forense
