* Escrito por Arantza Díaz .
02.08.2024 /Cimac Noticias.com/ Chiapas.- Desde el pasado 18 de julio diversas comunidades de Chiapas permanecen bajo el asedio de grupos armados y familias enteras se han visto en la imposibilidad de salir de sus comunidades, por lo que 80 organizaciones se han posicionado para demandar al Gobierno federal y local que actúe lo antes posible, priorizando siempre, la seguridad de las infancias, personas adultas mayores, mujeres y familias chiapanecas quienes se ven amenazadas a causa de los enfrentamientos entre células delictivas que se disputan la región.
En un posicionamiento firmado por un total de 82 cuerpos civiles, se denuncia la revictimización por parte del presidente López Obrador y la inacción de las autoridades federales quienes han minimizado la situación, cargando toda la responsabilidad sobre la población civil que ha tenido que sobrevivir a través de sus propios medios de autodefensa a un panorama extremadamente violento y vulnerable.
Las entidades que permanecen incomunicadas y que se ven más afectadas a causa de estos hechos son: Frontera Comalapa, Chicomuselo, La Concordia, El Porvenir, Motozintla, Bejucal de Ocampo, Bella Vista, Siltepec, Mazapa de Madero, Amatenango de la Frontera, Monte Cristo de Guerrero, Angel Albino Corzo, La Grandeza, Niquivil, Pablo L. Sidar y las Las Chicharras.
Asimismo, denuncian que las respuestas dadas por el presidente y su gobierno solo han fomentado la estigmatización de los pueblos chiapanecos y su gente, pues han sido señalados de ser la base social de los grupos delincuenciales; no así, comprendiendo los contextos sociales, las necesidades, la violencia, los derechos supremos de las infancias, la precarización y la lucha comunitaria por resistir.
Todo esto, termina por recrudecer la violencia, no sólo por cuenta del crimen organizado, sino también, de las fuerzas armadas que ejercen detenciones arbitrarias, tortura y desapariciones forzadas en personas inocentes.
«Estas afirmaciones desconocen la imposibilidad que enfrentan las personas ante la amenaza de los violentos y el uso de las armas (…) Generan mayor riesgo para la población de ser identificada por uno u otro grupo como aliada de grupos contrarios, convirtiéndoles en objetivo militar»
Para contextualizar, el más reciente informe del Observatorio de la Guardia Nacional y la Militarización, cubierto por Cimacnoticias reveló que el Ejército acumula 2 mil 248 quejas por tratos inhumanos, siguiéndole la Guardia Nacional con mil 917 expedientes, alertó la organización Causa Común.
Asimismo, es necesario referir que el actuar del Gobierno Federal está violando una de las piedras angulares en materia de derechos humanos: Principio de distinción del Derecho Internacional Humanitario.
Este derecho internacional fue pautado por primera vez en la Declaración de San Petersburgo y establece que el único objetivo legítimo del Estado durante un conflicto armado es debilitar el proceso, siempre salvaguardando la integridad de su población y diferenciando, en todo momento, a las personas civiles: «Los ataques sólo podrán dirigirse contra combatientes. Los civiles no deben ser atacados.»
Una historia de violencia que no ha sido atendida: Urge protección en Chiapas
Los bloqueos y enfrentamientos no son una historia nueva en la región, pues desde mayo, agosto y septiembre del año pasado se vivieron circunstancias similares y de nueva cuenta, el actuar federal sólo terminó por erosionar aún más la situación al hacer un uso desmedido de las fuerzas armadas.
Según documenta Colectivo de Monitoreo Frontera Sur, al retirarse las fuerzas federales los grupos delictivos volvieron a enfrentarse, esta vez, con mayor violencia dejando en extrema vulnerabilidad a la población civil. No existió un trabajo de investigación e inteligencia que permitiera desarticular las bandas que pelean por el control del territorio de la frontera sur de nuestro país.
Chicomuselo, comunidad que hoy permanece incomunicada, el año pasado también fue el epicentro de la disputa territorial; tráfico de droga, armas y personas migrantes son las prácticas con mayor incidencia en esta comunidad desde hace más de un año.
Asimismo, la organización refiere que miles de familias no han podido huir del territorio, adolescentes, niños y adultos han sido reclutados forzadamente al crimen organizado a través del secuestro y se tiene registro de personas civiles asesinadas.
El pasado 13 de mayo once personas fueron asesinadas con extrema violencia pues se oponían a la extracción de una mina ubicada en el ejido de Nueva Morelia. Casi un mes después, el pasado 28 de junio 19 personas fueron víctimas de homicidio en esta misma región.
Hasta el momento, estas 16 comunidades han pasado los últimos días bajo el yugo absoluto del crimen organizado. Algunas comunidades no tienen acceso a servicios de salud, medicamentos, alimento, luz, internet ni transporte para buscar ayuda o servicios básicos a causa de la orden implementada por las células delictiva: «Nadie entra y nadie sale«.
A causa de esta situación, las pocas familias que están logrando escapar de la entidad de Chiapas lo están haciendo hacia el sur del país, llegando a Guatemala y demandando refugio. Esta situación de vulnerabilidad reconoce la organización, afecta a todas las personas por igual, sin embargo, el desplazamiento forzado se recrudece en personas provenientes de áreas rurales, comunidades indígenas y mujeres.
Como ha sido señalado por la Corte-IDH, el desplazamiento forzado interno es un fenómeno que pone en riesgo una gama de derechos y, por lo tanto, debe ser entendido como una condición de facto de desprotección. En este sentido, las 82 organizaciones civiles exigen los siguientes puntos:
- Al presidente de la República abstenerse de realizar señalamientos a la población que criminalizan y causan victimización secundaria en los términos del artículo 5 de la Ley General de Víctimas.
- Al gobierno federal su inmediata intervención en la zona para prevenir nuevos desplazamientos forzados y otros daños irreparables a la vida, la integridad y otros derechos de las personas afectadas por el crimen organizado.
- A los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Estado de Chiapas y municipales brindar alojamiento y alimentación en condiciones de seguridad y dignidad a las víctimas que se encuentren en especial condición de vulnerabilidad o que se encuentren amenazadas o desplazadas de su lugar de residencia.
- A la Comisión Estatal y comisiones locales de Búsqueda de Personas activar mecanismos de búsqueda, localización e identificación de personas que puedan haber sido objeto de desaparición forzada en las confrontaciones entre grupos armados.
- A Los Gobiernos federal y estatal facilitar el retorno, reasentamiento reintegración de las personas desplazadas internas en condiciones de seguridad, voluntariedad y dignidad.
- A la Secretaría de Relaciones Exteriores establecer una mesa de coordinación binacional con el gobierno de Guatemala para brindar asistencia a las personas que se desplazaron al vecino país, así como coordinar acciones para retorno las personas en condiciones de seguridad, voluntariedad y dignidad cuando así lo decidan.
- A la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes asumir la responsabilidad en la protección de los niños, niñas y adolescentes y velar por la garantía de sus derechos a la salud, educación, e investigar las denuncias de reclutamiento forzado.
