*Muchas mujeres jornaleras en Estados Unidos están evitando salir de sus hogares debido al temor constante a ser detenidas y deportadas mediante la redadas violentas.
/ Escrito por Paola Piña / Foto Crédito: Rosana Martín Grillo FAO.
16.07.2025 /CimacNoticias.com/ Ciudad de México.- En las últimas semanas las redadas migratorias en Estados Unidos se intensificaron, particularmente en las zonas agrícolas del estado de California, donde miles de jornaleras laboran. Esto las coloca en una situación de alta vulnerabilidad, ya que están expuestas a detenciones arbitrarias por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). La persecución migratoria no solo representa la amenaza de encarcelamiento o expulsión del país, sino la profundización de la violencia estructural que enfrentan por ser mujeres, migrantes y trabajadoras rurales.
Las deportaciones masivas han sido una de las estrategias fundamentales de la política migratoria de Donald Trump desde que inició su segundo mandato presidencial en enero de 2025. Gracias a una serie de ordenes ejecutivas se determinó la suspensión de programas para el reasentamiento de refugiados durante cuatro meses; la cancelación de las citas en la aplicación CBP One; la catalogación de pandillas y carteles como terroristas; retomar la construcción del muro fronterizo; implementar de nueva cuenta la política pública “Quédate en México”; la detención de vuelos migratorios; el cierre de la frontera junto a su militarización; y el uso de redadas simultaneas, para expulsar a las personas migrantes del país.
Desde el pasado 6 de junio, California se convirtió en foco de despliegues migratorios coordinados, en donde el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) realizan operativos sorpresas en distintos lugares como viviendas, centros de trabajo, espacios públicos y hasta iglesias o escuelas con el objetivo de localizar, detener y deportar a las personas que se encuentran en el país sin autorización legal o con órdenes de deportación pendientes. En muchos casos, las detenciones se hacen a través del uso excesivo de fuerza física, intimidación y métodos agresivos, que ya provocaron descontento y protestas entre la comunidad latina.
Los casos más recientes registrados se suscitaron dentro de zonas agrícolas de las ciudades Camarillo y Carpintería, en los condados de Ventura y Santa Bárbara. Hasta el momento la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que aún no se ha confirmado el número de mexicanas y mexicanos detenidos; sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) reportó 361 personas migrantes detenidas y 14 menores de edad, siendo esta la mayor redada en el estado de California.
El miedo a ser deportada
Margarita Amalia Cruz Cruz es originaria de Santiago Ixtlahuacan, en la Mixteca Baja del estado de Oaxaca, y proviene de una larga línea de jornaleros y jornaleras. Lleva más de cuarenta años trabajando en los campos agrícolas de San Quintín, Baja California, a donde llegó a los nueve años, motivada por la promesa de empleo abundante y mejores oportunidades laborales. A partir de las violencias que experimento a lo largo de su vida se convirtió en representante de Mujeres en Defensa de la Mujer y desde entonces se dedicó a defender los derechos laborales de las mujeres jornaleras.
Aliadas- Margarita Cruz Cruz, de jornalera a vocera internacional – cimacnoticias.com.mx
Según comentó a Cimacnoticias, muchas mujeres jornaleras en Estados Unidos están evitando salir de sus hogares debido al temor constante a ser detenidas y deportadas. Este miedo se intensificó después de la circulación de numerosos videos en redes sociales que muestran detenciones violentas, redadas en zonas agrícolas y operativos sorpresas por parte de agentes del ICE. En dichos registros, se documentó cómo las mujeres son abordadas mientras trabajan, transitan por la calle o incluso al llevar a sus hijas e hijos a la escuela.
“Una amiga mía me dice: ‘No, te imaginas qué terror que me lleguen a agarrar en algún mercado o en el trabajo. Mis hijas se van a quedar solas, mis hijos se van a quedar solos. ¿Quién los va a cuidar? ¿Cómo me voy a comunicar con ellos?», compartió Cruz.
Estas redadas migratorias no solo afectan a quienes ya se encuentran en Estados Unidos. Margarita Cruz advirtió que, desde el regreso de Donald Trump al poder, se detectó una disminución en la contratación de mujeres jornaleras que viajan con visas de trabajo para laborar en los campos agrícolas. Esta reducción no es casual, sino resultado de un clima político hostil que desalienta la movilidad laboral femenina y profundiza la exclusión de las mujeres rurales. La afectación es directa, ya que muchas dependen de las temporadas de trabajo para sostener a sus familias, reforzando así las barreras estructurales que históricamente las mantienen en condiciones de pobreza y dependencia.
“Nos ha tocado escuchar a mujeres que dicen que ya no se las están llevando. El año pasado sí las llevaron, pero este año ya no. Se piensa que es por las redadas; que las compañías ya no quieren arriesgarse a llevarlas”, explica.
También señaló que, los salarios que perciben las mujeres jornaleras en Estados Unidos son desproporcionadamente más altos que los que reciben en México. Allá, según explicó Cruz, se les paga con base en su rendimiento, lo que les permite acceder a una remuneración más alta; mientras que en México «se les da los que el empleador pueda», sin un criterio claro. De acuerdo con diversos testimonios de mujeres que le han llegado a Cruz, en tan solo un mes consiguieron ingresos que, en su país de origen, serían inalcanzables.
Ante este panorama, Cruz hace un llamado a las mujeres que deciden migrar para laborar en el sector agrícola a que verifiquen que la empresa contratante sea confiable y que se informen previamente sobre sus derechos laborales. Si bien muchas jornaleras tuvieron experiencias positivas en Estados Unidos, también se documentaron casos de abuso, explotación y condiciones indignas de trabajo.
Además, destaca que el trabajo que realizan las jornaleras en Estados Unidos no solo beneficia de manera individual, sino también colectiva, pues muchas veces es el sostén de familias enteras. El ingreso que generan permite que sus hijas e hijos accedan a mejores oportunidades educativas, lo que a futuro también representa una contribución para el país receptor.
“Nosotras somos gente trabajadora que va a trabajar, que busca su crecimiento y el de nuestras familias. Cuando nos contratan, no solo se benefician ellos, los empleadores, sino también nuestras familias. Nos cambian la condición de vida y, con el tiempo, nuestros hijos salen del campo, se vuelven profesionistas, porque se les da la oportunidad de ingresar a la universidad”, subraya.
Cuando migrar no es una opción, sino la única salida
Cimacnoticias conversó con Cristina Solano, activista por los derechos de la comunidad jornalera, rural y migrante, quien advirtió que las mujeres jornaleras en México ya enfrentan un contexto precarizado. Muchas de ellas reciben salarios mínimos por extensas jornadas laborales y deben recorrer largos trayectos hacia los campos de cultivo. Por ejemplo, datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señalan que, de las 15 millones 863 mil 731 personas ocupadas en este ámbito, el 10.7% eran mujeres. Además, ellas trabajan siete horas al día, pero por periodo menor de días que sus compañeros y su pago promedio es de $201 pesos.
Esta realidad, explica Cristina Solano, empuja a muchas mujeres jornaleras a migrar hacia Estados Unidos en busca de un mejor ingreso y condiciones de vida menos adversas. De acuerdo con ONU Mujeres, las jornaleras agrícolas pertenecen a uno de los sectores laborales más precarizados y con mayor violencia, donde persisten salarios bajos, ausencia de seguridad social, acoso sistemático y jornadas extenuantes. A estas condiciones se suma la sobrecarga de labores domésticas y de cuidados que también recaen sobre ellas.
Su rol en esta actividad económica es importante y tiene repercusiones en la seguridad alimentaria y nutricional de millones de personas, así como en la mejora de los medios de vida rurales y el trabajo de cuidados no remunerado, central para la sostenibilidad de la vida humana. Pese a su vital labor, Solano señala que aquellas mujeres que migraron en busca de mejores oportunidades nuevamente se encuentran en un estado de desprotección y vulnerabilidad total, pues aquellas que han sido deportadas, son separadas de sus hijas e hijos, criminalizadas por su situación migratoria y, al retornar a México, se enfrentan nuevamente a la precariedad laboral, lo que les impide solventar sus gastos y reconstruir sus vidas.
A esto se suma los abusos de poder por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante su detención. En el informe “Te tratan como si no valieras nada” de Human Right Watch, se documentaron múltiples acusaciones de abuso sexual cometidas por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), la Patrulla Fronteriza y del ICE. Uno de los casos más alarmantes relata que una niña sufrió abuso sexual y violencia física por un oficial. El informe también denuncia posibles violaciones al debido proceso, ya que muchas mujeres migrantes relatan que los agentes les impidieron presentar solicitudes de asilo o las obligaron a firmar documentos que no comprendían, vulnerando así sus derechos fundamentales.
Cabe destacar, que las jornaleras enfrentan una triple exclusión: por su condición de migrante, por ser mujeres y por desempeñarse en un trabajo agrícola, uno de los sectores más precarizado y desprotegido. A pesar de realizar una labor esencial para la producción de alimentos, sus derechos laborales, reproductivos y de cuidado son transgredidos sistemáticamente.
“Es una situación muy complicada para las mujeres, pues además de ser trabajadoras, son jefas de familia. Eso hace todo más difícil, porque deben buscar nuevamente un lugar donde trabajar y al mismo tiempo cuidar de sus hijos”, lamentó Solano.
Por su parte, Cristina Solano señaló la urgencia de hacer un llamado al gobierno de México para que brinde apoyo y protección real a las comunidades migrantes, a través de asesoría, información y defensa de sus derechos, con el fin de enfrentar la ola de violencia ejercida por el gobierno estadounidense. Además, consideró fundamental fortalecer las redes de apoyo con organizaciones indígenas en México para asegurar un retorno digno y seguro para quienes sean deportadas.
Cabe mencionar que, tras estas redadas, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó como injustas las detenciones y anunció que se incrementarán los recursos destinados a los consulados de México en Estados Unidos para fortalecer el apoyo jurídico a las personas migrantes. No obstante, no se ha especificado a cuánto ascenderá ese aumento, pues será hasta la reunión con Édgar Amador, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que se definirá la cantidad.
Sin embargo, es importante destacar que el apoyo jurídico, aunque es necesario, no es suficiente. De acuerdo con las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), ante el aumento en la detención de mujeres y niñas migrantes, es urgente buscar alternativas que eviten los traslados internos forzados y asegurar que la aplicación de las leyes migratorias se realice por personal civil capacitado y con supervisión independiente, a fin de prevenir abusos.
