- Escrito por Arantza Díaz .
09.07.2024 /Cimac Noticias.com/ Ciudad de México.- Una pregunta constante entre la ciudadanía ha sido si la justicia para las mujeres en nuestro país va a cambiar tras la reforma al Poder Judicial y la abogada feminista Fátima Gamboa, fue contundente en su respuesta: no es así.
En entrevista para Cimacnoticias, Gamboa señaló que se les está escapando lo verdaderamente importante, que es el acceso a la justicia, en la que nos dio un acercamiento para reconocer las deficiencias que esta reforma intenta tapar a través de la reconfiguración de quienes están en el poder y afirmó: «lo único fehaciente que tenemos para sostenernos es: la justicia en México no puede esperar más».
«Reforma al Poder Judicial», ¿qué significa esto y cómo atraviesa a la ciudadanía?, ¿tendrá repercusión en la vida de las mujeres? Con tantas preguntas en la mesa y una serie de contenido informativo académico poco accesible, es momento de deshilar desde una perspectiva cercana, de derechos humanos y sobre todo, feminista.
Esto, a través de una conversación que Cimacnoticias entabló con la abogada y directora de Equis Justicia para las Mujeres, Fátima Gamboa.
Primer escalón: ¿Qué pretende esta reforma?
De acuerdo con información oficial del Gobierno de México, podemos condensar que la reforma al Poder Judicial apuesta por lo siguiente:
- Constituir una nueva integración de la Suprema Corte de Justicia, reduciendo así el número de personas ministras y su periodo al cargo.
- Elección por voto popular de ministras, ministros, magistradas, magistrados, jueces y juezas.
- Creación del Tribunal de Disciplina Judicial, un órgano compuesto por 5 personas ministras electas que investigarán y procesarán toda denuncia puesta en contra de quienes conforman el poder judicial sin importar su rango.
- Nuevas reglas procesales
Es así que se constituyen los 4 pilares de esta reforma que, de manera resumida, se entiende como una serie de modificaciones al corporativismo judicial, cómo se eligen a las y los jueces, por cuánto tiempo estarán al poder, entre otras.
Si bien, esto constituye una reconfiguración importante que atraviesa a las personas que ostentan el poder judicial, nos hace cuestionar, en qué momento nos trastoca como ciudadanía y por qué, esta reforma nos queda a deber tanto en materia de acceso a la justicia.
Fátima Gamboa explica que esta reforma es más bien una pugna política por el poder y el control de la Suprema Corte de Justicia y tribunales, pues recordemos que el Poder Judicial es el único de los 3 poderes que no es sometido a un proceso de votación popular.
Entonces, si hablamos de que por primera vez votaremos el junio del 2025 para elegir cargos del Poder Judicial, ¿no se supone que sí es relevante para la ciudadanía? La respuesta va más allá de un sí o un «no».
Por un lado, la ciudadanía se involucraría en un proceso democrático sobre la conformación del Poder Judicial, sin embargo, aunque se considera importante la participación ciudadana, hay una deuda histórica que el Estado debe pagar: El acceso a la justicia.
En resumidas cuentas, ninguna reconfiguración interna del sistema judicial será lo suficientemente poderosa, si en el actuar, se continúa perpetuando la impunidad, el clasismo, el nepotismo, el sexismo, la revictimización y otros sistemas de opresión que perjudican a la ciudadanía general, y que se recrudece aún más, si de mujeres se trata.
De acuerdo con la última Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS), en 2022 el 35.3% de las mujeres mayores de 18 años fueron discriminadas, en contraste, sólo el 9.6% de los hombres reconocieron haberlo vivido también.
Los principales motivos fueron el género, forma de vestir y el peso/estatura, sorprendentemente, este tipo de violencia discriminatoria se gestó en contra de las mujeres mayoritariamente al interior de oficinas gubernamentales y en los tribunales y juzgados de nuestro país.
Al respecto, la especialista Fátima Gamboa ataja que esta reforma no está enfocada en atender las deudas históricas que el sistema judicial tiene con las mujeres, pues no basta con la elección popular.
«Votar a quien va a juzgar no es suficiente, hay que democratizar el poder judicial, pero también, que el sistema nos haga parte de la toma de decisiones judiciales, construir junto a los poderes políticos el acceso real a la justicia, revisar los controles de justicia, de cuentas … Queremos una participación activa y no sólo pasiva del voto», explica.
Que se conforme y reconstruya el sistema, sí, pero que el Estado no olvide que no avanzará hasta que se geste un cambio de paradigma donde los derechos humanos y el feminismo, estén en su agenda; hasta que la justicia deje de ser un privilegio.
Reforma al poder judicial
De acuerdo con la Segob, en 2025 se realizará una elección extraordinaria para renovar a todas las personas que fungen como enjuiciadoras, ministras y jueces. Estas personas serán elegidas por los tres poderes de la unión, es decir, que las candidaturas estarán bien amarradas -y exclusivas- por el poder ejecutivo, legislativo y judicial.
Según se señala, las candidaturas de estas personas durará 60 días y queda prohibido que los partidos políticos ejerzan proselitismo a favor de algún personaje, pues en teoría, quienes ocupan el Tribunal Electoral, el Tribunal de Disciplina y las y los Ministros de la SCJN, deben ser transparentes y apartidistas, aunque claro que el peligro de la politización se mantiene latente.
Para Fátima Gamboa existe una realidad dentro del Poder Judicial que es innegable: el nepotismo y el pacto patriarcal.
Desde su perspectiva, esta reforma no contempla la diversidad de perfiles y mucho menos, una formación de derechos humanos que vaya más allá de su perfil académico; los perfiles técnicos que saltarán a la candidatura del 2025 no son suficientes si son personas que violan los derechos humanos en su ejercer y tienen arraigados valores patriarcales.
«Es un grupo que se elige a sí mismo entre un grupo de personas al poder. Esta reforma no nos dice que el voto popular es un medio para lograr la paridad, la diversidad y una composición plural del propio poder judicial, o sea, ¿cuántas personas indígenas son magistradas?, ¿o mujeres lesbianas?», cuestionó la abogada.
Según apunta el Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal 2020, se contabilizó a un total de mil 473 personas dedicadas al área magisterial y el enjuiciamiento judicial, de este total, el 78.6% de los jueces y magistrados son hombres; 21.4% juezas y magistradas mujeres.
Como si esta brecha de género en la justicia mexicana no resultara lo suficientemente indignante, la Asociación Mexicana de Juzgadoras en México, arrojó en 2022 tras una encuesta realizada por World Justice Project (WJP) que sólo 1 de cada 4 juezas encuestadas, consideró que se utiliza la perspectiva de género de forma adecuada entre sus colegas, en otras palabras, el 75% de jueces, juezas, magistradas y magistrados, no hace uso de esta herramienta en el tratamiento de sus casos.
De esta forma, espacios excluyentes de la diversidad, son cultivo para que se fomente el pacto patriarcal y Fátima Gamboa, nos regala las siguientes dos vertientes:
- Inconsciente: Cuando se dictan sentencias en contra de una mujer porque el hombre valida al sistema -su sistema-. Una interpretación que se aparta de la ley en perjuicio de una persona.
- Consciente; Cuando se hacen favores al político amigo, al miembro del crimen organizado, al compadre, al compañero de trabajo a fin de perpetuar su estatus quo
Es decir, que cuando el presidente López Obrador refiere que el sistema está podrido de corrupción, también haría falta referir que también lo está gracias patriarcado. La impunidad a causa de la corrupción no es sólo la ausencia de un castigo como refiere Fátima Gamboa, sino un sistema de pactos entre quienes están al frente del poder, mayormente, hombres.
Entonces, si los 3 poderes van a elegir sus candidaturas y posteriormente serán sometidas a la elección popular, ¿qué nos queda al poder civil si no podemos proponer, ni participar activamente en estas campañas?
La directora de Equis Justicia para las Mujeres, refiere que no es una apuesta novedosa que la sociedad pueda salir a votar, cuando no hay candidaturas ciudadanas y son sólo «poderes distribuyéndose los puestos», quedándonos así, como única barrera de resistencia, la información.
Al llegar a este punto de la conversación con Fátima Gamboa, se abre una inflexión importante, pues refiere que el 80% de la ciudadanía desconoce en qué consiste el Poder Judicial, quiénes lo conforman y su funcionamiento. Con tantos nombres y procesos burocráticos, el Poder Judicial se ha manejado a la opacidad a la vista de la ciudadanía, ¡Hazme el favor!, dice la abogada entre risas.
Salgamos a votar el año entrante, pero también, seamos vigilantes de las personas que van por esas candidaturas y de cómo se manejará el Poder Judicial en el sexenio de Sheinbaum; informarnos, consumir medios de comunicación con perspectiva de género y cuestionar nuestra participación activa en esta reforma es vitalicio para garantizar un estado de derechos.
Desde nuestra trinchera, no permitamos que el sistema se encargue de alejarnos de lo que representa y cómo se maneja el Poder Judicial, ese poder es de todas.
