*ALMA GRANDE.
/Por Ángel Álvaro Peña/
En México, toda reforma electoral despierta alertas. No es gratuito: la historia reciente demuestra que las reglas del juego político importan tanto como el resultado. Por eso, el anuncio de una nueva reforma electoral impulsada por el gobierno federal ha sido recibido con desconfianza por algunos sectores y con expectativa por otros. La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido clara en un punto central: no se trata de desmontar lo que ha funcionado, sino de corregir lo que hoy genera inconformidad social.
El mensaje presidencial apunta a un eje que merece atención: fortalecer la democracia, no debilitarla. Frente a los señalamientos de autoritarismo —incluso caricaturizados bajo etiquetas como “Ley Maduro”—, Sheinbaum ha rechazado de manera categórica cualquier intento de quitar autonomía al Instituto Nacional Electoral. La afirmación no es menor. El INE sigue siendo una de las instituciones con mayor legitimidad ciudadana, y tocar su independencia sería cruzar una línea roja. Al menos en el discurso oficial, esa frontera se respeta.
El contenido preliminar de la reforma revela un diagnóstico compartido por amplios sectores de la sociedad: las elecciones en México son excesivamente costosas, las listas plurinominales responden más a acuerdos cupulares que a méritos democráticos y la representación política, especialmente a nivel municipal, está sobredimensionada. Reducir gastos sin afectar la operación institucional no solo es deseable, sino urgente en un país con profundas desigualdades.
Uno de los puntos más interesantes —y también más delicados— es la propuesta de modificar la forma en que se eligen las representaciones proporcionales. La crítica a los “pluris” no es nueva, pero rara vez se acompaña de una alternativa clara. Si el objetivo es garantizar la representación de las minorías sin que estas posiciones se conviertan en premios partidistas; hay políticos que nunca se han ido a parar a una colonia y están en la curul, gobernando desde el escritorio y desde la grilla. El reto será diseñar un mecanismo que combine la legitimidad democrática de Jesús Reyes Heroles con equilibrio político, evitando concentrar poder o excluir voces, poniéndole más colores a la democracia con el PAN y el PRD, siendo responsable de la caída hegemónica del PRI, quitándole el privilegio a los yernos, las amantes, compadres, los esposos e hijos, dejando de lado la voluntad del pueblo de México.
La insistencia presidencial en ampliar la democracia participativa también merece una lectura seria. Consultas, participación ciudadana y el voto de mexicanos en el exterior son herramientas que, bien reguladas, pueden fortalecer la vida democrática. Mal diseñadas, en cambio, pueden convertirse en ejercicios simbólicos o de legitimación política. La diferencia estará en las reglas, no en el discurso.
Otro elemento que no debe pasar desapercibido es el diálogo con los partidos aliados. Que el PT y el PVEM expresen reservas muestra que no hay unanimidad automática y que el proceso aún está abierto a ajustes. Ese espacio de negociación legislativa será clave para probar si la reforma nace del consenso o de la imposición.
La reforma electoral que se anuncia no está escrita en piedra. Todavía es una promesa, una intención. De ahí que el debate público sea no solo legítimo, sino necesario. Defender la democracia también implica cuestionar, revisar y exigir claridad. Si el resultado final logra reducir excesos, mejorar la fiscalización, fortalecer la representación y ampliar la participación ciudadana sin erosionar la autonomía institucional, estaremos frente a una oportunidad histórica. Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.
