* Escrito por Rita Magaña Torres .
21.06.2024 /Cimac Noticias.com/ Ciudad de México.- Tras la posible implementación del llamado Plan C del presidente Andrés Manuel López Obrador, propuesto a principios de este 2024, para emprender reformas trascendentales para el país, el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, presentó un Análisis técnico de las 20 iniciativas de reformas constitucionales y legales, donde se señala que podrían ser iniciativas “regresivas” y “dañinas” para el país.
Basta recordar que el pasado 5 de febrero, en el marco del 107 aniversario de la promulgación de la Constitución de México, López Obrador presentó un paquete de 20 reformas, conocido como Plan C, donde destacó reformas importantes, incluida la Guardia Nacional y este Análisis universitario, dedica un capítulo especial para entender las contradicciones a derechos humanos que esto plantea.
En dicho análisis universitario, aseveran que “se trata de una reforma profundamente regresiva, que, más allá de la retórica del presidente López Obrador, simple y sencillamente, busca el desmantelamiento y la captura de los poderes judiciales, comenzando por la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
En ese análisis Patricia Lucila González Rodríguez, experta en temas de delito, violencia, derechos humanos, género y proceso penal acusatorio, también emitió su análisis sobre el tema del traslado de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de lo cual señaló que los señalamientos descritos en la iniciativa bajo ningún aspecto justifican esa medida.
Patricia Lucila González Rodríguez, explicó que no se justifica ese traslado, cuando el componente constitucional y legal que originó la creación de la GN introdujo un diseño institucional enfocado en mayor medida con funciones preventivas dirigidas a evitar comisión de delitos y faltas administrativas, salvaguardar la integridad de las personas y de su patrimonio, garantizar, mantener y restablecer la paz social como actividades propias de la seguridad ciudadana.
Destacó el hecho de que las líneas argumentativas que motivan la apuesta por una militarización de la seguridad pública nacional, son altamente cuestionables, y apuntan a ser una solución sencilla para un problema infinitamente más complejo.
Guardia Nacional
En el capítulo cuatro de dicho documento, Patricia Lucila González Rodríguez, realiza un análisis crítico de la Guardia Nacional como fuerza armada permanente.
La experta en temas de delito, violencia, derechos humanos, género y proceso penal acusatorio, detalló que «bajo ningún aspecto justifican el traslado de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)».
La especialista aborda el enfoque de la creación de la Guardia Nacional, afirmó que su componente constitucional y legal que la originó tuvo un diseño enfocado en funciones preventivas dirigidas a evitar comisión de delitos y faltas administrativas, salvaguardar la integridad de personas y de su patrimonio, garantizar, mantener y restablecer la paz social como actividades propias de la seguridad ciudadana.
Desestimó su actuación como parte de investigaciones, explicó que la actuación de la GN solo tiene carácter complementario y de auxilio al Ministerio Público, quien es el encargado de esto, por lo tanto, está acotada a la policía de la Agencia de Investigación Criminal y los integrantes de la Fiscalía General de la República, por tanto, en este rubro tampoco podría haber avances significativos para el país.
“Resulta sumamente preocupante que con esta iniciativa de reforma se otorgue a los elementos de las Fuerzas Armadas facultades de prevención, investigación y persecución del delito, lo que se traduce en un grave retroceso en materia de acceso a la justicia. Asimismo, se propone que los elementos de la Guardia Nacional cuenten con fuero militar, lo que en términos prácticos dificultaría el acceso a la verdad y la justicia de víctimas de violaciones a derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas”, reclama.
Red Feminista Antimilitarista
El análisis de la experta en temas de delito, violencia, derechos humanos, género y proceso penal acusatorio alimenta el debate público sobre el papel y la naturaleza de la Guardia Nacional como una fuerza armada permanente en un país democrático.
Sus críticas se centran en la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia para evitar que la militarización de la seguridad pública conduzca a violaciones de derechos humanos y erosione las instituciones civiles.
La periodista Lucía Lagunes Huerta en su columna La militarización caerá sobre nosotras, abunda «las mujeres lo sabemos bien, a mayor violencia generalizada con presencia de hombres armados en las calles, mayor violencia en nuestra contra y más restricciones a nuestras libertades».
Lo hemos aprendido a lo largo de la historia, las mujeres han sido los botines de todos los hechos de violencia sociales armados. Sus cuerpos y sus vidas se convierten en premios a ganar o dañar.
Y esto tiene que ver con la construcción genérica de la masculinidad y del sistema patriarcal en los cuales la violencia es uno de los pilares, a tal grado, que no solo está legitimada, sino se han legalizado; pensemos en los crímenes de honor o los que se comenten bajo el presunto Estado de Emoción Violenta, que en ambos casos son justificaciones de la violencia masculina contra las mujeres plasmadas en las leyes.
Lucía Lagunes Huerta</
La Red Feminista Antimilitarista ha insistido en que se incorpore la perspectiva de género, derechos humanos e interseccionalidad a las políticas de seguridad pública, lo cual no equivale a incrementar el número de mujeres en las Fuerzas Armadas, sino a tener claridad respecto a que la violencia que azota al país tiene repercusiones distintas en la vida de las mujeres y niñas, pues las ha afectado de manera estructural en el ejercicio de sus derechos.
A lo que añadió que sin la debida dimensión sobre el poder que las estructuras criminales tienen en nuestro país, y sin un marco de incentivos reales que permita contrarrestar su acción, es difícil afirmar que estos procesos de colusión delictiva no puedan presentarse aún con las fuerzas armadas al mando de la GN, y en el ejercicio de facultades relacionadas con la seguridad pública, más ante la ausencia de controles efectivos y mecanismos de vigilancia institucional en la función militar.
Las organizaciones que conforman la Red Feminista Antimilitarista han documentado diversos casos de protección e impunidad de los tribunales militares a los elementos que han violentado los derechos humanos de la ciudadanía, particularmente de mujeres y niñas.
Contradicciones
En otro orden de ideas, Patricia Lucila González Rodríguez, se remitió a las fallas que se advirtieron en la extinta Policía Federal Preventiva (PFP), que derivaron en la pérdida de confianza ciudadana y en la incapacidad de esta corporación para atender el fenómeno delictivo en el ámbito de su competencia.
Por ejemplo, se enfrentó a insuficiencia de elementos, recursos materiales y logísticos, falta de mecanismos de rendición de cuentas y controles de confianza efectivos, así como la precarización laboral de integrantes de la extinta Policía Federal.
Al respecto señaló que si bien la precarización económica de las corporaciones policiacas es un hecho en el país, afirmó, que la solución a este problema no está en optar por la alternativa militar, con el traslado de la GN a las estructuras y funcionamiento de la Sedena.
Por tanto, adscribir la GN en la institución militar no cobra sentido hasta que el despliegue de la fuerza policial pueda ser dirigida bajo el mando del Ejército mexicano, de tal forma que deban ajustarse a métodos de trabajo e instrucciones recibidas por los líderes militares.
En cambio, agregó, un argumento respaldado en el actual artículo 21 constitucional sería consistente con la estrategia en materia de seguridad ciudadana, y apostaría especialmente por el fortalecimiento a las policías de seguridad, con un plan nacional en el que aplique mayores presupuestos destinados exclusivamente a atender diversas necesidades de las instituciones policiales.
En especial aquellas relacionadas con la capacitación especializada de sus integrantes, en disciplinas como la criminalística y la criminología, policía científica, psicología y sociología criminológica, seguridad comunitaria, entre otras áreas de conocimiento que modificarían la actividad policial cotidiana en un éxito de prevención de la criminalidad, mencionó.
Por otro lado, comentó que está claro que la iniciativa pretende el empoderamiento de la Sedena, pues la adecuación constitucional que se intenta desde el Ejecutivo aumentaría a más de 118 mil elementos nuevos, y contempla que los recursos presupuestarios, financieros y materiales de la GN sean transferidos a la Sedena, aumentando su presupuesto a más de 400 mil millones, según datos de México Unido contra la Delincuencia.
La experta en seguridad y defensa describió que en este orden de cosas, la iniciativa subraya que en los años más recientes el flujo de capitales, el intercambio acelerado de mercancías e información, y la movilidad desbordada de personas, han tenido como uno de sus efectos la diversificación de las distintas expresiones del crimen organizado, cuyos efectos se extienden más allá de las fronteras nacionales.
La Red Feminista Antimilitarista ya lo advertía en febrero de este año, al considerar preocupante el poderío económico que adquirirían las Fuerzas Armadas de aprobarse la reforma presidencial para normalizar su participación en tareas de seguridad pública.
Porque la Secretaria de la Defensa Nacional administraría el tercer presupuesto federal más grande de la administración pública, que ascendería a 400 mil millones de pesos solo para 2024 y con los 259 mil 434 millones de pesos que fueron aprobados en este año para la Sedena, se podrían financiar 624 Programas de Apoyo para Refugios.
Afirmaron que en lugar de fomentar políticas públicas que atiendan las exigencias de las víctimas, usan las Fuerzas Armadas para tareas ajenas a la disciplina militar e incluso en tareas de seguridad pública la cual parte de una visión patriarcal, en donde las mujeres y niñas son invisibilizadas, convirtiéndolas en víctimas de esta “guerra contra el crimen organizado”, dejando de lado la erradicación de las causas estructurales de la violencia y discriminación a la que nos enfrentamos.
“De aprobarse esta reforma presidencial, la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) se adjudicaría los recursos presupuestales, financieros y materiales de la Guardia Nacionaly pasaría a administrar el tercer presupuesto federal más grande de la administración pública, que ascendería a 400 mil millones de pesos sólo para el ejercicio fiscal 2024”, reiteró.<
Diversificación de la delincuencia
Así, se indica que el lavado de dinero, el tráfico de personas, y de flora y fauna silvestres, la explotación ilegal de recursos naturales, el comercio ilícito de armas, así como los crímenes cibernéticos, constituyen algunas de las expresiones icónicas de su complejidad, apuntó.
Ahora bien, sin disputar la radiografía criminal que presenta el Ejecutivo, los ya citados fenómenos criminales tampoco son una justificación o motivo para optar por el traslado de la GN a la Sedena.
Este tipo de criminalidad requiere del trabajo de investigación penal y multidisciplinar, con metodologías basadas en las ciencias forenses, y, en específico, conocimiento de la criminología, las cuales son aplicadas como herramientas o métodos de trabajo en el desarrollo de la función policial, precisó.
Dijo que cuando se cuestiona su eficacia o la ausencia de resultados en materia de prevención delictiva, generalmente esa falta de éxito policial está asociada a la insuficiencia de capacitación especializada y a la falta de equipos y tecnologías.
Añadió que en particular si consideramos que la instrucción operativa de las fuerzas armadas, caracterizada por anteponer la confrontación beligerante, deja totalmente de lado la investigación científica de los delitos complejos, los que requieren de la aplicación de metodologías provenientes de las ciencias forenses y de la criminología, disciplinas escasamente tratadas en la formación militar, porque se emplean para otro tipo de fenómenos asociados a la seguridad nacional.
Por tanto, Patricia Lucila González Rodríguez aseguró que la función policial preventiva en aras de la seguridad ciudadana, que constituye la razón de ser de la GN, requiere de métodos de trabajo donde su constante sea la innovación y disrupción de estrategias preventivas y de contención o de sistemas de inteligencia creados para establecer una prevención e investigación delictiva de resultados, que se vayan adaptando a las distintas formas de aparición de la criminalidad.
Organismos de la sociedad civil lo han advertido
La segunda edición del informe Poder Militar. La Guardia Nacional y los riesgos del renovado protagonismo castrense, elaborado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) en octubre del 2023, focaliza el análisis sobre el proceso jurídico y político por el que se ha profundizado la militarización de la seguridad en este sexenio.
El documento indica que la militarización ha despertado tres grandes preocupaciones:
1. La relacionada con que el despliegue del Ejército y de la Marina en tareas de seguridad no ha probado ser una política pública efectiva para la disminución de la violencia;
2. La vinculada con que este despliegue castrense suele ocasionar un aumento cuantitativo y cualitativo de violaciones a derechos humanos y,
3. La asociada con que el fortalecimiento del sector militar puede trastocar la relación cívico-militar, lo que es riesgoso para una democracia incipiente y frágil como la mexicana.
Estas tres preocupaciones subsisten en la actualidad y se proyectan hacia el futuro, pues la preeminencia castrense que ya se ha plasmado este sexenio en reformas legales trasciende a esta administración. La consulta de la información la puedes tener:https://cimacnoticias.com.mx/2023/11/30/se-profundiz
Sheinbaum continúa planes de militarización
Desde su campaña política, la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, dejó en claro que como jefa de Gobierno de la Ciudad de México, es la única que tiene experiencia en seguridad, pues en su paso por el cargo de gobernante pudo reducir en más de la mitad los índices delictivos en la capital del país.
Desde Ciudad Juárez, Chihuahua, la entonces candidata presidencial de Morena fue cuestionada sobre su estrategia en materia de seguridad, en relación a si tenía contemplado regresar a los cuarteles al ejército, Sheinbaum respondió que estarán presentes hasta que sea necesario, pues su presencia es importante, en diferentes municipios del país, aseveró; detalló que si se retira la presencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se deja en el desamparo a la población.
Sheinbaum Pardo insistió en la importancia de mantener esta presencia militar para evitar el desamparo en municipios del país. También, defendió las diversas actividades que realizan los militares, al señalar que son fundamentales. Para mayor referencia puedes consultar la nota: https://cimacnoticias.com.mx/2024/03/04/que-dicen-las-candidatas-sobre-la-militarizacion-en-mexico/
Origen de la Guardia Nacional
En el Análisis técnico de las 20 iniciativas de reformas constitucionales y legales presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero, Patricia Lucila González Rodríguez, hace referencia a que en México, la inseguridad en prácticamente todo el territorio ha propiciado que el gobierno federal busque alternativas para combatir las elevadas tasas de delitos de alto impacto, particularmente los homicidios, lo que motivó la instauración de la Guardia Nacional (GN) en 2019.
Precisó que el objetivo de la GN es consolidar las fuerzas de seguridad y mejorar la coordinación entre autoridades federales, estatales y locales en la lucha contra el crimen organizado y la violencia.
Este cuerpo de seguridad está compuesto por elementos de la Policía Federal, Ejército y Marina, bajo un mando civil.
Recordó que en la Ley de la Guardia Nacional, reglamentaria del artículo 21 constitucional, se estipuló que sería una institución de seguridad pública, “de carácter civil, disciplinada y profesional”, adscrita como órgano administrativo desconcentrado a la Secretaría de Seguridad federal.
Mencionó que en el mismo ordenamiento se estipula a su vez que el objeto de la GN es realizar la función de seguridad pública a cargo de la Federación, y, en su caso, colaborar temporalmente en las tareas en esta materia, que corresponden a las entidades federativas o a los municipios.
No obstante lo anterior, agregó, el gobierno mexicano ahora pretende que este cuerpo de seguridad sea adscrito a las fuerzas armadas consolidando así un estado de excepción permanente en el país, que puede conducir a la materialización de violaciones de los derechos humanos.
La política en materia de seguridad en otras administraciones federales encontró entre sus principales opositores al presidente López Obrador.
Sin embargo, tan pronto asumió el cargo, anunció la creación de una Guardia Nacional, con la promesa de ser una institución que si bien nacería en el seno de la disciplina militar, pronto pasaría a ser otra corporación civil en materia de seguridad pública, aclarando que entre tanto las fuerzas armadas realizarían funciones de esta naturaleza y coadyuvarían en ellas, destacó.
Comentó que relacionado con lo anterior, resulta interesante cómo, por un lado, la iniciativa presidencial atribuye a este cambio de estrategia la degradación institucional de los cuerpos civiles de seguridad pública, mientras que, por otro, al mencionarlo, cimenta su propuesta para doblar la apuesta en torno a la militarización del país, incurriendo de esta manera en una clara contradicción.
Las afirmaciones de esa propuesta no son producto de alguna investigación científica que aporte datos claros y suficientes para asegurar la degradación y al colapso de las policías de seguridad en México, y en particular de alguna evaluación sobre los resultados producidos por la institución policial, que tiene amplias facultades contempladas en la Ley de la Guardia Nacional, mencionó.
Por el contrario, advirtió que la iniciativa carece de argumentos que deberían provenir de una investigación inter y multidisciplinar que aporte información respecto al funcionamiento de las policías, el motivo de sus retrocesos o algunos de casos de éxito.
Por lo que el discurso estatal se concreta en «prejuzgar» en torno a la degradación de las policías sin aportar mayor evidencia que la conocida superficialmente sobre el actuar policial.
Además, enfatizó que habría que cuestionarse qué hace pensar que las fuerzas armadas no podrían pasar un proceso de “descomposición” similar, si para empezar, dicha institución está vinculada con prácticas de tortura en las detenciones arbitrarias y con los casos de brutalidad institucional más notorios del país, como el caso Ayotzinapa.
Dijo que el Ejecutivo federal también plantea en su iniciativa que durante el sexenio de Felipe Calderón se establecieron relaciones de complicidad con algunos cárteles de la droga, mientras que a otros se les combatió al margen de la ley, y se desviaron los recursos destinados para las instituciones policiacas en beneficio de intereses privados.
Precisó que la iniciativa añade que la corrupción e impunidad visible en los vínculos entre criminales y autoridades llevó, principalmente durante el sexenio calderonista, a una infiltración en las estructuras gubernamentales de seguridad pública y procuración de justicia que aún persiste.
No obstante lo anterior, enfatizó que la política criminal y la política en materia de seguridad, durante este sexenio del presidente López Obrador, no solo debió realizar este tipo de denuncias, sino que su objetivo principal tendría que desplegar e instrumentar un programa que llevara a la desarticulación de esas redes de complicidad entre policías federales con el crimen organizado y a la detención de los líderes criminales.
Cuestión que no ocurrió, debido a que las denunciadas colusiones entre funcionarios y organizaciones del crimen organizado no fueron seguidas por una estrategia de seguridad convincente que investigara y sancionara aquellas conductas delictivas, y menos aún fue objeto de algún programa nacional de prevención y sanción de esos delitos dirigido en lo básico a la desarticulación de las redes de criminalidad vinculadas específicamente a la función pública, apuntó.
UNAM se deslinda de análisis
La reacción del presidente López Obrador no se hizo esperar y arremetió en contra de la UNAM durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, del 17 de junio pasado, cuando acusó a la Universidad Nacional de haberse “derechizado”, y señaló a las y los expertos de ser predecibles y traer línea.
A través de su cuenta en X, antes Twitter, la UNAM dio a conocer por medio de un comunicado que “de ninguna manera representa un posicionamiento de la máxima casa de estudios”, el documento de las 20 iniciativas de reformas presentadas por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, hecho por académicos del Instituto de Investigaciones Jurídicas y que circula en redes sociales.
