Refugiadas de primera, de segunda y de tercera .

“España desplegó toda una serie de medidas destinadas a recibir y atender a las personas que huyen de la guerra de Ucrania y ha sido capaz de gestionar en tiempo récord 125.000 solicitudes de protección temporal, otorgándoles documentación que les permite el acceso al permiso de trabajo, a la sanidad o el empadronamiento. Sin embargo, quienes llegan huyendo de otras guerras se enfrentan a meses de espera para poder solicitar protección internacional, cuando no a devoluciones en caliente, y al uso excesivo de la fuerza, como ocurrió el pasado mes de marzo en la valla de Melilla. Todas las personas que entraron en esa fecha eran solicitantes de protección internacional”, señala Virginia Álvarez, responsable de política interior en Amnistía Internacional España.

La organización ya puso de manifiesto el pasado mes de marzo que la Directiva del Consejo de la Unión Europea sobre protección temporal, para conceder protección inmediata en países de la UE a quienes huyen del conflicto en Ucrania, demostraba cómo Europa, y concretamente España, poseen las herramientas necesarias para proteger a quienes huyen de la guerra, y que el enfoque de la ‘Fortaleza Europa’ es una elección de carácter político.

Según la Declaración Universal de Derechos Humanos, en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y disfrutar de él en cualquier país. Sin embargo, las personas procedentes de países en conflicto como Malí, que intentan llegar de manera irregular a través de la frontera sur en España ante la carencia de rutas legales y seguras, han recibido un trato discriminatorio y, en ocasiones, cruel por parte de las autoridades españolas, tanto en Melilla y Ceuta, como en las islas Canarias.

“Intentar saltar la valla es como si sacrificaras tu vida y entraras en el infierno al mismo tiempo, porque hay policía por todas partes, y ni siquiera a los animales les tratan así: golpean a la gente, les lanzan gases lacrimógenos, te echan picante en los ojos… No tratan de impedirte entrar, sino de matarte”: así relata Van, con quien se ha entrevistado Amnistía Internacional, el trato recibido por la policía española y marroquí al llegar a la valla de Melilla. Van es maliense, tiene 23 años y huye de la guerra en su país, y de una vida especialmente dura, que incluye haber sido vendido como esclavo cuando todavía era un niño por su tío, con el que vivía después de que sus padres huyeran a Costa de Marfil: “He estado a punto de morir, he visto muertos, he sido herido, me han metido en prisión… Solo quiero llevar una vida segura. Por eso puse mis esperanzas en mi propio país, pero había una guerra; puse después mis esperanzas en Argelia, pero fue peor; y después en Marruecos, así que esta vez he puesto mis esperanzas en España, para estar a salvo y conseguir mi prioridad, que es estudiar”, relata.

Según la Declaración Universal de Derechos Humanos, en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y disfrutar de él en cualquier país. Sin embargo, este derecho está lejos de cumplirse.
Las personas procedentes de países en conflicto como Malí, que intentan llegar de manera irregular a través de la frontera sur en España ante la carencia de rutas legales y seguras, han recibido un trato discriminatorio y, en ocasiones, cruel por parte de las autoridades españolas, tanto en Melilla y Ceuta, como en las islas Canarias, recuerdan desde Amnistía Internacional.

La organización cuenta con testimonios como el de Van, maliense de 23 años que narra el trato recibido por la policía española y marroquí al llegar a la valla de Melilla: “Intentar saltar la valla es como si sacrificaras tu vida y entraras en el infierno al mismo tiempo, porque hay policía por todas partes, y ni siquiera a los animales les tratan así: golpean a la gente, les lanzan gases lacrimógenos, te echan picante en los ojos… No tratan de impedirte entrar, sino de matarte”. Van huye de la guerra en su país y de una vida especialmente dura, que incluye haber sido vendido como esclavo cuando todavía era un niño por su tío, con el que vivía después de que sus padres huyeran a Costa de Marfil: “He estado a punto de morir, he visto muertos, he sido herido, me han metido en prisión… Solo quiero llevar una vida segura. Por eso puse mis esperanzas en mi propio país, pero había una guerra; puse después mis esperanzas en Argelia, pero fue peor; y después en Marruecos, así que esta vez he puesto mis esperanzas en España, para estar a salvo y conseguir mi prioridad, que es estudiar”, relata.

Tanto él como Makan, también maliense, de 29 años, aseguran que a pesar del riesgo que han vivido al saltar la valla no hay otra manera de entrar en España, tampoco mediante las oficinas de asilo supuestamente abiertas en las ciudades de Ceuta y Melilla: “Incluso si quieres pedir asilo en la frontera, no tienes posibilidad de acercarte. Porque si te ven acercarte te cogen y te van a pegar muy fuerte. Por eso tenemos miedo”, lamenta Makan.

“El Gobierno español debe descartar el doble rasero en políticas de refugio y asilo y adoptar medidas para hacer frente a la degradación del sistema de asilo y acogida, que incluye la falta de acceso a información y a asistencia letrada, condiciones de acogida indignas y problemas estructurales para acceder a procedimientos de asilo”, concluye Virginia Álvarez.

Racismo institucional

Según el ACNUR (Agencia de la ONU para los Refugiados) por primera vez desde que se tienen registros, el número de personas en situación de desplazamiento forzado superó la cifra de los 100 millones, es decir, el 1,3 % de los habitantes del planeta.

España es ya el tercer país de la Unión Europea donde más solicitudes de protección internacional se registran, después de Alemania y Francia. Fueron 65.404 en 2021, un 26% menos que en 2020 y casi la mitad que en 2019, el año previo a la pandemia, cuando se registraron casi 120.000 solicitudes. Las restricciones a la movilidad por el coronavirus invirtieron por primera vez una tendencia al alza que se iba acelerando desde hacía cinco años, aunque en lo que va de 2022 las cifras están volviendo a la senda previa a la pandemia.

A nivel general, España ha duplicado su tasa de reconocimiento del estatuto de refugiado o de la protección subsidiaria. En concreto 10,5% de las casi 70.000 solicitudes estudiadas han recibido uno de estos dos niveles de protección, frente al 5% del pasado año. Son cifras muy por debajo de la media europea, que ronda el 35%, aunque casi 13.000 personas, un 18,5%, recibieron el permiso de residencia por razones humanitarias, según los datos del informe anual de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

Por sexos

Según datos del informe sobre refugio elaborado por Accem a partir de los datos de 2021 hechos públicos por el Ministerio del Interior y Eurostat, la distribución por sexos indica que el 64% de las solicitudes de PI corresponden a hombres, por un 36% de mujeres. Estas cifras rompen una tendencia de los últimos años en los que los datos desagregados por género se habían equiparado entre hombres y mujeres: en 2018 fueron 57% de hombres por 43% de mujeres, en 2019 fueron 55% hombres y 45% mujeres y en 2020, 53% hombres y 47% mujeres.

Este cambio de tendencia se explica fundamentalmente por el cambio en el perfil de los solicitantes de protección internacional. Así, mientras en los últimos años los principales países de origen se situaban en América Latina, con un perfil de migración que a menudo comprende familias completas, en el último 2021 se situaron entre las cinco nacionalidades principales tres correspondientes a países africanos, desde donde en términos numéricos la migración está más masculinizada.

En estos números no están incluidos las personas desplazadas por la guerra en Ucrania. Su situación es especial, con un proceso más rápido y ágil, sin la burocracia y los largos compases de espera del procedimiento de asilo normal y con cuatro centros recepción, atención y derivación (CREADE) en Madrid, Barcelona, Alicante y Málaga, una especia de “ventanilla única” donde se tramita toda la documentación y en 24 horas se obtiene el permiso de residencia y trabajo.

Es por ello que las organizaciones insisten: hay que detener este doble rasero, este racismo institucional. Lo que se ha hecho con la población ucraniana que huye de la guerra es positivo porque demuestra que es posible garantizar los derechos humanos de las personas refugiadas. Pero la experiencia debe ampliarse a todo el sistema de asilo, que actualmente muestra tantas carencias, retrasos y opacidades burocráticas, si es que no queremos perpetuar lo que resulta inasumible: que España protege a unos seres humanos y a otros no, que hay personas que son criminalizadas por huir de la violencia y querer salvar su vida y la de sus seres queridos y otras no; que hay mujeres, hombres, niñas, jóvenes y ancianas que son abandonadas en un sufrimiento atroz y en un camino que les puede llevar a la muerte y otras no.

Foto: Archivo AmecoPress, cedidas por AI, ACNUR.