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11.08.2026., Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que Estados Unidos todavía no ha remitido a México la documentación que permitiría avanzar en la solicitud de detención provisional con fines de extradición contra Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, pese a que el caso fue presentado públicamente por autoridades estadounidenses desde finales de abril.
Durante su conferencia matutina de este martes 11 de agosto, la mandataria señaló que el gobierno mexicano continúa a la espera de los elementos que sustenten jurídicamente la petición estadounidense. La declaración ocurre más de tres meses después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra diez ciudadanos mexicanos, entre ellos el gobernador de Sinaloa con licencia, el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y el senador de Morena Enrique Inzunza Cázarez.
“Estados Unidos todavía no ha enviado la información de detención urgente para extradición”, sostuvo Sheinbaum al ser cuestionada sobre el estado del expediente.
El señalamiento adquiere relevancia porque la acusación estadounidense no equivale, por sí misma, a una orden de extradición ejecutable en México. Desde el inicio del caso, las autoridades mexicanas han distinguido entre una acusación presentada ante una corte estadounidense y la documentación que debe acompañar una solicitud de detención provisional con fines de extradición.
El 1 de mayo, la Fiscalía General de la República informó que había revisado el requerimiento estadounidense relacionado con diez personas y determinó que no contaba con elementos probatorios suficientes para que México pudiera pronunciarse favorablemente sobre la medida. Por ello, solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores gestionar ante Washington la entrega de documentación adicional.
El expediente estadounidense fue presentado el 29 de abril por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York. De acuerdo con la acusación, los diez señalados enfrentarían cargos relacionados con presuntas operaciones de narcotráfico y delitos vinculados con armas, además de supuestos nexos con integrantes del Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción conocida como Los Chapitos.
La lista incluye, además de Rocha Moya, a Enrique Inzunza Cázarez; Enrique Díaz Vega; Dámaso Castro Saavedra; Marco Antonio Almanza Avilés; Alberto Jorge Contreras Núñez; Gerardo Mérida Sánchez; José Antonio Dionisio Hipólito; Juan de Dios Gámez Mendívil y Juan Valenzuela Millán.
Las imputaciones estadounidenses sostienen que los funcionarios y exfuncionarios habrían colaborado presuntamente con integrantes del grupo criminal para facilitar actividades relacionadas con el tráfico de drogas y brindar protección a sus operaciones. Los señalados han rechazado las acusaciones y, hasta ahora, no existe una condena en su contra derivada de esos señalamientos.
En el caso de Rocha Moya, el impacto político de la acusación fue inmediato. El entonces gobernador solicitó al Congreso de Sinaloa separarse temporalmente del cargo para permitir que las investigaciones continuaran sin que su permanencia en la gubernatura generara cuestionamientos sobre la conducción del estado.
La solicitud fue presentada el 1 de mayo y el Congreso local la aprobó al día siguiente. En consecuencia, Yeraldine Bonilla Valverde, quien se desempeñaba como secretaria general de Gobierno, rindió protesta como gobernadora interina.
Rocha Moya explicó entonces que su decisión buscaba evitar interferencias en las indagatorias de la Fiscalía General de la República y afirmó que tenía la conciencia tranquila. La licencia también modificó su situación jurídica respecto del fuero, pues al dejar temporalmente el ejercicio de la gubernatura quedó en condiciones de comparecer ante las autoridades ministeriales.
La FGR posteriormente abrió diligencias relacionadas con los señalamientos formulados en Estados Unidos y citó a declarar a varios de los involucrados. Rocha Moya, Inzunza Cázarez, Gámez Mendívil, Dámaso Castro Saavedra y Marco Antonio Almanza Avilés acudieron a comparecer ante la Fiscalía en Culiacán a finales de mayo.
La investigación mexicana permanece abierta, por lo que la ausencia de información adicional procedente de Estados Unidos no significa que el caso haya sido cerrado ni que exista una determinación de inocencia por parte de las autoridades mexicanas. Tampoco implica que Rocha Moya haya sido exonerado de los señalamientos formulados en Nueva York.
Precisamente por ello, Sheinbaum fue cuestionada sobre si, ante la falta de documentación estadounidense, el gobernador con licencia debería regresar al Palacio de Gobierno de Sinaloa.
La presidenta respondió que la decisión corresponde al propio Rocha Moya. Recordó que cuando solicitó separarse del cargo argumentó que prefería no afectar la gobernabilidad del estado mientras avanzaban las investigaciones.
“Es una decisión de él”, afirmó Sheinbaum, al señalar que el mandatario estatal con licencia había planteado desde el inicio que no quería poner en duda la gobernabilidad de Sinaloa ni interferir en las indagatorias.
El caso coloca nuevamente bajo presión la relación de cooperación judicial entre México y Estados Unidos. Mientras Washington mantiene los señalamientos contra los diez mexicanos, el gobierno de Sheinbaum sostiene que cualquier procedimiento de detención o extradición debe sustentarse en los mecanismos legales correspondientes y contar con los elementos necesarios para que las autoridades mexicanas puedan actuar.
La diferencia entre una acusación y una solicitud formal de extradición es central en este proceso. Las autoridades mexicanas han señalado que existen procedimientos específicos establecidos en el tratado bilateral de extradición y que una petición de detención provisional debe cumplir determinados requisitos antes de que pueda ejecutarse en territorio nacional.
Por ahora, el expediente mantiene una doble vía: en México continúa la investigación de la FGR y en Estados Unidos permanecen vigentes las acusaciones presentadas ante la justicia federal. La falta de documentación adicional solicitada por el gobierno mexicano impide, de momento, que el proceso avance hacia una eventual detención provisional con fines de extradición.
La situación también mantiene abierta la interrogante política sobre el futuro de Rocha Moya en la gubernatura. Aunque Sheinbaum no descartó su eventual regreso, dejó claro que no corresponde al gobierno federal decidirlo y que el propio gobernador con licencia deberá determinar si retoma sus funciones mientras continúan las investigaciones.
Así, a más de cien días de que el caso estalló públicamente, el principal punto de disputa ya no es únicamente la acusación presentada en Nueva York, sino la falta de los documentos que México considera necesarios para evaluar jurídicamente la solicitud estadounidense. Hasta que esa información llegue y sea revisada por las autoridades mexicanas, el caso permanecerá en una zona de tensión diplomática, judicial y política entre ambos países.