“Sheinbaum exige verdad completa en caso Chihuahua y revela que la FGR investiga.
28.04 2026. Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, escaló este martes la presión política sobre el gobierno de Chihuahua al advertir que la dimisión del fiscal estatal César Jáuregui no cierra ni resuelve la crisis detonada por la operación irregular en la que participaron agentes estadounidenses sin conocimiento del Gobierno federal.
“Ayer viene una renuncia, pero tiene que seguir la investigación. No para con una renuncia”, declaró de manera categórica desde Palacio Nacional
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum sostuvo que la salida del funcionario representa apenas una responsabilidad política inicial, pero insistió en que el fondo del caso exige investigaciones exhaustivas, deslinde institucional y posibles sanciones adicionales.
“El tema no termina con una renuncia”, insistió la mandataria, dejando claro que para su administración lo ocurrido constituye una posible violación a la soberanía nacional y a la Ley de Seguridad Nacional, en un momento particularmente delicado para la relación bilateral entre México y Estados Unidos.
Sheinbaum subrayó que el caso rebasa responsabilidades individuales y se centra en una cuestión de soberanía nacional, respeto constitucional y cumplimiento de la Ley de Seguridad Nacional.
“A nosotros, y a todos los mexicanos, lo que nos importa en este caso es la defensa de la soberanía, de la Constitución y de la Ley de Seguridad Nacional, y por eso es muy importante la aclaración de este caso”, sostuvo.
La mandataria informó además que la Fiscalía General de la República ya mantiene abierta una investigación formal para esclarecer cómo se permitió la presencia y participación de agentes extranjeros en un operativo de seguridad sin conocimiento pleno del Gobierno federal.
“El pueblo de México tiene derecho a saber la verdad”, enfatizó.
Las declaraciones presidenciales se producen un día después de la renuncia de Jáuregui, quien dejó el cargo en medio del escándalo político generado por la operación realizada en Chihuahua, donde se reveló la participación de personal de inteligencia estadounidense en acciones contra laboratorios clandestinos.
Sheinbaum dejó en claro que su administración no permitirá que el relevo de un funcionario estatal sea utilizado como cierre político del caso, especialmente por tratarse de posibles vulneraciones al marco jurídico que regula la actuación de agentes extranjeros en México.
La presidenta también recordó que cualquier cooperación bilateral en materia de seguridad debe sujetarse estrictamente a la Constitución mexicana, a mecanismos federales de coordinación y a canales diplomáticos establecidos.
El escándalo estalló tras revelarse que dos agentes de la CIA, fallecidos junto a funcionarios mexicanos en un accidente carretero en Chihuahua, participaron en actividades vinculadas a un operativo contra laboratorios clandestinos sin que existiera autorización formal o notificación al gobierno federal mexicano.
La revelación desató cuestionamientos sobre el papel de la gobernadora panista Maru Campos, así como sobre la estructura de cooperación de seguridad impulsada desde la llamada Plataforma Centinela en Ciudad Juárez.
Sheinbaum recalcó que cualquier colaboración internacional en seguridad debe sujetarse estrictamente al marco constitucional mexicano y pasar por las instancias federales. “No puede haber coordinación directa de gobiernos estatales con agencias extranjeras fuera de la ley”, afirmó, en una declaración que fue interpretada como un mensaje directo tanto a Chihuahua como a Washington
La postura presidencial endurece la presión sobre el gobierno de Chihuahua encabezado por la gobernadora Maru Campos, cuya administración ha sido señalada por facilitar esquemas de colaboración fuera de los procedimientos federales ordinarios.
Con ello, Sheinbaum fijó una línea política clara: la renuncia del fiscal representa apenas una consecuencia inicial, pero no sustituye la obligación del Estado mexicano de investigar a fondo, deslindar responsabilidades institucionales y garantizar que hechos similares no vulneren nuevamente la soberanía nacional.
