*Escrito por Wendy Rayón Garay.
09.05.2025 /CimacNoticias.com/ Ciudad de México.- El día de hoy, Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) anunció que el pasado 3 de mayo fue encontrada sin vida la defensora del agua Karina Ruiz Ocampo, perteneciente del estado de Jalisco. La organización denunció que, anteriormente había sido amenazada por su labor, la cual continúa siendo criminalizada en México.
De acuerdo con IM-Defensoras, Karina Ruiz desapareció el pasado 13 de abril cuando varias personas desconocidas irrumpieron en su domicilio para llevarsela a la fuerza y veinte días después su cuerpo fue encontrado en el municipio de Amatitán, Jalisco.
La defensora formaba parte de la organización La Cima Nuestra Prioridad y su lucha estaba encaminada a defender el derecho al agua en el fraccionamiento La Cima, en El Arenal, lugar en el que vivía y donde constantemente se presenta escasez de agua desde 2012 gracias a un adeudo de la constructora con la Comisión Federal de Electricidad.
La situación de la comunidad los orilló a crear la organización y desde entonces Karina participó en diferentes movilizaciones y transmisiones en vivo a través de redes sociales para hacer llamados de denuncia a las autoridades y empresas involucradas.
La incomodidad generada a través de su lucha y el eco que logró replicar en la comunidad provocó que recibiera amenazas a través de sus cuentas en redes sociales, las cuales se fueron multiplicando hasta que temió por su seguridad. El pasado 23 de marzo de 2025, fue su última participación en una manifestación pública.
De acuerdo con datos de Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario Imdec A.C., en Jalisco ya suman 4 defensores asesinados en el transcurso del 2025. La criminalización contra las personas defensoras no es un hecho aislado, se trata de una práctica que atenta contra sus derechos a salvaguardar la vida de la naturaleza, el agua, los ríos, las montañas, los bosques, la semillas y la diversidad de especies animales.
Sin embargo, se agrava cuando se trata de mujeres porque su existencia como sujetas políticas desafía los mandatos patriarcales y en consecuencia optan por amenazar su vida para priorizar los intereses de grupos poderosos, según apunta IM-Defensoras en su reporte “La tierra, para quienes la trabajan y la defienden” de 2025.
“Las defensoras de derechos humanos, con nuestros pueblos, comunidades y organizaciones, nos organizamos en diferentes territorios para resistir ante las violencias que nos acechan, proteger la vida y el bienestar colectivo y construir esperanza y alternativas de vida digna” -Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras)
La organización señala que, la mayoría de quienes defienden la tierra son mujeres indígenas, garífunas o afrodescendientes que viven en zonas rurales, por lo que les ha tocado trabajar la tierra a la par de que históricamente fueron excluidas de poder ser prioritarias de estas y de tomar decisiones sobre los territorios ante las políticas coloniales que han terminado por eliminar las cosmovisiones de varios pueblos originarios.
La organización apunta que en Mesoamérica vive bajo un modelo económico, político y cultural de herencia colonial que provoca opresiones estructurales y la continuidad histórica de violencia patriarcal, capitalista y racista en los cuerpos y territorios de las mujeres. También se agrava sus contextos de desigualdad económica, violencia, pobreza e impacto en el cambio climático.
En los últimos 13 años, IM-Defensoras detectó un incremento de violencia y ataques sobre las mujeres defensoras de la tierra, el territorio y los bienes naturales causando que el 22,3% del total de las 43 mil 186 agresiones contra defensoras que la organización documentó entre 2012 y 2024 en Mesoamérica fueron perpetradas contra defensoras que defienden estos derechos.
También apuntaron que México, El Salvador y Guatemala las agresiones contra mujeres representaron 13.4%, 12.7% y 12.3% respectivamente, pero en Honduras tuvo un alza de 62%. En ese mismo periodo, se documentaron 738 agresiones vinculadas acciones de defensa de los derechos de los pueblos indígenas, afrodescendientes y otros grupos etnias.
En 2023, el informe de Global Witness informó que México, Honduras, Guatemala y Nicaragua están entre los 10 países del mundo con mayor cantidad de asesinatos por defender la tierra y el medio ambiente.
En adherencia, en Centroamérica el 80.2% de los conflictos socioambientales están relacionados con minerales y materiales de construcción, uso de la tierra para actividades de agricultura, pesquería, ganadería y forestería; la gestión del agua, el combustible fósil y el cambio climático, según mencionó el Estado de la Región.
El análisis de IM-Defensoras señala que la evolución de las agresiones contra las defensoras de tierra y territorio entre 2012 y 2024 se reparte en tres puntos de inflexión: el primero en 2017, año siguiente al asesinato de Berta Cáceres; el segundo en 2020, caracterizado por las respuestas autoritarias de los gobiernos ante la pandemia por COVID-19; y el tercero en 2022, marcado por la profundización en las políticas de militarización de los territorios y el aumento de los desalojos.
Ante el panorama en la región, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México y la IM-Defensoras exigieron a las autoridades que investiguen el secuestro y posteriormente el asesinato de la defensora Karina considerando su labor de defensa y derechos humanos como una línea principal de investigación con perspectiva de género.
«Abrazamos a la familia y el entorno de la defensora, uniéndonos en el dolor y la indignación por su pérdida. Asimismo, reconocemos la labor fundamental de la familia y habitantes del fraccionamiento La Cima quienes se organizaron para localizarla y difundir su ficha de búsqueda» -Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras).
Desde las organizaciones Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec) y Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) se exigió a la Fiscalía de Jalisco que el asesinato de Karina no quede en impunidad; brindar las medidas de protección a sus familiares; garantizar el derecho al agua y saneamiento en el Fraccionamiento La Cima; e implementar políticas de protección integrales, efectivas, preventivas e inmediatas para salvaguardar la integridad, seguridad y vida de las mujeres defensoras, que consideren los riesgos diferenciados que enfrentan.
