*Testimonios de voluntarios, habitantes de las zonas afectadas y organizaciones civiles así lo denuncian.
*El gobierno venezolano ha rechazado los señalamientos y sostiene que mantiene un amplio despliegue de rescate. La nota distingue claramente entre las denuncias y los hechos confirmados.
02.07.2026.-A más de una semana de los devastadores terremotos que sacudieron la costa norte de Venezuela, la emergencia humanitaria ha quedado marcada no sólo por la búsqueda contrarreloj de sobrevivientes entre miles de toneladas de escombros, sino también por un creciente cúmulo de denuncias contra la actuación de las fuerzas militares y policiales.
Equipos de rescate internacionales, voluntarios y habitantes de las zonas más afectadas aseguran que, en numerosos casos, han enfrentado obstáculos, controles e incluso hostigamiento por parte de elementos de seguridad, mientras familiares de las víctimas afirman que gran parte de las labores de búsqueda han recaído en civiles y brigadas humanitarias.
Uno de los señalamientos más contundentes provino del grupo Topos Chile, cuyos integrantes denunciaron haber sido objeto de constantes inspecciones, interrogatorios y restricciones durante sus desplazamientos por las áreas devastadas. Francisco Lermanda, líder del equipo de rescate, aseguró que los militares venezolanos han llegado a tratarlos como presuntos espías en lugar de facilitar su labor humanitaria, situación que, afirmó, ha retrasado operaciones cruciales para localizar personas con vida bajo los escombros.
De acuerdo con el rescatista chileno, en varias ocasiones efectivos militares revisaron reiteradamente la documentación de los voluntarios e incluso les confiscaron teléfonos celulares cuando intentaban fotografiar lesiones o estructuras colapsadas para compartirlas con especialistas médicos y de ingeniería. Los rescatistas sostienen que estos controles se realizaron en momentos críticos, cuando cada minuto podía significar la diferencia entre rescatar con vida a una persona o encontrar únicamente sus restos.
Las denuncias no se limitan a los equipos extranjeros. Habitantes de La Guaira, Catia La Mar y otras localidades severamente afectadas han manifestado públicamente su frustración al asegurar que, durante las primeras horas posteriores a los terremotos, fueron vecinos, familiares y voluntarios quienes comenzaron a remover escombros prácticamente con las manos, mientras numerosos militares permanecían resguardando perímetros o realizando labores de control en lugar de incorporarse a las tareas de rescate. Diversos videos difundidos en redes sociales muestran a ciudadanos increpando a uniformados con gritos de “bajen las armas y tomen las palas”, exigiéndoles participar directamente en la búsqueda de sobrevivientes.
Algunos de esos testimonios describen escenas de desesperación en las que familiares reclamaban ayuda para sacar personas atrapadas, mientras elementos militares respondían que su instrucción principal consistía en controlar el acceso de civiles y verificar la identidad de quienes ingresaban a las zonas siniestradas. Los reclamos han alimentado la percepción entre parte de la población de que la respuesta oficial fue lenta frente a la magnitud de la tragedia.
La situación ha generado un profundo malestar social debido a que decenas de operaciones exitosas de rescate fueron encabezadas por brigadistas voluntarios y organizaciones internacionales que trabajan con cámaras térmicas, detectores acústicos, perros entrenados y herramientas especializadas. Diversos rescatistas sostienen que, en muchos puntos, la coordinación gubernamental ha sido insuficiente y que incluso se han presentado episodios en los que el ingreso de ayuda humanitaria o de equipos especializados fue retrasado por procedimientos administrativos o controles militares.
Las críticas también se han extendido a presuntos actos de corrupción y abuso cometidos por integrantes de cuerpos de seguridad. En los últimos días, cuatro agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) fueron detenidos después de que circularan videos donde presuntamente sustraían dinero y objetos de valor de entre los escombros de edificios colapsados en La Guaira. El propio organismo confirmó las detenciones y anunció la destitución inmediata de los policías involucrados, al considerar que sus acciones vulneraron la confianza pública en medio de la emergencia nacional.
Mientras tanto, organizaciones civiles y ciudadanos continúan denunciando que la mayor parte del esfuerzo para localizar sobrevivientes ha recaído en vecinos, maestros, trabajadores, voluntarios y brigadas extranjeras que operan con recursos limitados. Muchos de ellos aseguran haber trabajado durante jornadas continuas utilizando únicamente palas, picos y herramientas manuales debido a la escasez de maquinaria pesada en algunos sectores.
El gobierno venezolano rechaza las acusaciones y sostiene que mantiene desplegados miles de efectivos nacionales junto con brigadas internacionales para atender la emergencia. Asimismo, atribuye parte de las críticas a campañas de desinformación difundidas en redes sociales y asegura que las investigaciones por los casos de saqueo y conducta indebida demuestran que existe disposición para sancionar cualquier irregularidad cometida por funcionarios públicos.
Sin embargo, conforme transcurren los días y disminuyen las posibilidades de encontrar sobrevivientes, aumenta también la presión sobre las autoridades. La oposición venezolana, organizaciones humanitarias y numerosos habitantes de las zonas devastadas sostienen que la catástrofe ha puesto en evidencia las limitaciones estructurales del sistema de protección civil y la necesidad de privilegiar las labores de rescate sobre cualquier consideración política o militar. En medio del dolor de miles de familias que aún buscan a sus seres queridos, la principal exigencia continúa siendo una sola: que todos los recursos del Estado se concentren en salvar vidas y facilitar el trabajo de quienes permanecen removiendo escombros en busca de los llamados “sobrevivientes milagro”.