**Prosa aprisa.
/ Arturo Reyes Isidoro /
En mi opinión, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez debió haberse colocado un bloque de hielo sobre la cabeza antes de reaccionar caliente ante los medios, luego de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de tumbarle la reforma que había hecho al delito de ultrajes a la autoridad para aumentar las penas a quienes se acusara de haberlo cometido.
El hielo le hubiera servido para enfriarlo y que no reaccionara caldeado por lo que implicó una derrota legal para el gobierno (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), pero también política para su persona, ante los opositores que mantienen un movimiento, que pugnaba por la derogación del delito y que ahora busca que sean liberados los detenidos acusados del ilícito, lo que ya también ordenó el tribunal supremo que se haga.
Con que se hubiera emitido un comunicado de prensa diciendo que como servidor público cree en el Estado de derecho, que es respetuoso del mismo y que por lo tanto acataba en todos sus términos la resolución de la SCJN, con eso hubiera dado por concluido un diferendo legal, que se inició desde que se aprobó y luego publicó la reforma en la Gaceta Oficial del Estado el 11 de marzo del año pasado y que se recrudeció desde noviembre anterior.
El mismo lunes hubiera anunciado que iniciaba una nueva etapa de su gobierno y en la vida de Veracruz, que buscaría reunirse con los integrantes del llamado Movimiento por la Justicia, con una comisión de abogados defensores de los encarcelados y otra de los familiares de las víctimas, que buscaría con ellos ver que no se liberara a quienes se probara que son delincuentes del crimen organizado y que se corregirían las anomalías que se hubieran presentado por una interpretación equivocada del referido delito.
Sí así lo hubiera hecho, eso creo, ayer Veracruz hubiera amanecido con un nuevo ánimo y con la esperanza de que, no obstante tres años transcurridos ya, se iniciara una etapa de unidad dentro de la diversidad, de diálogo con todos los veracruzanos, de coordinación y trabajo conjunto en la búsqueda de la solución a los múltiples y graves problemas del estado y de respeto a todas las expresiones políticas aunque no se coincidiera con ellas. Estoy seguro, al menos eso creo porque me muevo a ras de tierra, que si no todos sí la mayoría hubiera estado dispuesta a sumarse conscientes de que por encima de todo y de todos está el presente y el futuro de Veracruz.
Pero, ¡ay!, el gobernador reaccionó a botepronto anunciando una nueva iniciativa de ley, dijo que especialistas ya trabajaban en su redacción y que la presentaría ayer martes al Congreso (lo que no ocurrió), lo que se tomó en la Ciudad de México como que se resistía a acatar la determinación y optaba por enfrentar a la Corte, pero también, en el plano local, como una decisión de continuar con el polémico tema y con su enfrentamiento con los opositores.
Creo que hacía y hace falta abrir una pausa, como la que planteó el presidente en las relaciones con España, para darse tiempo a reflexionar bien el replanteamiento de un nuevo diseño para Veracruz basado en la experiencia y en el camino que se ha recorrido, un propósito que haría bien a todos y le caería bien a todos.
Monreal: si desacatan, diputados locales podrían ser destituidos
Mientras, ayer, en una conferencia que tuvo en la tarde con reporteros que cubren la fuente informativa del Senado, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, dijo que ante la resolución de la Suprema Corte, el gobernador y los diputados que aprobaron la reforma al artículo 331 del Código Penal para Veracruz tendrán que actuar en beneficio de quienes están detenidos y procesados por el delito de ultrajes a la autoridad porque si no lo hacen van a incurrir en desacato y puede haber incluso solicitud de destitución de legisladores. Comentó que la resolución tiene un efecto inmediato y ayer martes se notificaría al Congreso de Veracruz.
“Yo creo que debería meditar el ciudadano gobernador y privilegiar el respeto a los derechos humanos”, expresó el también doctor en Derecho y profesor de la UNAM.
Preguntado sobre el anuncio del gobernador sobre una nueva iniciativa, respondió: “Como dicen en mi rancho, es la misma gata, pero revolcada. No tienen ningún sentido eso, es decir, todos los que están privados de la libertad y que fueron acusados del delito de ultraje a la autoridad van a obtener su libertad, si el gobernador quiere enviar una nueva iniciativa, la aprueba el Congreso y se publica en el Diario Oficial del estado, en ese momento empezará de nuevo, pero también vamos a volverla a impugnar si es similar a la que acaba de invalidar el mismo tribunal superior de justicia”. Recordó que la SCJN puede usar leyes de apremio en caso de que se repita el mismo tipo penal que ya declaró inválido constitucionalmente.
El presidente no lo salió a apoyar o a defender ayer en su mañanera
En la primera semana de este año, secretarios de despacho, diputados locales y simpatizantes suyos iniciaron en redes sociales la campaña “#Resiste Cuitláhuac”.
Fue en reacción a la Comisión Especial que se había creado en el Senado para investigar abusos de autoridad en el estado y luego de la detención de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado.
La campaña, de poco efecto entonces, tal vez tendría caso ahora, pero para pedirle al gobernador que resista la crisis que le ha provocado el tema del delito de ultrajes a la autoridad, que lo llevó a una derrota legal y política y que se podría prolongar si se insiste en una ley similar a la que se va a derogar, aunque se le ponga otro nombre.
Y es que, como apunté ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo dejó solo ante la resolución que iban a tomar los magistrados de la Suprema Corte, falta de apoyo que se confirmó ayer cuando en su mañanera, a diferencia de otras ocasiones, la última el pasado 7 de enero, no salió a justificarlo por la reforma que hizo al artículo 331 del Código Penal del estado ni a apoyarlo ante el palo que le dio el máximo tribunal.
Todavía a principios de enero lo defendió cuando en su mañanera, ante la detención de Del Río Virgen, dijo que no veía que Cuitláhuac estuviera actuando de manera ilegal e injusta, expresó que le tenía confianza, aunque desde entonces anticipó que sería la autoridad competente la que resolviera el caso.
El gobernador habló de buenas noticias, pero no dijo cuáles
Por su parte, la noche del lunes el gobernador publicó en sus cuentas de las redes sociales: “Hoy por la noche sostuve una reunión con la finalidad de analizar detalladamente la sesión de la SCJN sobre el acto de inconstitucionalidad discutido hoy por los ministros. Coincidimos en que hay buenas noticias después de todo, por lo que esperaremos a que concluya lo que quedó pendiente en la sesión para mañana”.
Sin embargo, ayer la Corte confirmó su resolución con efecto inmediato y retroactivo al 12 de marzo del año pasado para los detenidos, o sea, que obtengan su libertad de inmediato, pero sin embargo no hubo ningún anuncio sobre las “buenas noticias”.
Ayer continuaba también el silencio de la fiscal Verónica Hernández Giadáns y de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia Isabel Inés Romero Cruz, cuyas imágenes públicas quedaron dañadas para siempre.
Y Movimiento por la Justicia les pide cuentas
Por su parte, integrantes del llamado Movimiento por la Justicia, encabezados por el exgobernador Dante Delgado, demandaron agilizar la liberación de los detenidos, pero fueron más allá: dijeron que deberán rendir cuentas los fiscales, peritos y jueces, a los que acusaron de haberse prestado a violentar los derechos humanos en el estado.
