*Sus pertenecías fueron aseguradas.
/ Foto y texto: Eliana Gilet /
03.09.2025 /Desinformémonos/ Ciudad de México.- Más de cien familias sobreviven en condiciones precarias en distintos campamentos en la calle, tras haber sido víctimas de desalojos arbitrarios en la zona central de la Ciudad de México. Sabiéndose víctimas de expulsiones arbitrarias y violentas —y en su gran mayoría, sin alternativa dónde vivir—, las familias de cuatro edificios resisten a la intemperie frente a sus antiguas casas, como una manera de protestar por el atropello sufrido y de pelear por permanecer en los sitios que habitaron por generaciones.
La falta de aviso previo al desalojo fue común a todos los casos, así como la imposibilidad de defenderse antes de ser expulsadas por el despliegue policial. Así, aunque hay órdenes de distintas autoridades que legalizaron cada expulsión —o bien jueces civiles o la Fiscalía ambiental de la Ciudad de México—, ninguno de estos vecinos fue parte de los procesos que decidieron el destino de sus hogares. Edificios completamente habitados, funcionales, cuidados por ellos mismos. Vaciados sin más, sin decir “aguavá”.
El otro elemento que nuclea todos los casos es que se trata de propiedades intestadas, ya que los dueños registrales murieron, y los herederos no existen, o no regularizaron nunca su situación, y poco a poco las abandonaron. Así, en cada caso, las familias habían buscado por las distintas vías institucionales pautadas para regularizar su posesión, pero la burocracia estatal las enredó. Y a partir del año 2016, comenzaron a perder.
Se calcula que el 3 por ciento de los edificios de la Ciudad están intestados y habitados, es decir, son candidatos a ser desalojados. Así, la lucha de estas familias visibiliza un problema masivo pero soterrado, al que la autoridad responde siempre que se trata de “un tema entre particulares”. Sin embargo, el desequilibrio evidente en el acceso a la justicia, la amplia disposición de elementos represivos de distintos cuerpos policíacos para el pillaje, y que siempre, en todos los casos, quedan afuera los habitantes precarios (incluso cuando quien los acusa no tiene manera de probar su legitimidad para quedarse con el lugar) demuestra cuánto el Estado y los poderes gubernamentales pesan en su expulsión.
Abandonadas a su suerte, marginadas de la atención estatal, las familias desalojadas han resistido con la solidaridad de los de alrededor y la tenacidad que les mantiene en espera de una respuesta, colgados de esa esperanza; y en el caso de los afectados por la Fiscalía del Despojo, también para recuperar sus pertenencias, que fueron aseguradas con el edificio.
Sobre 40 centímetros de agua
Las vecinas expulsadas de General Anaya 27, en la Merced, no recuerdan haber pasado otra noche como la del domingo 10 de agosto, en los 18 meses que llevan acampando frente a su predio. Según el registro oficial, en esa tarde-noche la lluvia superó la de 1952, cuando el registro marcaba que la tormenta había registrado 84 milímetros en el Zócalo. El campamento, con sus casas de campaña, su cocina y hasta el baño que funciona sobre una coladera, colapsaron con tanta agua.
“Estuvo muy cruel, inundado. Salimos a la calle de San Ciprián para buscar una patrulla, para que nos mandara un Vactor (máquina para el desazolve del drenaje de la calle). Llegaron las trabajadoras de la delegación y nos dijeron que en 20 minutos llegaba el Vactor para el desazolve, pero nunca llegó, ni ese día ni otro día. El Vactor nunca se apareció por acá”, recuerda Chabela, una de las vecinas desalojadas de la Merced, en entrevista.
Ellas mismas comenzaron a hacer el trabajo para que corriera el agua que se había estancado en el campamento: “Nosotros estuvimos picando las coladeras para que se fuera toda el agua, con cajitas negras (de fruta) juntamos toda la basura que sacamos. Nosotros lo resolvimos. Ya había llovido anteriormente pero ese día, se nos cayó el cielo, se puso negro. Y aquí estuvimos”.
La rapidez con que el agua subió, “ni para dónde meternos, ni para dónde correr”, es la medida de su exposición, de la dolorosa realidad de estar en la calle, aún para ellas que se han organizado y mantienen el espacio entre las 50 familias. “Dios es tan grande que las lonas no se rompieron, aún con el granizo, las lonas aguantaron”, dijo Chabela, pero aunque estaban protegidos de arriba, el agua corría por sus pies.
“Unos vecinos se quedaron en sus casitas, porque no les llegó bien el agua, pero a nosotras sí, nos tuvimos que mover de lugar, porque el agua nos llegaba hasta la rodilla. Todo se mojó, todo hubo que lavarlo. Uno como sea, pero los chiquitos, los niños. Todo ese pedazo de la banqueta era como un río, bien feo. Aquí andábamos, nadando como patito”, añadió. Este campamento tiene la particularidad de ser muy joven, con muchas familias con niños pequeños. Hay al menos una decena de personas afectadas que tienen menos de diez años.
“En ese momento, los que me preocupaban eran los niños. Y queríamos más tarimas para subir nuestras casitas. Tenemos colchonetas y teníamos miedo de que se mojaran. Tuvimos que esperar a que bajara el nivel del agua para poder ingresar, volver a meter nuestras cosas y poder dormir un rato”, recordó. Eso fue alrededor de las tres de la mañana del lunes 11, cuando el movimiento de la Merced ya comenzaba a suceder. Ninguna autoridad llegó al campamento esa noche ni hasta ahora.
Dos años de lucha
En las últimas semanas, el edificio vaciado de Argentina 110 fue incendiado tres veces. Desalojado el 17 de agosto de 2023 por un mandato de la justicia civil, fue asegurado un mes más tarde por la Fiscalía ambiental de la Ciudad de México, por el delito de despojo. La particularidad de este edificio, dada su ubicación en la Lagunilla, es la presencia de comerciantes asiáticos en el lugar.
Los vecinos recuerdan que unos cinco años antes habían hecho modificaciones al inmueble para unir sus bodegas, ampliando las accesorias. También que cuando llegó el desalojo, a los comerciantes asiáticos no los sacaron. Sólo vaciaron las viviendas. Luego, llegado el aseguramiento de la Fiscalía y aún con sellos en las puertas, sacaron a los comerciantes, pero a ellos sí se les permitió extraer su mercadería del edificio, aunque a los vecinos no se les ha permitido sacar nada.
Araceli, una de las mujeres desalojadas que habitó aquí durante décadas, perdió también su fuente de sustento, ya que sus máquinas de corte, que utilizaba para confeccionar ropa de niña, quedaron dentro del predio. Aunque estas familias lograron que el gobierno les brindara comida preparada durante los primeros meses que pasaron en la calle, y la instalación de un baño químico en una esquina del predio donde acampan, comparten el espacio con más gente que está en situación de calle, con todas las dificultades que ello implica.
“Vivir en la calle para nosotros ha sido bien complicado, aquí aguantamos fríos, calores, lluvias. El 10 de agosto hubo una lluvia que, de verdad, las pocas cosas que se tenían se echaron a perder. Pedí el apoyo, me dijeron que iban a venir, pero no llegaron a desasolvar. Cayó un árbol, que sí lo quitaron. Y el agua, salimos a barrerla los vecinos hasta la calle de Ecuador. Fue bastante triste”, comentó en entrevista con Desinformémonos.
Durante el domingo 17, al cumplirse dos años de su desalojo, las vecinas organizaron una comida en común, mole con pollo, y lo compartieron entre todos en el campamento. “No estamos festejando nada, pero tenemos dos años de resistencia que estamos aquí y no pensamos irnos. Vamos a continuar porque nosotros queremos pasar de estas casitas a nuestra vivienda digna. Nos dijeron que ahí mismo se va a construir y estamos en espera de que nos den una buena noticia. Lo prometido es la expropiación para después construir. Estamos todos a la espera, estamos confiados de que vamos a tener nuestra vivienda, pero realmente no lo sabemos”.
Dos nuevos casos
En la última semana, se provocó el desalojo masivo de otros dos edificios intestados: Tonalá 125, en la colonia Roma, causando por un aseguramiento de la Fiscalía Ambiental y expulsando a 20 familias, y Cuba 11, en el Centro Histórico, a partir de una orden brindada por el juzgado 54 civil, según un pleito simulado entre dos personas ajenas al edificio, que vació 19 departamentos y seis accesorias.
El caso de Cuba 11 resonó particularmente tras el cierre del Eje central que protagonizaron las familias expulsadas, en su mayoría personas de edad avanzada. Eso no detuvo que ocuparan el espacio y mantengan cerrada esa vialidad en protesta por el desalojo sufrido. Tras el primer anuncio de la autoridad, que ofreció brindar un apoyo de renta para que los vecinos se quiten de la protesta, no han tenido mayores avances en su situación. Tampoco les han entregado esos apoyos económicos prometidos. Ellos reclaman también la expropiación de su edificio.
La falta de aviso previo causó un impacto mayúsculo en todo ellos, pero también el desalojo precedió la desaparición de uno de los vecinos, Adrián Montoya Camacho, quien fue reportado como desaparecido tras el vaciamiento de la accesoria donde trabajaba. Los vecinos supieron que sus familiares lo hallaron, lamentablemente, sin vida, este sábado 30 de agosto.
Dos días más tarde, desde la madrugada del lunes 1, el campamento de Cuba fue rodeado por fuerzas policiales que impidieron la libre circulación de vecinos y transeúntes, debido a los actos gubernamentales del día, que incluyó el informe del primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y la asunción del nuevo poder judicial.
Sin embargo, la situación de mayor tensión se vive en el campamento de Tonalá 125, en la Roma, debido a que allí permanece una guardia policial continua frente al edificio; y también por la criminalización contra uno de los vecinos tras el desalojo.
Según contaron las vecinas a Desinformémonos, ya habiendo consumado su expulsión en la madrugada del martes 26 de agosto de 2025, pasadas las once de la mañana de ese día y mientras protestaban en la calle, un grupo de policías de civil irrumpió en el campamento y se llevó detenido a uno de los vecinos, a quien subieron, en medio de forcejeos y la resistencia de la gente, a una camioneta color café, sin placas. El vecino fue acusado de un delito de “extorsión” a una gasolinera en el Estado de México y permanece recluido en el penal de Chiconautla.
En el caso de Tonalá 125, el edificio había salido dañado tras el sismo de 1985 y las vecinas habían logrado que se expropiara a su favor en el año 2005; pero el proceso se interrumpió antes de la tercera publicación en el diario oficial, dejándoles en un limbo, en el cual ahora deben enfrentar acusaciones por el delito de despojo, como si hubieran invadido el lugar.
“Hablan de vivienda digan pero a nosotros vienen a sacarnos”, criticaba en voz alta durante la protesta una de las vecinas de Cuba, refiriendo a la postura oficial que ha permitido que cientos de familias pierdan el sitio donde habían vivido y se habían desarrollado. Las mismas que pasaron de ser las protagonistas de una política social a ser criminalizadas y enmarcadas en falsas cuadros de peligrosidad, utilizados públicamente para justificar los desbordes policiales.
Con estos dos nuevos casos, y la actitud de denuncia que asumieron las expulsadas al verse en la calle, aumentó la presión en el gobierno capitalino, que no atina a detener el proceso de expulsión de los vecinos originarios de las zonas centrales. En la discusión pública, esta expulsión se liga a la inminencia del Mundial de fútbol 2026, que vino a acelerar una constante seguidilla de desalojos arbitrarios que se habían dado durante la última década.
Los cuatro campamentos que sobreviven gracias a la solidaridad de los de alrededor y al ingenio y tesón de los vecinos desalojados evidencian que ésta es la mayor crisis por delante que tiene la capital, en el año que resta hasta que empiece el Mundial.
