• *Intentan destruir la división de poderes y justificar las omisiones del Ejecutivo.*
• *El Presidente de la Mesa Directiva desconoce las órdenes del Poder Judicial, lo cual es inaceptable en un Estado de derecho.*
24.10.2024. Ciudad de México.- El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional condena la respuesta del Presidente de la Mesa Directiva, Dip. Sergio Gutiérrez Luna, a la consulta de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. La consulta, que cuestiona si es procedente acatar una resolución de la Jueza Décimo Noveno de Distrito en Veracruz, busca evadir el cumplimiento de la ley, lo cual es inadmisible.
La respuesta del Presidente de la Cámara es notoriamente ilegal y viola gravemente las normas que rigen el Congreso de la Unión. Además, no fue sometida a la consideración de la Mesa Directiva ni de la Junta de Coordinación Política, los órganos encargados de tomar decisiones colegiadas. Este acto vulnera los principios de imparcialidad, objetividad y pluralidad que deben prevalecer en la Cámara.
Con este proceder, se pretende quebrar el sistema de división de poderes, justificar las omisiones del Ejecutivo y validar la violación sistemática de las resoluciones del Poder Judicial.
Ni la Mesa Directiva ni la Junta de Coordinación Política tienen facultades para interpretar las leyes emitidas por el Congreso. Esa función corresponde únicamente al Poder Judicial, cuya interpretación de las normas es final y vinculante. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dejado claro que la interpretación auténtica de las leyes compete al Pleno de cada una de las Cámaras, no a la Mesa Directiva ni a ningún órgano interno.
El Congreso de la Unión no tiene competencia para interpretar suspensiones judiciales ni emitir pronunciamientos sobre sentencias del Poder Judicial. Ya en 2022, la Suprema Corte declaró inconstitucional un decreto interpretativo, reafirmando que la interpretación de las leyes debe seguir el mismo proceso que su creación, tal como lo estipula el artículo 72, fracción F, de la Constitución.
En un verdadero Estado de derecho, las órdenes judiciales no se debaten: se acatan. Ningún poder puede ignorar las resoluciones de otro, y esta es la esencia de la división de poderes que sostiene nuestro sistema democrático.
