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/ Abel Barrera Hernández /
Los ataques armados perpetrados por organizaciones criminales en comunidades indígenas de Chiapas, Chihuahua y Michoacán son siniestros: invaden sus territorios, destruyen su hábitat, desplazan de manera forzosa a las familias, violan a mujeres y niñas, desaparecen y asesinan a los comuneros que resisten. Su poder destructor pulveriza la vida comunitaria y arrasa con todos los bienes naturales que los pueblos han preservado por siglos.
La ausencia y complicidad de las autoridades es atroz. Invisibilizan los hechos, trivializan las agresiones y callan las atrocidades cometidas. No se atienden las llamadas de auxilio ni se proporciona protección a las víctimas. Dejan que la violencia escale y que la población agredida busque por sus propios medios su sobrevivencia. Justifican las incursiones armadas como una disputa entre grupos de la delincuencia organizada. No se investigan los hechos, muchos menos judicializan las carpetas de investigación. Campea la impunidad y se mantiene intacta la estructura delincuencial.
Las balaceras surcan los caminos de sangre y los asesinados quedan tendidos en los parajes como marcas funestas de la barbarie criminal. Los agentes depredadores siguen cercando los territorios indígenas. Los gobiernos caciquiles, aliados ahora con grupos de la delincuencia, se mantienen incólumes con su política clientelar y gansteril; los partidos políticos disputan presidencias municipales y diputaciones locales con dinero mal habido; los empresarios mineros pactan con el crimen organizado y siembran el terror para devastar el paisaje natural y sobre explotar los mantos acuíferos.
Los talamontes instalan aserraderos clandestinos, queman el bosque para incursionar en las reservas boscosas, contratan sicarios para el trasiego y venta de madera y enervantes. Las autoridades comunitarias quedan supeditadas a los intereses del crimen organizado. Sus territorios son disputados y utilizados como enclaves estratégicos para delinquir. Los megaproyectos impuestos por el gobierno federal debilitan la organización autónoma de los pueblos, fragmentan a las comunidades, los relegan como actores centrales de su propio desarrollo, mercantilizan su legado arqueológico y folklorizan la grandeza de su cultura.
Las regiones indígenas por ser focos de resistencia y rebeldía enfrentan guerras de exterminio y estrategias de contrainsurgencia implantadas por gobiernos etnocidas que siembran el terror. Es sistemática la persecución encarnizada contra los alzados y se obstinan en resquebrajar el núcleo comunal. Han instalado zonas militares en lugares estratégicos. A los jóvenes tratan de enrolarlos dentro del ejército y a las muchachas les ofrecen matrimonio. A cualquier precio quieren truncar el futuro de las nuevas generaciones indígenas que buscan forjar una sociedad de iguales dentro de sus espacios comunitarios. Los gobiernos en turno, a través de la militarización de sus territorios, de la narcotización de su economía y la proliferación de grupos criminales, de facto, declaran la guerra a los pueblos indígenas para avasallarlos y descarrilar sus luchas por la autonomía y libre determinación.
Las políticas integracionistas de viejo cuño y la implementación de nuevos programas de beneficio individual profundizan la dependencia gubernamental, dejando intactas las estructuras del poder caciquil; se mantienen intocado el aparato de seguridad vinculado con el crimen organizado; persisten los vicios de un sistema de justicia mercantilista y racista; se ahonda más la explotación económica y el vasallaje de los indígenas expulsados de sus territorios ancestrales, por parte de los terratenientes, empresarios, crimen organizado y los megaproyectos gubernamentales. El avasallamiento de la vida comunitaria, que es el núcleo duro de la resistencia de los pueblos, lo resquebrajan con plomo los grupos criminales que se han erigido en los brazos armados del gobierno en turno.
En la sierra Tarahumara la delincuencia organizada diversificó sus actividades ilícitas. Desde hace una década la tala ilegal de los bosques se encubrió con permisos de aprovechamiento forestal. La tala ilegal devino en tala criminal porque fue impuesta a los ejidos bajo la coerción armada de los delincuentes. En el 2023 el crimen organizado tomó el control de los ejidos más importantes de la mesa de Huachochi.
Los bosques de la sierra Tarahumara están en poder de los criminales. Su masa forestal ha disminuido de manera alarmante, de 2001 a 2023 perdió 21 mil 800 hectáreas a causa de los incendios. Los municipios más afectados son Bocoina, Guerrero, Madera, Huachochi, Guadalupe y Calvo, Uruachi y Chinipas. Recientemente más de 300 personas de las comunidades de Cinco Llagas, El Cajoncito, El Pie de la Cuesta, Las Casas, Los Placeres, El Silverio y la Trampa, del municipio de Guadalupe y Calvo fueron desplazadas por el crimen organizado. Están hacinadas en la comunidad de Cinco Llagas, sin alimentos y con el temor de ser agredidos por los grupos armados.
El pasado 4 de septiembre en el municipio de Frontera Comalapa, Chiapas, los enfrentamientos se recrudecieron entre los grupos del crimen organizado. La población está escondida en sus casas por las balaceras que no cesan. No cuentan con alimentos y están como rehenes de los criminales que les impiden salir de la comunidad. Los delincuentes fueron de casa en casa para reclutar de forma forzosa a todos los jóvenes y menores de edad. Las madres de familia están desesperadas por la desaparición de sus esposos e hijos. Ninguna autoridad interviene para protegerlos y garantizar una salida segura de sus comunidades.
En la comunidad nahua de El Coire, municipio de Aquila, Michoacán del 13 al 19 de agosto varios grupos del cártel jalisco nueva generación (cjng) atacaron a la población; desaparecieron a 7 jóvenes, asesinaron a dos, torturaron a varias personas y violaron a las mujeres. Saquearon casas y pequeños comercios. Las autoridades municipales de Aquila contabilizaron 211 personas desplazadas, 76 de ellas son menores de 12 años. Además del Coire, las comunidades de Chacalapa, Zilapa, El Diezmo y el Salitre también fueron agredidas por los grupos del cjng. La mayoría de familias huyó y encontraron refugio en Aquila y Coahuayana. Las autoridades han dejado que aflore la división y que el crimen tome el control de las comunidades indígenas. El ejército solo hizo un patrullaje el día de la irrupción del cjng, para justificar el llamado que le hizo la comunidad. Los grupos delincuenciales saben que los patrullajes de los agentes del estado son esporádicos y que nunca permanecerán en un lugar. Le han tomado la medida y por eso actúan con total impunidad.
Las autoridades federales son omisas para garantizar la seguridad de la población indígena que es rehén de los grupos criminales. Lo inadmisible es la inacción de los cuerpos de seguridad ante las irrupciones armadas que toman por asalto los territorios comunitarios, desplazan a la población local, asesinan a gente indefensa, desaparecen a personas, violan a las mujeres y reclutan a los jóvenes y niños. La política de seguridad ha dejado inerme a la población indígena. Han permitido que el crimen organizado la someta para resquebrajar su núcleo comunal. La reforma indígena que está en puerta no ayudará a solventar estos graves problemas, porque les niegan el derecho a controlar sus tierra y bienes naturales y no se reconoce su representación política ante los congresos.
