**Paralaje.
/ Liébano Sáenz /
La libertad de expresión y el derecho a la información van de la mano, fundamentales para una sociedad democrática. No es suficiente con que las personas tengan garantizado su derecho a expresarse con libertad, también es imprescindible que la población pueda estar informada. Por ello las autoridades tienen la obligación de comunicar y hacerlo con veracidad, respeto a terceros y privilegiando la exposición de hechos sobre su interpretación. Las autoridades no tienen libertad de expresión, ya que es un derecho de los ciudadanos; sí tienen la obligación de informar.
La legislación electoral aprobada en la reforma de 2007 es un atentado contra la libertad de expresión y también coarta el derecho de los ciudadanos a estar informados en la medida en que restringe que los particulares puedan participar activamente de la publicidad electoral y se impone un bozal a las autoridades y a quienes las encabezan. Malamente se ha preferido poca o falta de información, en lugar de los riesgos derivados del uso y abuso de la libertad de expresión.
Los legisladores que aprobaron la reforma constitucional y la ley reglamentaria del derecho de revocación de mandato replicaron esa visión restrictiva. Las autoridades federales y locales se ven sometidas al silencio, sin poder cumplir con los programas de comunicación destinados a informar a la población. Más aún, la ley impide que los partidos puedan participar del debate público asociado a la consulta para la revocación, como si los ciudadanos no tuvieran facultad de discernimiento y, por lo mismo, se les priva del derecho a escuchar las razones para votar o para hacerlo en un sentido o en otro. Al menos en este caso se dejó la puerta abierta para que los ciudadanos sí puedan pronunciarse públicamente y, eventualmente, participar de la publicidad.
Las leyes que resultan restrictivas de la libertad de expresión y del derecho a la información deben modificarse. Asimismo, de la experiencia de la consulta de revocación de mandato deberán hacerse los ajustes que impidan la simulación y que se tergiverse el sentido de la institución. La experiencia en curso no es grata, pero son de las cosas que tienen remedio. Es atribución del Constituyente Permanente y del Congreso de la Unión, y debe actuarse en consecuencia.
